La controversia en torno a la seguridad que enfrenta al bloque oficialista con la oposición, pone en el ojo de la tormenta la veracidad y confiabilidad de los números que presenta el Ministerio del Interior, que han sido cuestionados por su falta de sintonía con la sensación térmica que impera en la sociedad.
Sin embargo, en el caso de los homicidios que son inocultables y no pueden ser manipulados estadísticamente como otros indicadores, la tendencia ascendente iniciada en el último trimestre de 2021 se acentuó en los primeros tres meses de este año, con un aumento del 33%. En ese contexto, mayo marcó un dramático punto de inflexión, ya que los asesinatos se duplicaron en la comparación interanual con respecto al mismo mes del año pasado. Es innegable que, tanto en 2020 como en 2021, la pandemia jugó a favor del gobierno, porque, al igual que en otros países, modificó drásticamente la convivencia ciudadana, por la disminución de la movilidad y la priorización de la salud.
Otro tanto sucedió con los medios de difusión, que, durante dos años, relegaron la crónica policial a un lugar marginal, con su reconocida obsecuencia con la derecha y su tendencia al ocultamiento. En ese contexto, las cifras difundidas por el gobierno, que marcaron un pronunciado descenso de la tasa delictiva como sucedió en todo el planeta, coadyuvaron a la construcción de un relato que no se ajusta a la realidad. No en vano, ya en el último trimestre del año pasado, se percibió un notorio repunte de los homicidios, que prosiguió en los primeros tres meses de 2022. En efecto, este delito, que contamina a la sociedad y es como otros multicausal, no se puede ocultar, aunque se apele a la definición de muerte dudosa, que es un atajo oportunista al cual ha recurrido el gobierno. Más allá de eventuales debates y acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición, una encuesta encargada por las Organización de Naciones Unidas a la empresa Opción, que inexplicablemente tuvo una escasa o nula difusión, da cuenta de una situación inquietante en materia de seguridad ciudadana, que rebate en buena medida el triunfalista discurso oficial. El aspecto más saliente del relevamiento es el relativo a un eventual sub-registro, que contribuye al descenso de la tasa delictiva, el cual ha sido recurrentemente denunciado por el Frente Amplio y negado por el oficialismo. En efecto, según el informe, el 17% de los encuestados reconoce haber sufrido al menos un delito en el último año, aunque solo la mitad denunció en todos los casos en que fue víctima. Esta situación, que distorsiona sustantivamente las cifras en torno a la tasa delictiva real, se origina –aunque no lo consigne la encuesta-en las dificultades existentes para radicar las denuncias. Empero, los números de la consulta son realmente contundentes y originan un descalce entre la escenografía real y la percepción del gobierno, que es a todas luces engañosa. En efecto, el reporte determina que la cuarta parte de los adultos de Montevideo, la quinta parte de los mayores de 18 años que habitan en el este, el 13% de los canarios y el 4% de quienes residen en el centro-sur dijeron haber sido víctimas de hurtos, rapiñas, chantajes, violencia o amenazas en los últimos 12 meses, en el período comprendo entre febrero de 2021 y febrero de 2022. Empero, un tercio de los damnificados no denunció ninguno de los delitos que padeció y otro 16% solo lo hizo en algunos casos.
Según el coordinador residente de la ONU en Uruguay, Pablo Ruiz, la encuesta corrobora que “hay un nivel importante de subregistro de los delitos”. Al respecto, enfatizó que “mirar solo las denuncias, los datos administrativos, podría dejar por fuera a buena parte del problema que se quiere analizar. Una encuesta de percepción de los ciudadanos no es el todo, pero tampoco lo son los datos administrativos que publica el Ministerio del Interior”, destacó el funcionario del organismo internacional, quien consideró que “el cruce entre una cosa y la otra es la que nos permite el mejor análisis para la toma de decisiones”.
La muestra pone en evidencia otros datos singularmente reveladores. Al respecto, el 21% de los hombres afirma haber sufrido un hurto, rapiña u otros delitos, frente al 13% de las mujeres. Empero, la percepción de inseguridad en los barrios es mayor en el sexo femenino, alcanzando al 49% de las relevadas, contra el 28% de los consultados del sexo masculino.
Como se recordará, un estudio sobre acoso callejero que había liderado ONU Mujeres hace dos años, demostró cómo muchas uruguayas evitaban el tránsito por algunos lugares porque no se sentían seguras. El gobierno debería poner atención a este relevamiento, por tratarse de un trabajo encargado por la ONU, con el propósito de auscultar diversas variables relativas a la eventual salida de la pandemia. Por supuesto, la inseguridad es una de las dimensiones más relevantes, en un escenario de apertura total e irrestricta de actividades, por más el letal virus sigue conviviendo con nosotros. El Poder Ejecutivo no admite su fracaso en materia de seguridad, con medidas que contemplan únicamente la represión y no la indudable connotación social de un tema que requiere un abordaje multidisciplinario. Como en otros aspectos que hacen a la gestión –a título de ejemplo el empleo, la desocupación y la caída en picada de los salarios y las jubilaciones – el presidente Luis Lacalle Pou y su reducido séquito de amanuenses se niegan a admitir una realidad que rompe los ojos.
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