La transición de gobierno en Uruguay, es una de las más largas del mundo democrático, pero también de las más cordiales. Desde el 27 de noviembre, cuando el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, dio inicio formal al proceso recibiendo al presidente electo, Yamandú Orsi, en Torre Ejecutiva, el país avanza en esta etapa que se extiende por aproximadamente tres meses. Finalmente, el 1° de marzo, con la asunción del 43° presidente de la República, se comenzará a escribir un nuevo capítulo en la historia política del país.
Este período es crucial para definir aspectos fundamentales del nuevo gobierno. La mayoría de estas definiciones son tangibles, como los nombramientos en gabinete, entes y servicios descentralizados, así como en empresas públicas no estatales. Además, la oposición también entra en juego a través de los cargos que se le asignan, en cumplimiento de aquel viejo mecanismo de coparticipación. Este tiempo también se utiliza para anunciar medidas concretas de políticas públicas, o dar inicio a nuevos procesos que derivarán en ellas. Sin embargo, más allá de estos aspectos formales, también se libra una sutil, o no tan sutil, batalla comunicacional, donde gobierno entrante y el saliente se disputan el relato de gobierno. Es hacia allí a donde vamos en esta nota.
El manejo de la información
Con los distintos nombramientos anunciados, particularmente en enero, las autoridades entrantes y salientes han avanzado en reuniones y traspaso de información. Es en esta etapa donde, si bien la transición transcurre en general con normalidad, no ha estado exenta de algunos cruces.
En medio de esta aparente calma, han surgido discrepancias entre autoridades entrantes y salientes. Una de las primeras controversias se originó tras una declaración del futuro secretario de Presidencia, Alejandro “Pacha” Sánchez, quien afirmó que el gobierno entregó “información muy superficial”, con críticas especialmente dirigidas al equipo económico. En respuesta, el presidente Lacalle Pou comparó la actual transición con la anterior y justificó la situación señalando que algunos funcionarios del área económica se habían tomado licencia. Desde el Frente Amplio figuras como el futuro ministro de Educación José Carlos Mahía, el designado subsecretario de Economía y Finanzas Martín Vallcorba y el futuro presidente del Codicen Pablo Caggiani reafirmaron las quejas por falta de información.
Otro de los cruces públicos más relevantes se generó en torno a las cifras del resultado fiscal. El actual precandidato a intendente de Montevideo, Mario Bergara, alertó en rueda de prensa que existía la sospecha de que el déficit fiscal era “bastante más alto de lo que hoy muestra el gobierno”, argumentando que se habían adelantado impuestos en una magnitud considerable. En respuesta, tras un consejo de ministros, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, junto con el presidente Lacalle Pou, desmintió las afirmaciones de Bergara y destacó los logros económicos de la administración, como la creación de 111.000 puestos de trabajo, la reducción de la informalidad laboral, la recuperación salarial, la inflación dentro del rango meta y la mejora en la calificación crediticia del país. Además, advirtió que el gobierno entrante “está abriendo el paraguas para luego justificar una consolidación fiscal”, asegurando que la política fiscal heredada es ordenada y no requiere ajustes adicionales (LA DIARIA, 3/2/2025).
Batalla por el relato de gobierno
Estos cruces en torno a la información compartida, y el cuestionamiento de ciertos indicadores evidencian la disputa por el relato de gobierno que permea toda la transición. No es casual que Bergara haya puesto el foco en el resultado fiscal, un indicador que la coalición gobernante esgrimió como uno de sus caballos de batalla. Incluso, tras las aclaraciones oficiales, Bergara atribuyó las “discusiones y confusiones” a una supuesta “la falta de transparencia” en la gestión gubernamental, reavivando el debate. Es entendible. Acusar de opacidad a una administración es una estrategia que permite cuestionar su legado y reforzar la narrativa del nuevo gobierno.
En materia de seguridad también hemos visto esta disputa discursiva. Cuando se anunció la intención del gobierno electo de mantener en sus cargos al asesor Sanjurjo y al director de la Policía Nacional, Azambuya, desde la coalición gobernante se interpretó como un reconocimiento implícito a su gestión de seguridad. Sin embargo, el nuevo gobierno ha cuestionado constantemente, los indicadores que evidencian una reducción en delitos como hurto y rapiña, datos que son procesados por un Observatorio del propio ministerio.
La disputa llega incluso a cuestiones como el suministro de agua potable, un tema sensible debido a la prolongada sequía que sufrió el país. El futuro ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, quien se desempeñó como director de OSE por la oposición, sostuvo que el proyecto Arazatí representa un “legado pesado para el próximo gobierno”. En contraste, el actual ministro Robert Bouvier afirmó que el actual gobierno “deja la solución a un problema de agua potable en la región metropolitana”.
En suma, bajo la apariencia de una transición ordenada, se oculta una batalla por el relato de gobierno. Tanto el gobierno saliente, como el entrante buscan imponer su narrativa, en una disputa que no se detiene con el cambio de mando, sino que seguirá marcando la agenda política de los próximos meses. Quizás, a futuro, antes que revisar el tiempo que dura la transición, lo primero sea establecer protocolos estándar para la información que los ministerios deben proporcionar a las nuevas autoridades y que estas ya estén definidas en un plazo razonable previo a la asunción.
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