¿Se acaba vivir en la calle?

Esta semana se instrumentaría la ley para desalojar compulsivamente a la gente en situación de calle. La medida genera discusión en el ámbito político y social. ¿Qué se va a hacer con la gente que se desaloja? ¿Tiene una función de estética urbana? ¿Vivir en la calle es un derecho? ¿Viola los derechos humanos de los individuos sin techo? ¿Es prudente criminalizar una práctica sobre la que el individuo que incurre en ella raramente pueda tener alternativas y donde parte de la responsabilidad también recae en omisiones del Estado? ¿Qué debe interpretarse cuando la Constitución habla del derecho de todos los habitantes a gozar de una vivienda decorosa? ¿Si no los vemos, dejan de existir? ¿Cómo se soluciona este problema a mediano y largo plazo? ¿Está prevista la internación compulsiva para los adictos?

Echar mano a los que saben por Mauro Mego
La realidad de las personas que viven en la calle es muy compleja. Un conjunto de variables se cruzan para ambientar esa situación y hay una línea muy delgada entre el “derecho” de estas personas, en la medida que no cometen ningún delito, y el “deber” del Estado de protegerla de algo que, a toda vista, es inaceptable desde el punto de vista de los Derechos Humanos. Nadie que tenga algo sensibilidad podría admitir alegremente que vivir en la calle en condición ruinosa es algo deseable. Ahora bien, como solía decir un querido profesor, uno puede elaborar la mejor política social pero el nudo está en que esa política recae o debe ser aplicada sobre un ser humano, que decide, que piensa, que siente, que tiene prejuicios, que construye hábitos.
En la mayoría de las ciudades del mundo existe gente que habita la calle, lo cual indica que incluso en sociedades de alto bienestar general este fenómeno se cuela y persiste. Lo más complejo radica en el abordaje de esta situación, ya que no es admisible que el Estado y sus diversas instituciones miren para el costado, asumiendo sí los límites de su acción. ¿Quién debe abordar esto? ¿La justicia? ¿la policía? ¿El MIDES?. No lo tengo claro, pero considero que es necesario echar mano a los especialistas, a las personas formadas en la materia, que las hay muchas y muy buenas. La imagen de una decena de policías intentando “desalojar” de la calle a un señor recorrió los medios y allí se vio claramente que nos falta mucho para ser eficientes y exitosos en esa tarea. Quizá la pregunta que podríamos hacernos es qué le falta a esa gente que está allí, a esa gente que muchas veces va a un refugio a regañadientes o que muchas veces se subleva ante cualquier autoridad.
No adscribo a la idea liberal de que nada ni nadie debe “meterse”, más bien adscribo a la idea de que el Estado debe garantizar condiciones básicas ineludibles para el ejercicio de una libertad plena y después será el individuo el que la ejerza a su modo, pero también hay que reconocer las dificultades del universo social. Resulta insultante el problema de vivienda que persiste en el Uruguay, no solamente para las personas en situación de calle, por lo que una buena política de vivienda-viable para las personas-es uno de los elementos que podría destrabar alguno de estos dramas sociales, en un país casi deshabitado como el nuestro indigna que no logremos asegurar un techo digno a los orientales. Somos pocos, podríamos mapear perfectamente los problemas, incluidas las personas en situación de calle, tenemos herramientas como para hacer las cosas mejor, pero nunca talenteando, siempre recurriendo a otras experiencias y conocimientos que nos pueden ayudar mucho.

