Tribunales de Honor: ¿Pacto, desidia o jopeada?

La publicación de las actas del tribunal de honor realizado a Gilberto Vázquez en 2006 revela algunos datos desconocidos hasta el momento. ¿Por qué no se difundió antes su contenido? ¿Hubo ocultamiento premeditado? ¿Por parte de quien: los militares o los jerarcas frentistas? ¿Hubo voluntad política de investigar? ¿Es confiable Gilberto Vázquez o es una operación de inteligencia? ¿Por qué se niega el acceso a la información en el 2019? ¿Aporta algo para realizar nuevas investigaciones? ¿Habrá más actas ocultas? ¿La aparición de estas actas en este momento tiene alguna relación con el debatido desafuero de Manini? ¿Debe el presidente ordenar la desclasificación de toda la información referentes a las violaciones a derechos humanos?

La pérdida del alma por Mario Ferreira

El alma es aquel lugar recóndito donde se almacenan de forma intangible, nuestros valores, creencias y vivencias.  Lo más profundo de nuestro ser. Algo inasible que no podemos modelar. Está allí para interpelarnos; es eso a lo que a veces llamamos conciencia. Es algo cierto para mí y para muchos, que las organizaciones formadas por hombres y mujeres poseen un alma que las cuestiona constantemente, pero que, además, les permite desarrollar una mística, un estado elevado de acercamiento al mundo ideal con el que sueñan.

Cuando en mi juventud comencé a ser un individuo preocupado por la realidad, encontré en el Frente Amplio un camino repleto del misticismo necesario para deslumbrar a un chico de 18 años.           Es que esa construcción política pudo hacerse realidad gracias a que todos sus integrantes dejaron atrás diferencias y rencores para crear juntos, el alma de la coalición. Como en una tierra prometida, compartían sus sueños y desvelos, cristianos y marxistas, comunistas y trotskistas, blancos y colorados y hasta militares demócratas. Había grandes diferencias, pero había, sobre todo, algo que los unía: la mística de luchar por un futuro más justo.

Hoy me duele ver como desde aquellos días a hoy, el Frente fue perdiendo su alma. El diálogo constructivo hacia adentro y hacia afuera, trocó en altanería y enojo. Basta ver los rostros de sus más encumbrados representantes; basta escuchar sus silencios. Sí, porque como frentista me duelen más los silencios, la falta de humildad y autocrítica.

Soy de los que creen que se hizo muy poco por mantener en alto la bandera de la búsqueda de los desaparecidos. Por mucho tiempo se utilizó la excusa de que los generales no dicen lo que saben. Pero siempre me he preguntado: ¿alguien pensó seriamente que lo iban a hacer?

Hoy nos cae esta piedra: un expediente donde se reconoce y se justifica la tortura, la muerte y la desaparición, durmió 14 años en un estante del Ministerio de Defensa. ¿No es una omisión inadmisible (y acaso también extraña) que nadie durante todos los gobiernos del Frente Amplio, es decir, en 15 años, haya analizado profundamente TODOS los expedientes que surgían de los Tribunales de Honor?

Está claro que, en este tipo de instituciones, el sentimiento de pertenencia a una “clase de iguales” les permite blindarse hacia afuera, pero también esa sensación de seguridad, genera una actitud de superioridad sobre el resto de la sociedad que algunas veces se convierte en un flanco débil por donde se escapan intimidades hacia el mundo exterior. Es así que, si estamos buscando información, lo básico es bucear en aquella que surge desde la interna de las FFAA, como son en este caso, los expedientes de los Tribunales de Honor. El Frente Amplio no escucha a su alma, hace oídos sordos a su conciencia que le dice cosas que no le gusta o no conviene a la situación actual por la que está pasando. Pero el alma no se equivoca.

Me entristece ver cómo un ex subsecretario y un ex presidente se escudan en que “no les llegó toda la información” y nos cuentan sin vergüenza que dieron su homologación a lo actuado por el Tribunal de Honor en base a un resumen de las conclusiones. Es peor aún. Según información aparecida en la prensa, la abogada del Ministerio de Defensa de ese entonces, en el informe que elevó a la ministra, indicó que las actuaciones del Tribunal de Honor habían sido detenidas en un momento debido a “la presunción de delito”. En buen romance: algo de lo dicho durante el proceso, podría, para los miembros del Tribunal (militares ellos, colegas del juzgado) configurar un delito. Y, aun así, ni al departamento jurídico del ministerio ni a la ministro ni al presidente de la época se les cruzó por la mente investigar cuál había sido esa presunción de delito, de lo cual hoy, catorce años después, nos enteramos que se refería a violaciones a los derechos humanos. Triste, muy triste y desalentador.

Y la historia continúa: aparentemente recién cuando se fue a archivar el expediente y éste ya había sido homologado, se percataron de que no estaba completo, faltando “las actuaciones”, las cuales aparecieron a los pocos días. Tampoco ante esta gruesa irregularidad, a nadie se le movió un pelo.

No soy idealista, quizás lo fui de joven (lo que muchas veces me trajo algunos sinsabores), pero este tipo de omisiones son imperdonables y sobre todo por parte de un gobierno de izquierda que debe llevar hasta las últimas consecuencias la promesa humanista de encontrar a esos uruguayos que sufrieron las peores vejaciones y la muerte en soledad; y también, por respeto a esos familiares que no han podido cerrar esa parte de la historia de sus vidas. Me da pena escuchar excusas vacías de niño de escuela. Hay muchos que siguen el rebaño montados en viejos cánticos a quienes quizás les convenzan; pero hay muchos también que pensamos y analizamos los hechos y nos gusta que respeten nuestra inteligencia.

