En un soporífero discurso ante la Asamblea General de casi una hora, propio de quien ostenta una verborragia rayana en el delirio, el presidente de la República Luis Lacalle Pou aburrió a todo el país con el mismo relato que hemos padecido durante un año de espanto.
Esta incontinencia verbal, que es característica en un mandatario que gobierna en solitario desde un pedestal erigido sobre su condición de caprichoso burgués y que no escucha ni siquiera a los socios políticos de la coalición que sostienen su administración, fue una suerte de versión ampliada de las numerosos conferencias de prensa convocadas durante su gestión.
Contrariamente a lo que se especulaba, la pieza oratoria, que provocó bostezos a granel en el auditorio congregado en el Palacio Legislativo, no colmó las expectativas de los actores políticos medianamente relevantes y menos aun de la opinión pública.
Todo se limitó a repasar las medidas adoptadas en el marco de la emergencia sanitaria devenida de la pandemia de Coronavirus, aunque faltó el reconocimiento a las fortalezas que heredó del gobierno frenteamplista para afrontar, con relativo éxito, dicha coyuntura.
Si bien soslayó toda referencia a la supuesta “herencia maldita” del ciclo progresista -la cual si está condensada en el informe de casi 800 páginas recibido por el parlamento- se anotó como propias todas las acciones tendientes a minimizar las consecuencias de la epidemia.
Si uno no conociera la galopante crisis económica y social que padece el país, a consecuencia de la situación sanitaria pero también de las obtusas políticas regresivas aplicadas por el gobierno, pensaría que Uruguay es un país idílico engendrado por la prodigiosa fantasía del legendario Walt Disney.
El anuncio de la extensión de beneficios para sectores fuertemente afectados por la crisis económica y social, de algunos incentivos únicamente para el capital y de una fuerte inversión en infraestructura, no aplacaron la agobiante sensación de tedio. Las medidas anunciadas confirmaron que, como siempre, la crisis la pagarán los uruguayos de a pie y no quienes más tienen.
Sí se golpeó el pecho proclamando que su gobierno cumplió los compromisos contraídos en la campaña electoral, lo cual es falso, ya que aumentó dos veces las tarifas públicas en diez meses por encima de la inflación y ahorró dinero amputándole recursos a las políticas sociales, entre otras barbaridades.
También se ufanó de una supuesta baja en la tasa de delitos que el año pasado se registró a nivel global –aun en las ciudades más violentas del planeta- apoyándose en cifras de dudosa veracidad difundidas por el Ministerio del Interior.
Incluso, se permitió elogiar a la vigente Ley de Urgente Consideración, que es un catálogo de represión contra la clase trabajadora y de draconianas medidas para desmantelar el Estado y legitimar el libertinaje de mercado.
Empero, lo más insólito fueron sus alusiones a la libertad, pese a que su gobierno limita el derecho de reunión y conculca el derecho a la libre expresión de las ideas, cuando sanciona y amordaza a 15 docentes.
En ese contexto, lo más relevante no fue lo que dijo Lacalle sino lo que –deliberadamente- no dijo, acorde con su pernicioso hábito de soterrar la dramática realidad que padece el país y seguir manipulando a la opinión pública, con la complicidad de los medios obsecuentes y los rentados comunicadores alcahuetes.
Ese discurso contaminado de falacias reiteradas hasta el hartazgo por sus voceros oficiales y privados, que atribuyen la crítica coyuntura a la pandemia y al gobierno anterior, le permiten, por ahora, mantener altos niveles de aprobación.
En el transcurso de su alocución, Lacalle omitió referirse explícitamente al brutal aumento de la desocupación aun no registrado estadísticamente y a la pérdida de casi 60.000 empleos en sus primeros diez meses de gestión.
Tampoco hizo ninguna referencia al vertiginoso incremento de la pobreza que, según los pronósticos menos pesimistas, condenará a 100.000 uruguayos más a vivir a expensas de la asistencia estatal o de la probada solidaridad de la sociedad.
Esta circunstancia es una directa consecuencia de la raquítica inversión estatal destinada atender la emergencia, que, en comparación con otros países incluso de la región cuyas economías presentaban mayores vulnerabilidades que las de Uruguay, resulta realmente vergonzosa.
Obviamente, el mandatario omitió desmenuzar al presupuesto recesivo sancionado en el parlamento por la bancada de la coalición multicolor, que está vigente desde el pasado 1º de enero, el cual contiene drásticos recortes en áreas estratégicas como la educación, la salud, la vivienda y hasta la investigación científica, que tanto ha aportado en el combate a la pandemia.
Incluso, Lacalle Pou ignoró olímpicamente que los trabajadores uruguayos perdieron salario y por supuesto poder de compra, por la agraviante pauta impartida para el sector privado y por los ajustes por debajo de la inflación decretados para los empleados estatales y los pasivos.
Al comienzo de su monserga, Lacalle Pou afirmó que “no es tiempo de excusas”. Sin embargo, durante su año de gestión, insistió machaconamente con una supuesta herencia maldita de los gobiernos progresistas y con las consecuencias de la pandemia.
Mientras mantenga su férreo blindaje mediático y la oposición frenteamplista no esté a la altura de las circunstancias, seguirá aplicando su programa neoliberal restauracionista que sólo puede conducir al país a una debacle análoga a la de 2002.
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