La libertad de los unos y la libertad de los otros por Benjamín Nahoum
Antes que nada, quiero aclarar que estoy seguro de que el problema de las personas en situación de calle es complejísimo y tiene muchas dimensiones, entre las cuales la falta de vivienda es una, muy importante, pero no es la única, y muchas veces no es la principal. Por lo cual evitaré cuidadosamente el riesgo de opinar sin conocimiento y mucho más el de emitir diagnósticos o formular propuestas sobre el tema de fondo.
Pero sí creo que puede ser útil tratar de desentrañar qué es lo que ha hecho y quiere hacer el Estado en este tema y señalar algunas preocupaciones al respecto. Para no irnos demasiado lejos, recordemos que fue en julio de 2011 que se votó, creo que por unanimidad, la sucinta ley 18.879 (doce renglones), que tiene el prometedor acápite de “Dispónese la obligatoriedad de prestar asistencia por parte del Estado, a las personas en situación de calle”, pero luego termina diciendo “Las personas de cualquier edad, que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en la presente disposición y sin que ello implique la privación correccional de su libertad.” Primera preocupación: “prestar asistencia”, ¿es compatible con “aun sin que presten su consentimiento”? ¿No haría falta, por lo menos, tener en cuenta algunas causales por las cuales pueda no haber consentimiento?
Segunda preocupación: esta ley, que, por su brevísimo texto, requería sin duda ser reglamentada para determinar cómo se actuaría (por ejemplo, ¿cómo se define el “riesgo” que desencadena el procedimiento?), lo fue recién en junio de 2021… ¡diez años después! ¿El problema había desaparecido? ¿Se había solucionado? ¿Volvió diez años después, o estuvo siempre presente y sólo se había olvidado?
Otros tres años después, la ley se modifica: otra ley, la N° 20.279 de mayo de 2024, elimina los cinco renglones que se referían a la reglamentación y agrega otros veintinueve, además de un segundo artículo que refiere a que la ley entrará en vigencia noventa días después de su promulgación, o sea… ahora, un par de meses antes de las elecciones nacionales. Tercera preocupación: ¿existe una vinculación entre la adopción de la medida y esa circunstancia?
l texto que se agrega parece reparar la pérdida de albedrío que significa que el procedimiento se pueda realizar aun sin consentimiento de la persona involucrada, al establecer que para ello debe darse que “su capacidad de juicio se encuentre afectada como consecuencia de una descompensación de su patología psiquiátrica o por el consumo de sustancias psicoactivas”. Para ello debe mediar que un médico informe que las personas “presentan un riesgo inminente para sí o para terceros o que el hecho de no trasladarlas pueda determinar un deterioro considerable de su salud o impedir que se le proporcione un tratamiento médico adecuado que solo pueda aplicarse mediante una hospitalización”.
O sea (cuarta preocupación): lo que el médico evalúa no es que la persona tenga su capacidad de juicio afectada, sino que hay un riesgo, que no se precisa cómo se caracteriza. Y quinta preocupación: el riesgo ya no es para la persona en situación de calle, como decía la redacción original de la ley, sino también para terceros, riesgo que tampoco se define en qué puede consistir y que no parece que un médico esté siempre en condiciones de certificar.
El presidente, Dr. Luis Lacalle Pou, contribuye a aclarar las dudas que pueda haber… y aumenta las preocupaciones: según el medio internacional https://www.msn.com/es-xl/noticias/other/ que surge en la transnacional Google cuando se busca información sobre el tema, nuestro presidente explica: «Hay que hacer lo posible, humanamente, por estas personas y porque socialmente nos merecemos todos tener una vida un poquito más tranquila (… la ley contempla) dos miradas: la del ser humano que tiene una enfermedad y la de los vecinos». Y aquí aparecen “los terceros” que el nuevo texto de la ley introduce: aquellos que sí tienen una casa donde refugiarse del frío y de la lluvia y de la enfermedad, pero les molesta o les atemoriza que en el umbral de esa casa pueda dormir alguien que no la tiene.
Pero ahí no terminan las preocupaciones: ¿cómo sigue la asistencia después de la asistencia obligatoria? Después que pasó la intemperie completa, el riesgo de enfermedad o de muerte, y,
-quizá- se recuperó la capacidad de juicio, ¿qué viene? Porque quizá ésa sea la noche siguiente, y quizá sea el mismo portal.