A todos nos quedan muchas preguntas que los dirigentes del Frente Amplio deben contestar en honor a los orígenes de esta fuerza que fue perdiendo con el tiempo y el usufructo del poder, justamente dos de sus principales principios: la humildad y la verdad. Pero esas respuestas que deben a su militancia y al pueblo todo, no las queremos oír desde la tribuna mediática y en tono altanero, si no, desde el llano y con todas las cartas sobre la mesa. No quisiera imaginarme cosas como acuerdos secretos entre el Frente Amplio y los militares o pagos de favores políticos. Creo que es hora de sincerarnos y antes de que el alma frentista se rompa en pedazos (cosa que ya nos está pasando a muchos) traigamos cuanto antes un tiempo para la refundación.

Ambigüedades por Gonzalo Abella

La salida de la dictadura fue marcada por el Pacto del Club Naval. Desde ese momento, las negociaciones entre militares y políticos quedaron envueltas en equívocos, ambigüedades y silencios cómplices.

En 1985 hubiera sido posible una política firma de juicio y castigo. El imperialismo norteamericano, el amo tras bambalinas, había descalificado documentos en una señal clara de que rompía unilateralmente su alianza con los terroristas de Estado del pasado reciente. El imperialismo apostaba ahora a democracias tuteladas, con izquierdas domesticadas que se alternarían con derechas clásicas. Desde luego, era una ruptora circunstancial: el fascismo siempre es una opción amartillada, por si acaso la lucha popular rebasa los niveles tolerables; pero el oportunismo con fachada de izquierda es el primer dique de contención. El oportunismo de izquierda, con recursos financieros sin límites, grita consignas de izquierda y al mismo tiempo ampara y custodia la propiedad de las trasnacionales saqueadoras.

En ese contexto, el imperialismo daba luz verde a políticas de juicio y castigo en tanto se aplicarán solamente a los verdugos directos del pueblo. En Argentina, Kirchner lo captó de inmediato. ¿Por qué acá no pasó nada? La participación del FA en el Pacto del Club Naval va mucho más allá de una política oportunista de conciliación de clases. Mostró una descomposición interna del FA, que llegó a exhibir una conducta increíble de Huidobro y Mujica oponiéndose a la investigación de crímenes de lesa humanidad, y una conducta vacilante de Seregni y Korzeniak. El resto del FA trató de disimular las incoherencias, y cuando blancos y colorados impusieron la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, el FA, en lugar de salir a la calle para declararla inconstitucional, decidió apoyar un plebiscito de consulta ciudadana sobre ella. La violación constitucional era gravísima: por esta Ley de Caducidad, un poder del Estado (el Legislativo) impone a otro poder (el judicial) la imposibilidad de juzgar a los militares de la dictadura; esta Ley nunca debió plebiscitarse.

La papeleta por la derogación era de color verde. La propaganda por derogar la ley fue patética: un spot televisivo donde unas muchachas en calzas verdes y con cintas danzaban mientras con la música de la bamba se oía: “vota la lista verde, por la alegría…”. Por supuesto perdimos. ¿Hubo voluntad de ganar?

Y en ese marco los militares mantuvieron otras prerrogativas, no sólo de impunidad y de privilegios materiales. La Institución del Tribunal de Honor, y en general el derecho a una justicia diferente, siguieron siendo otros de sus inadmisibles privilegios.

El Liceo Militar deforma a los adolescentes, los forma en la sumisión y la resignación ante el mal trato, buscando así fortalecer el espíritu de cuerpo, y les da una visión del pasado reciente pro golpista. El Liceo Militar, si acaso debe existir, debería ser solamente para asignaturas técnicas.

El debate sobre estos temas se da en cancha embarrada. Cuando el diputado que tenía la UP propuso la anulación lisa y llana de la Ley de Caducidad, quedó solo. Los “radicales” del FA miraron para otro lado.

¿Cómo extrañarnos entones ante los silencios y omisiones de la administración del Dr. Vázquez? Sí puede sorprendernos que algunos familiares de desaparecidos olviden el esfuerzo de Mujica en defender a los “viejitos”. Para mi generación, los muertos no son sólo pancarta, son abrazo, son debate de boliche, son riesgos compartidos, son dolor inmenso. Nos emociona el relevo joven, y entendemos su escepticismo partidista: la ambigüedad jede.

Preguntas sin respuesta por Juan Martín Posadas

Hace pocos días el país recibió con estupor, a través de la difusión de unas actas del Tribunal de Honor que juzgó al Coronel Gilberto Vásquez, la información directa, pormenorizada y de primera mano, acerca de atropellos perpetrados en dependencias de estado por personal militar durante el período de combate a la sedición.

Los uruguayos ya nos habíamos hecho una imagen bastante certera de esos hechos repudiables a través de información fragmentada recogida poco a poco en el curso de los años. Lo que nunca habíamos tenido que confrontar, nunca había tenido contacto directo, era con una confesión como la que se ha conocido estos días. Uno que hoy tiene los años como para haber vivido del principio al fin aquellos tiempos de intransigencia y fanatismo vuelve a repasar con azorada perplejidad ¿cómo fue posible que los uruguayos nos hiciéramos todo eso a nosotros mismos? La salida del período oscuro no ha sido aún bien explicada y la caída en él menos. Pero lo que acrecienta en este momento la conmoción pública que se ha producido es el enterarse de que se llegó a esa información terrible sobre lo acontecido en los cuarteles no a través de una ardua y azarosa investigación sino por una pesquisa periodística y mediando un simple pedido burocrático de solicitud de información que, por ley, tiene que ser contestado en veinte días hábiles ( y así se hizo). La información en cuestión estaba al alcance, lo había estado desde el año 2006. Quienes deben una explicación por haberla mantenido fuera del conocimiento público son los gobernantes del período pasado y el Partido al que pertenecen. Hasta ahora se han ofrecido excusas (no sabíamos) más que respuestas.

El reglamento militar estipula que las actuaciones (no dice: los resúmenes) de los tribunales de honor han de ser elevados (al Comando, luego al Ministro, y finalmente al Presidente de la República) para su homologación (o no). Si no fue así, si lo recibido en Presidencia no fueron las actuaciones sino una parte, o si se firmó la homologación sin haber accedido (o leído) todo su contenido se trata de una falta que habrá de ser asumida y no esquivada o disimulada.

Un ocultamiento voluntario de parte del Presidente Vázquez no me parece creíble: no condice con quien autorizó y propició la búsqueda y desenterramiento de los cuerpos de los desparecidos en los predios militares. Pero tampoco se puede negar que hay muchas preguntas abiertas. Sobretodo hay, en este momento, muchos preguntantes. Yo y muchos tenemos preguntas, pero quienes más necesitan respuestas y no excusas son los propios militantes y votantes frenteamplistas y, ni que hablar, los familiares de los detenidos desaparecidos. El recientemente nombrado secretario político del Frente Amplio, acaba de expresar en la prensa: quizás tuvimos que haber pedido la información en aquel momento y no catorce años después.

Es menester mirar las cosas en lo que el reconocido historiador francés Ferdinand Braudel llamaba los grandes trazos. Si no se procede de ese modo no se entiende bien nada. Las secuelas del pasado oscuro de nuestro país siguen afectando su vida.                Ubicado en ese plano voy a lo que sigue. El instrumento escogido y puesto en práctica para concretar una salida del período de facto (lo llamo así para abreviar) –el Acuerdo del Club Naval- generó soluciones en algunos aspectos y esquivó otros aspectos que quedaron pendientes. El Frente Amplio, que ahora se encuentra en aprietos para explicar los motivos de su omisión para hacer pública la información de los mencionados Tribunales de Honor, tampoco ha dado nunca explicación pormenorizada y cabal de su participación en el Acuerdo del Club Naval. El Frente Amplio ha construido un relato de sí mismo ajeno al Club Naval y como si no hubiera tenido participación plena en dicho acuerdo, tanto en sus resoluciones como en todas sus omisiones y esquives. El Frente Amplio no se ha hecho cargo hasta ahora de su parte en lo que fue el Acuerdo del Club Naval, de sus consecuencias buscadas y de sus reticencias consentidas.

El reclamo de información transparente, de conocer la verdad y de no justificar ocultamientos, que la ciudadanía ha reclamado siempre y que se hace agudo hoy por el caso del coronel G. Vázquez se dirige hoy al Frente Amplio esperando la información debida, tanto respecto a la reticencia pertinaz en reconocerse como actor del Acuerdo del Club Naval como a la inexplicable situación de no haber hecho pública la información de las actas de los Tribunales de Honor.

Energúmenos por Jorge Zabalza

Al declarar ante sus cómplices, Gilberto Vázquez aprovechó la oportunidad y les recordó que estaba encarcelado por crímenes cometidos por todos. Mientras los generales disfrutaban su buen pasar, el asesino la pasaba mal en Domingo Arena: “deben protegerme o los mando en cana”. Quisieron que se callara la boca, pero el muy energúmeno continuó con la lista de las aberraciones, recordándoles a los del tribunal de honor que la política de exterminio y el plan cóndor no eran inspiración de unos pocos. “Todos somos asesinos”, parecía sentenciar, parafraseando el título de la inolvidable película de André Cayatte.

No le busquen más vueltas, a Gilberto no le interesaba que se supiera la Verdad, lanzaba sus dardos contra los mandos porque los quería chantajear. Alguna tajada habrá sacado, pero, para saber su monto, habrá que esperar que se descubran nuevas verdades ocultas. Parece mentira, pero la Verdad quedó comprobada gracias a una vulgar rencilla carcelaria entre delincuentes.

Escribir sobre este escándalo no es nada fácil. Revuelve las entrañas, pero, no de horror, sino de bronca e impotencia. El acta con las declaraciones del energúmeno reconfirma que los crímenes aberrantes obedecieron a una política sistemática de las fuerzas armadas, cuyos mandos ocultaron y ocultan toda la información al respecto. ¿Cómo hacer para que revelen la Verdad y se haga Justicia?