SI NO LOS VEMOS, NO EXISTEN por Isabel Viana
Hace algo más de 4.500 millones de años se formó la Tierra. Hace entre 65 y 55 millones de años, aparecían los primeros primates. Los restos de los primeros “homo” datan hace entre 7 y 6 millones de años. El homo sapiens existió un poco menos de 2 millones de años atrás. Con él empieza esta historia.
Como los demás productos de la evolución de la vida en la Tierra, el homo en evolución gozó de los bienes libres: la propia tierra por la que se expandió en busca de su supervivencia, el aire, el agua, los seres vivos. No existían bienes “apropiados”: no tuvo sentido la posesión de tierra cuando estaba toda disponible, incluida su carga vegetal y de otros animales.
El homo sapiens era sólo un pequeño grupo animal más, que vivió en Olduvai, Kenia. Tenía algunas características especiales: Entre otras, mayor capacidad craneana que sus antecesores, formaba grupos para la caza, podía erguirse sobre sus patas traseras y caminar, en pequeños grupos, hacia nuevos horizontes.
Esas primeras migraciones llegaron a cubrir la mayor parte de los espacios habitables del planeta. Simultáneamente, abandonaron la recolección y aprendieron a producir sus propios alimentos. Este proceso dio lugar a la apropiación de la tierra, individual y colectiva (sociedades de distinto tipo)
Las pulsaciones de expansión y retracción de la especie sapiens son notorias a lo largo de la historia, ya fueran migraciones de pueblos enteros (hunos, mogoles) o acciones belicosas de estados que cambiaron voluntariamente la radicación de pueblos enteros. (Conquista europea sobre América, china sobre sus pueblos limítrofes, inca sobre las naciones cordilleranas)
A la par de la expansión, se produjo un cambio sistemático de la condición natural de las áreas ocupadas por el hombre; sus ecosistemas se simplificaron y pasaron a ser puntos de extracción prioritaria de bienes relacionados con las culturas que los ocuparon. Este proceso se intensificó después del descubrimiento, conquista y explotación de América y aceleró a posteriori de la Revolución Industrial. La maquinización de los sistemas de transporte habilitó los movimientos de las personas y de su producción, de forma cada vez más rápida y eficaz.
Esa humanidad dispersa se concentra hoy en grandes nodos urbanos unidos por redes de comunicación y transporte, que trabajan coordinadamente para lograr sus objetivos., pasando por encima del poder de los estados.
En materia de población, se la maneja acorde a la necesidad de concentrarla en mega ciudades, para dejar grandes espacios carentes de vida natural, para dedicarlos a la producción primara industrializada. Los antiguos pobladores dispersos migran voluntariamente o son llevados por el poder vigente a radicarse en centros urbanos, aunque su cultura sea totalmente ajena a los mismos…
El trasplante de individuos aislados en alto número hacia entornos que le son ajenos y donde no existen estructuras de acogida adecuadas ni suficientes, genera fenómenos múltiples de aculturación y violencia, que se manifiestan multitudinariamente en los cinturones de pobreza de la mayor parte de las grandes ciudades, particularmente las de los continentes que no recibieron las inyecciones de riqueza del colonialismo europeo.
Se vive hoy en calle en diverso grado en todo el planeta. La gente que habita los cinturones de miseria y los espacios públicos y la que directamente lleva sus bienes consigo y se instala en las aceras, es la que ha sido llamada “humanidad prescindible”.
Su cuota aparte del producto humano y sus posibles beneficios es tan pequeña, que no altera los grandes números de la sociedad que los alberga. En realidad, si mueren, si desaparecen todos juntos en una guerra salvaje como la que hoy en día se vive en Gaza o en Ucrania o si una peste genera una gran pérdida de vidas humanas, la balanza no cambia. Se modifican si los ingresos de las industrias de guerra y los de los laboratorios químico-farmacéuticos y la humanidad “no-prescindible” vive sin mirar hacia el costado.
Esa es la táctica de los gobiernos respecto a los cinturones de pobreza: mantenerlos ocultos de la vida cotidiana de la “ciudadanía”. En Brasilia las ciudades satélites que reciben a los migrantes trabajadores se construyeron a más de 20 kms. De distancia (de manera que no sea posible llegar cotidianamente a pie). Cidade de Deus (Meirelles, 2002) nos muestra el panorama de la evolución física y social, en corto plazo, de las ciudades dormitorio. En 1985 Dominique Lapierre describió crudamente la vida en las aceras de Calcuta, pobladas por miles de familias expulsadas del medio rural.
Tenemos en Uruguay alrededor de 680 asentamientos irregulares, de los cuales 345 están en Montevideo (pag. IM), cifras en permanente crecimiento desde que se reconocieron los más antiguos. Comienzan algunas viviendas procesos de consolidación física. No existe la consolidación social: los asentados no pagaron el suelo ni impuestos a la tierra o derechos de construcción, se cuelgan de la energía, reciben agua gratis y el estado en sus diversos niveles coopera con la ejecución de la red vial y de alejamiento de aguas servidas. Supongamos que vivimos legalmente (o sea pagamos todo) en la acera de enfrente de uno de esos asentamientos… ¿nos sentimos “Iguales ante la ley” y que nuestros derechos son respetados?
Cada asentamiento ha generado sentimientos de pertenencia e identidad específica y sus habitantes ejercen poder de facto sobre la tierra en la que viven. Se lucha a muerte por el dominio de cada palmo de tierra, por cada vivienda convertida en tugurio. Esta situación se ve crudamente agravada por la entrada del narcotráfico al país con su sistema mafioso y sus valores.
Hay quienes no se integran, ni a la sociedad formal ni a la vida de submundo de los asentamientos: esos van a la calle. Por diversas razones. Cargan con su petate (y quizás algún animal doméstico) y se instalan adonde pueden, por una noche o mientras se lo permiten los vecinos o el dueño de la tierra. Viven de y gracias a los residuos de los flujos materiales de la ciudad: restos de comidas, de fábricas de alimentos, comida pasada. Alcoholes indescriptibles.
¿Cómo puede un médico detectar si sus vidas están en riesgo? ¿Cómo puede un asistente social determinar el grado de riesgo para un/una joven o un anciano, de pasar la noche en un umbral, envueltos en cartones?
La gran pregunta es cómo tratar a los más desvalidos de todos: la tierra ha sido toda apropiada: no hay bienes libres al respecto. Es muy posible que estén bajo la influencia de alguno de los patones de la droga o enfermos incurables. Las leyes que establecen que todo ciudadano debe tener una casa digna no se cumplen, ni se hicieron para cumplirlas. La sociedad paternalista crece de recursos para proveer de viviendas a los asentados – que ocupan una tierra – y a los que decidieron usar la tierra pública como refugio.
La violencia no educa. Esa gente que sobrevive en el ecosistema medio-urbano porque sabe encontrar sus recursos de deshecho no sabe – ni desea – cultivar la tierra o criar animales: duras tareas que requieren aprendizaje y capitales.
Tampoco es solución dejarlos dormir, hacer sus necesidades, comer e higienizase en la vía pública, frente a una casa o un comercio. Necesitan integrarse a la sociedad y con ella, dar y recibir lo que les sea posible, según edad y condición. Cabe preguntarse por qué no quieren ir a los refugios: el bien sobre el que se negocia es su libertad y su libre albedrío, que sienten más valiosos que su vida. Esos son los puntos a negociar y compatibilizar entre los que tienen hoy poder de decisión.

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