Nadie ignora la responsabilidad de la institución armada, pero, hay genios de las maniobras “políticamente correctas” que apostaron a que el pasaje del tiempo trajera el olvido de unos y el perdón de los otros. Querían convencer a sus fieles de que la cuestión se resolvería por sí sola al morir los verdugos y las víctimas. Sin embargo, aunque de coronel para arriba ya murieron casi todos los culpables, estas actas confirman que la paz solamente llegará cuando se sepa toda la Verdad. El asunto no se resuelve sólo entre verdugos y verdugueados, porque la barbarie intentó esclavizar el pueblo entero. Los efectos del terrorismo no están solo en los costurones que uno lleva en la piel y en el corazón.

Asumir el ministerio de defensa el 1° de marzo de 2005 no era sencillo, más aun, siendo civiles, frenteamplistas y comprometidos con la Verdad y la Justicia. Cayeron, como peludo de regalo, a una institución en manos del terrorismo de Estado, donde predominaba su modo de interpretar la realidad y la historia reciente. El universo dividido en amigos y enemigos, los militares eran más leales a la doctrina de seguridad nacional que a las autoridades civiles. Fue el legado que dejó el general Medina, desacatos y amenazas al por mayor.

Un imperativo ético obligaba a los intrusos civiles, debían horadar muralla de impunidad que protegía a los criminales. Afectase a quien afectare. Provocase la reacción que fuera. Con ese impulso moral, la compañera Azucena logró descubrir, en el año 2007 los más de 14.000 documentos del titulado “archivo Berruti”, que estaban escondidos en el ex CGIOR, ex Escuela de Inteligencia del Ejército. Abrirlos al conocimiento público era el modo más directo de quebrar la cultura de la impunidad dentro y fuera del ministerio, de demostrar que la Verdad no era un mito sino realidad oculta. Sin embargo, después que Azucena renunció al ministerio debieron pasar más de 10 años para que el contenido de los archivos quedara librado al conocimiento del público. ¿Fue una especie de frenazo, un anticipo de la voltereta que dio Fernández Huidobro como ministro? Es inexplicable que un gobierno progresista haya mantenido en carácter de reservados documentos tan esclarecedores de la Verdad. Los periodistas debieron reemplazar a los gobernantes omisos en el deber de informar a la población.

Tampoco convencen esas explicaciones de “no tengo conocimiento, porque los militares debían informarme y no lo hicieron”. Denota mucha pasividad. El hecho evidente es que los militares, hipotéticamente subordinados del poder civil, les pasaron por el moño las actas con las confesiones de Gilberto. ¿Dónde está la responsabilidad individual del militante? ¿no se debería haber estado mucho más alerta cuando se trataba de tamaño energúmeno? ¿no debían haber leído y releído hasta descifrar el significado de cada punto y coma? ¿o, simplemente, se conformaron con homologar los expedientes que los coroneles pusieron para la firma?

En el segundo gobierno del Frente, Luis Rosadilla y Eleuterio Fernández rindieron sin condiciones el imperativo ético. Culminación bizarra de la derrota de la Verdad, se convirtieron en un engranaje más de la maquinaria burocrática de impunidad, abogados honorarios y voceros de los criminales con los que bebían whisky. Se pasaron los principios por allá abajo. Para que esta historia Nunca Más se repita debe ser la madre de todas autocríticas: ¿qué apoyos fueron necesarios para defraudar la confianza de los que marchan cada 20 de mayo?

Por cierto, si se elude la reflexión sobre las condiciones en que la impunidad se va imponiendo, se seguirán alimentando aves de rapiña y, el día menos pensado, los cuervos nos comerán los ojos. Las cosas deben quedar en blanco y negro, como la tropilla de la muerte.

Lo que Gilberto nos dejó por Gerardo Tagliaferro

Aunque el ex coronel Gilberto Vázquez no es muy creíble, entre otras cosas porque fue un oficial de inteligencia que en 2006 se consideraba “en combate” y se puede suponer que el engaño formaba parte de su labor, la mayoría de los hechos que reconoció ante el Tribunal de Honor ese año son conocidos. Sin embargo, hay algunos sobre los cuales es la primera vez que un militar habla con tanta claridad en un ámbito más o menos público.

Dijo por ejemplo que en 1989 las FFAA como institución, a través de sus mandos, elaboraron un plan para asesinar dirigentes políticos de izquierda si se derogaba la ley de Caducidad. En 1989, cuatro años después de restablecida la democracia. Y las FFAA, no cuatro loquitos.

También dijo que en ese momento –año 2006, gobierno del FA- había un pacto entre el poder político y los mandos militares para que estos entregaran algunas cabezas a cambio de que no se habilitaran las extradiciones que solicitaba la justicia argentina.

Entre esos hechos de 1989 y 2006 pasaron 17 años y gobiernos de los tres partidos mayoritarios pero el desarrollo de los acontecimientos parece formar parte de un mismo guión: las FFAA como cuerpo impermeable a la lógica de la democracia y sus instituciones.

Para lo que comúnmente llamamos “la derecha” no hay aquí demasiado problema, porque siempre trató a las FFAA como una entidad funcional a su visión de la sociedad, y lo único que hay que hacer es no molestarlas demasiado y tirarles algún hueso presupuestal de vez en cuando. El problema lo tiene la izquierda, que no ha dado con una estrategia adecuada para pararse frente a una corporación que quienes llegan a dirigirla –en 1973, en 1989 o en 2020- la tienen como enemiga.

Con la información disponible hasta el momento no es fácil saber si realmente en 2006 el gobierno de Tabaré Vázquez tuvo conocimiento de las declaraciones de Gilberto Vázquez y por qué, eventualmente, no hizo nada. Tampoco es fácil saber si desde 2006 hasta acá alguien del ex oficialismo conoció estas y tal vez otras confesiones por el estilo.

Pero lo que sí sabemos es que desde el fin de la dictadura la única estrategia que existió en la izquierda hacia las FFAA fue la de Fernández Huidobro y compañía, que se podría resumir como un intento de colonización ideológica en procura de transformarlas en el brazo armado de un proyecto nacional. El resto de la izquierda deambuló en un laberinto que incluía desde gritos principistas sin resonancia en la vida real, hasta intentos de no hacer olas y patear el problema indefinidamente hacia delante.

Sea por un intento de ganarse la confianza de la oficialidad, sea por no hacer olas o sencillamente por no saber qué hacer, rompe los ojos que la relación de los gobiernos del FA con las FFAA incluyó entre cuatro paredes pactos, concesiones o “vistas gordas” que su propio discurso censuraba en público.

Mientras siguen buscando el camino hacia la utopía de una sociedad sin armas ni violencia, las fuerzas progresistas deberían de una vez por todas enfrentar este problema: quienes ingresan a las FFAA y se forman en sus aulas y cuarteles, lo siguen haciendo en base a postulados radicalmente enfrentados a ese y otros de sus paradigmas.

Si tenemos FFAA para rato, cortar la perversa cadena de transmisión ideológica que las convierte en un tumor social controlado pero latente, amerita una tarea de análisis y elaboración que, por lo visto, sigue en el debe.

La democracia enfrenta un parteaguas por Pablo Anzalone

Quiero iniciar estas breves líneas acordando íntegramente con las palabras de Alba González y el mensaje de Familiares de Detenidos Desaparecidos el pasado 30 de agosto. Sus afirmaciones van a la cuestión de fondo por encima de cualquier intento de chicana, distorsión u ocultamiento.

“Cuanto más sabemos de los horrores y arbitrariedades de esos años, más incomprensible se hace esta tolerancia y continuidad. Así creció un poder corporativo paralelo, que emerge cada vez que ve tocados sus intereses, especialmente cerrando filas para no enfrentar a la Justicia.”

“Hoy desde una nutrida presencia parlamentaria, el partido militar, que integra la coalición de gobierno, propagandea impúdicamente los valores de la dictadura; defiende los crímenes de ésta y a sus ejecutores e Intenta reflotar la Ley de Caducidad con argumentos descalificadores y agresivos hacia el Poder Judicial.”

Las actas del Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez agregan confesiones, pero también dicen mucho sobre los generales y el comandante en jefe de esa época. De igual manera que las de Gavazzo muestran a Manini tal cual es. Para ninguno de estos generales las confesiones de crímenes cometidos afectan el honor militar, ni constituyen delitos que deba investigar la Justicia.  Ni siquiera la planificación (con aval institucional) de asesinatos en 1989 a dirigentes de izquierda. Recordemos que poco tiempo después se cometió un grave atentado contra Hugo Cores que nunca fue esclarecido. Ni la explicitación de responsabilidades directas de la cúpula militar. La persistencia de la ideología dictatorial en los mandos militares y su funcionamiento corporativo es un grave capítulo pendiente para la democracia uruguaya. Como todo problema mal resuelto vuelve una y otra vez.

Manini y su partido no solo se están corriendo cada vez más hacia la ultraderecha presionando a la coalición de gobierno, sino que se embanderan hoy con los peores criminales de la dictadura.

La votación sobre el levantamiento de sus fueros se ha transformado en un parteaguas de la democracia.

Madres y Familiares de Desaparecidos ha sido muy clara y convoca a acompañarlos el viernes 4 a las 18y30 en Plaza Libertad. El Frente Amplio en su declaración del 31 de agosto y la campaña “Desafuero o Complicidad” lo reafirman. Es muy destacable que las juventudes blancas y coloradas reclamen votar el desafuero y “Ciudadanos” haya decidido hacerlo.

El intento de entreverar y embarrar la cancha, queriendo responsabilizar a Azucena Berrutti o Tabaré Vazquez, es una maniobra muy menor. Propia de quienes piensan la política desde operaciones publicitarias y manuales de contrainteligencia (una palabra muy significativa: “contra la inteligencia”).

En este mismo contexto es una pésima señal el aumento de la cantidad de generales y coroneles que el gobierno incluyó en el Presupuesto Nacional al mismo tiempo que recorta políticas sociales de enorme trascendencia.

Como lo demuestran los 20 de mayo un gran parte de la sociedad entiende que la verdad, la memoria y la justicia no son una cuestión del pasado sino pilares de la democracia, por los cuales vale la pena luchar.

La importancia de los detalles por José Pedro Pollak

Cuando era estudiante el Profesor Gelsi Bidart nos decía que, en los juicios, por más simple que fuera la temática, había que tener una obsesión por los hechos y sus detalles. Y transitar por los caminos impensados a que nos llevaran esos detalles.  Y de los hechos más potentes son los que están escritos.

Me explayaré sobre las responsabilidades de los actores civiles, dejando de lado las responsabilidades militares a aquellos que manejan las leyes y reglas castrenses.

En el 2006 se elevó al MDN las actuaciones del Tribunal de Honor de Gilberto Vázquez, cuyas conclusiones fueron homologadas por el Ejecutivo. La causa era la fuga de este militar mientras estaba detenido en el Hospital Militar. Dentro del expediente existían detalles que, si se hubieran navegado hubieran aparecido dichas actas. Pero ni el MDN ni el Poder Ejecutivo se molestaron en revisar las actas que contenían las declaraciones espeluznantes del imputado.

Por las publicaciones de prensa se llega a la conclusión de que en esas Actas, es probable que hubieran aparecido pistas de nuevos delitos cometidos tanto por el declarante como por terceros.

¿Qué relevancia jurídica puede tener todo esto? En aquel año este Tribunal de Honor fue uno de los expedientes más importantes que tuvo la cartera. Ha salido en estos días en los medios el exSubsecretario Bayardi  y en sus declaraciones se defiende diciendo que el objeto del Tribunal de Honor fue la fuga y esos documentos marginales no hacían al caso y por lo tanto no los leyó. Son tristes esas declaraciones de un jerarca del nuevo gobierno, que venía con un discurso de transparencia en lo que a delitos contra derechos humanos se refiere. La falta de compromiso rompe los ojos.

De esas actas surgen importantes consecuencias jurídicas y desde el punto de vista penal pueden caber dos posibilidades:

La primera es conocer si las actas se podían conseguir. Si esto fue así, se podría haber cometido el delito previsto en el artículo 177 del Código Penal: Omisión de los funcionarios públicas de Denunciar”. No es admisible la excusa de que no las leyó.

La segunda posibilidad es que haya tenido noticia y deliberadamente se ocultaron sus resultancias. No conozco si su actuación fue corporativa o individual, pero la premeditación asoma por todos lados. Esa conducta ilícita puede mutar al encubrimiento previsto en el artículo 197 y el plazo de prescripción opera a los 10 años. El año próximo se cumplen estos 10 años, por lo que queda aún tiempo para que se investigue y eventualmente se proceda.

Avancemos ahora hasta el año 2019. La Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública establece que los pedidos deben ser contestados dentro de un plazo de 20 días, pudiendo ser prorrogados por otros 20. En abril de 2019 el periodista Mauro Bettega, solicitó la entrega de dichas actas. Y hasta hoy entiendo que no tuvo respuesta.

La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, en mayo de 2019 hizo una solicitud similar. Según trascendidos, estuvo precedida por una reunión con el Ministro en la cual se acordó presentar dicho pedido. Tampoco fueron contestadas.

Las actas según lo afirmó el Ministro Javier García, estaban en el MDN. Entonces: ¿Cuál fue la razón para que el Ministro Bayardi no contestara aportando las mismas o declarándolas material reservado? No hizo ni lo uno ni lo otro; simplemente cajoneó los pedidos.

En este último caso la conducta seguida evidencia un ocultamiento intencional. ¿Qué hubiera ocurrido si esas actas se hacían públicas? Probablemente se hubiera definido en ese momento la elección nacional a favor de Lacalle Pou. Entonces, ese cajoneo probablemente formó parte de una estrategia electoral para impedir que en ese momento salieran a la luz. No se requiere mucha lucidez para pensar de esa manera. No hay otra explicación seria para no haber contestado ese pedido tal cual obliga la ley. Esa conducta omisa, que nada tiene de republicana, es propia de alguien que se siente dueño del cargo y olvida que es simplemente un inquilino temporal.

Otro aspecto que se agrega: ocultó sin causa justificada ejecutar un acto impuesto por los deberes del cargo, conducta que el Código Penal tipifica en el artículo 164 del Código Penal, así como el artículo 31 de la ley 18381. Esa omisión en contestar esos dos pedidos de acceso fue contumaz y evidencia que no tuvo intención alguna de contestar.

Llegamos al presente. Familiares hizo un pedido de Acceso y dentro del plazo legal de 20 días les fue contestado por el actual Ministro García. En agosto saltó todo y este tema pasó a ser central en todos los medios de comunicación.  Esto da la pauta de lo que pudo haber ocurrido si afloraba en junio de 2019.

Esto complica a las más altas jerarquías del Frente Amplio, desde el expresidente Vázquez, pasando por sus secretarios actuales y de la época. así como a los jerarcas del MDN, y la considero el acontecimiento político más impactante en muchos años. Teniendo presente la monstruosidad de las deposiciones y las graves omisiones de funcionarios políticos de particular confianza, no les queda otra que pasar estas actuaciones el Tribunal de Conducta Política de dicho Partido. Si esto no es un tema ético, no sé qué es la Ética

Si no lo hace, dicho Partido perderá toda credibilidad, y en cambio sí enfrenta y dispone su pase a dicho Tribunal, puede que salga lastimado, pero las heridas cicatrizarán. No olvidemos que las nubes pasan y el azul queda.

¿Hasta cuándo? Por Cristina De Armas

Día del detenido desaparecido, declaraciones ante un tribunal de honor del año 2006 de un militar condenado, votación en el senado por el desafuero a un senador ex comandante del ejército. Elecciones departamentales y Presupuesto. Todo junto y se agita. Tremendo cóctel.

Es verdad que en este país se llegó a la paz de la forma más democrática posible, no ideal, posible, y se pactó y pactan los que tienen poder para hacerlo. Se pactó en 1985 y se volvió a pactar en 2005, se pactó por la paz, por mantener la democracia y pactaron militares, políticos de derecha y de izquierda e incluyo en ellos a los sindicatos, la Iglesia y la masonería, los que tienen poder, político, económico y social. Y el resto de la sociedad sabe lo que se les dice y les dice quien tiene poder y les dice de acuerdo a su interés intentando inclinar la balanza de la opinión pública siempre a su favor. Pactaron todos porque quien no pactó una vez, lo ha hecho después.

Hace unos años escribía para este mismo medio una nota titulada “Una sociedad civilista”, y es lo que siempre hemos sido. Contaba allí que en los años 40 mientras el mundo se agitaba por la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quería instalar bases militares en Latinoamérica y los nazis amenazaban con llegar desde Brasil, los uruguayos salían a la calle para eliminar la instrucción militar obligatoria. Sin embargo, hoy y a 35 años de la última dictadura militar tenemos un partido político liderado por un ex comandante del ejército con real poder político y que amenaza – si ya no lo es – con ser la tercera fuerza política del país.

El integrante de los pactos que faltaba no sólo decidió ingresar en el sistema político, sino que lo ha hecho con acuerdo electoral, pero sin adherirse a otro. Le miran con desconfianza y le ponen a prueba en su lealtad una y otra vez.

El pasado reciente, la información y el dolor de tantos uruguayos es desde hace demasiado tiempo un botín de guerra político cuyo uso no pasa desapercibido. La gran pregunta es; ¿hasta cuándo?

Esclavos del pasado por Juan Pablo Grandal

Una vez más, como periódicamente sucede, el pueblo oriental debe enfrentarse cara a cara con los demonios del llamado “pasado reciente”. Mientras en el mundo nuestra salida de la dictadura civil-militar y recuperación de la democracia son puestas como ejemplo, está más que claro para muchos de nosotros, que realmente fue una salida atada con alambres y cinta adhesiva. Una salida, que generó un sistema político cuya estabilidad fue, y por lo visto, aún es, sustentada por muchas cuestiones que son desconocidas para la amplísima mayoría de los ciudadanos, entre quienes me incluyo.

Porque que quede claro: más allá de que es positivo que hayan sido hechas de público conocimiento las actas del Tribunal de Honor que juzgó al Coronel retirado Gilberto Vázquez en el año 2006, el uso político que se le está dando a la situación está plenamente partidizado. Desde el lado del actual oficialismo se acusa al Frente Amplio de encubrimiento y de ir en contra de su vocación discursiva por la verdad y justicia; y desde el Frente Amplio se acusa al actual oficialismo de actuar de forma oportunista para enchastrar al FA y sacar rédito político con el tema de los derechos humanos, que según muchos frenteamplistas “jamás le importó” a los partidos de la actual coalición gobernante.

Hay mucho de discurso partidario y enchastre en esto, pero sin duda hay partes de verdad en ambas posiciones. Pero más allá de las interpretaciones morales que cada uno individualmente pueda hacer sobre las responsabilidades de uno o de otro, hay que entender una cosa: ninguno de nosotros conoce realmente lo que sucede puertas adentro en las esferas de poder, simplemente no tenemos suficiente información. Pero hay cosas que sí sabemos. Sabemos que la salida de la dictadura fue una salida pactada. Sabemos de la existencia del Pacto del Club Naval. Sabemos quienes participaron de dicho pacto. Y aunque probablemente jamás sabremos exactamente qué se pactó, sabemos que “algo”, se pactó. Y que ese “algo”, fue determinante en la generación del sistema político posterior y como serían tratados los hechos relacionados a la dictadura civil-militar en adelante.

También hay una cuestión fundamental, que yo considero el pecado original de la salida de la dictadura, que nos impide salir adelante y llegar a la reconciliación nacional: la Ley de Caducidad, la peor de las opciones posibles. Claramente estoy hablando con el diario del lunes, obviamente muchas cosas parecen mucho más simples desde la actualidad cuando casi con seguridad no lo eran en su contexto. Pero fue un error garrafal de parte de las Fuerzas Armadas y el sistema político no haber acordado una amnistía general, que incorporara tanto a los militantes del MLN y otros grupos armados como a las Fuerzas Armadas. Y si bien esto no hubiera terminado la discusión ni el más que legítimo deseo por parte de los familiares de detenidos desaparecidos por verdad y justicia, nos hubiera dado una construcción institucional mucho más sólida, y no dependiente de acuerdos y pactos secretos. La negativa de las FFAA a ser incorporados en una amnistía fue un error muy grave cuando se lo mira desde el presente, y todo por negarse a admitir haber cometido crímenes y violado sistemáticamente la Constitución. Error que hoy es admitido por varios actores.

Genera bastante impotencia ver como esta llaga ardiente que periódicamente sale a relucir y enfrenta a nuestros compatriotas entre ellos, está en la raíz misma de la construcción de nuestro sistema político actual. Si en otras épocas los actores políticos no midieron correctamente las consecuencias futuras de sus acciones, debemos hacerlo nosotros y no manejar estas situacionesde manera que nosotros también le dejemos un bagaje duro a las futuras generaciones. Pretendo contribuir desde mi pequeño lugar a que nuestro pueblo pueda dejar de ser esclavo del pasado, para poder construir un futuro mejor, que se lo debemos a las futuras generaciones.

El perro por Esteban Pérez

Las actas del Tribunal de Honor (sin honor) que juzgó a Gilberto Vázquez, no traen a conocimiento público ninguna novedad. Las FF.AA. sabían y saben lo que hicieron y el pueblo no sólo lo sabía, sino que además lo sufrió en carne propia, porque prácticamente no hay familia uruguaya que no tenga algún familiar o conocido torturado, asesinado o desaparecido.

También lo sabía y sabe la clase política toda: unos por víctimas y otros por cómplices.

Pese a los cadáveres encontrados enterrados en dependencias militares se seguía negando la desaparición de detenidos y niños y seguramente lo seguirán negando pese al confeso y no arrepentido Gilberto.

Es fácil limpiarse las manos en el uniforme de ese siniestro y sincero personaje. Pero la realidad es que toda la oficialidad y la tropa de ese entonces fueron arte y parte de los crímenes de lesa humanidad cometidos, ninguno puede alegar ignorancia.

Las Fuerzas Armadas en el sistema capitalista, son el perro rabioso de la burguesía (con el perdón de la noble especie) atado en el fondo del Estado.

Cuando la clase dominante ve crecer las organizaciones populares y peligrar sus intereses, no duda ni tiene piedad a la hora de largar sobre el pueblo la feroz bestia para que siembre el terror y aniquile hasta el último embrión de poder popular.

Es entonces la oligarquía uruguaya cómplice y autora intelectual de todas las atrocidades cometidas. Lo es también el imperialismo yanqui impulsor y sostén de las dictaduras en América Latina.

Son cómplices quienes con rebuscados argumentos políticos han fomentado y fomentan olvidos y transas con la bestia.

Lo son también quienes votaron la Ley de Caducidad, quienes evitaron el ingreso de la Justicia a los cuarteles y quienes claman por “los pobres viejitos” negándose, además, a votar desafueros solicitados por la jaqueada Justicia nacional.

No necesitamos ni queremos Fuerzas Armadas que sean ejército de ocupación de su propio pueblo con desmesurado presupuesto; necesitamos el de Artigas traicionado por Rivera y Lavalleja.

La esencia del ejército artiguista era pueblo en armas consultado permanentemente en asamblea, presto a defender la causa de Los Pueblos Libres y privilegiando a los más infelices.

La felicidad que pregonaba don José Gervasio no vendrá sino cuando se desmantele el ejército de la burguesía, permanente amenaza a la libertad y la democracia, y volvamos a tener milicias populares.

Las actas del (des)honor y un problema irresuelto por Damián Recoba

El conocimiento de las actas del Tribunal de Honor del ejército que contienen las declaraciones de Gilberto Vázquez en 2006, vuelve sobre un tema irresuelto en la década y media del FA en el poder: la impunidad de los militares. Más allá de las atrocidades relatadas por Gilberto Vázquez, que deberían investigarse y debiera ser la justicia junto a los abogados y organizaciones de DDHH los que determinen la veracidad de las informaciones, lo que llama la atención es que hayan estado “encajonadas” durante 14 años.

La versión de los exjerarcas que aseguran no haber conocido el contenido de las actas sugiere dos alternativas: o el poder de mando sobre las FFAA era demasiado restringido y los altos mandos militares fueron capaces de “jopear” la información, o estamos en presencia de un ocultamiento por parte de la administración frentista. Es importante recalcar que una de las formas en las que el FA buscó tener un mayor control sobre las FFAA fue canjeando impunidad a los militares por un mayor control político sobre la fuerza. Quién llevó esta línea hasta las últimas consecuencias fue Fernández Huidobro. El papel de José Bayardi en el primer mandato del FA como subsecretario de defensa y luego como ministro no es menor. No en vano fue el hombre de confianza de Vázquez que vino a ordenar los papeles en 2019 posteriores al escándalo Gavazzo.

Lo que emerge nuevamente es la cultura del pacto llevada a cabo por las distintas alas del régimen político con el poder militar y a su vez el compromiso de la casta política con la preservación de la institución FFAA como un factor importante de las administraciones pos-dictadura. Los tribunales de (des)honor en los ejércitos, denunciados por el Dr. Pablo Chargoñia como instituciones que vienen desde la Edad Media, son una clara muestra de esos privilegios de casta que mantiene el cuerpo armado. Privilegios que se suman al trillado tema de la caja militar y a la misma impunidad que les ha otorgado el sistema político con la Ley de Caducidad e innumerables mecanismos de evasión de la justicia.

Otro aspecto que llama poderosamente la atención es que esta polémica se instale a días de la sesión del senado que debía tratar el desafuero de Manini Ríos, que finalmente fue postergada. Algo sugiere que en esta “operación” por parte del gobierno, además de mostrar las inconsistencias de las gestiones pasadas entre el discurso y la práctica política, también es funcional a la protección del líder de CA y a potenciar el discurso que históricamente han llevado adelante los partidos tradicionales y los sectores vinculados a las propias FFAA que buscan pasar la página y clausurar la historia, así como está.

Un régimen de impunidad por Lucía Siola

Una nueva revelación de actas del Tribunal de Honor de las Fuerzas Armadas, esta vez realizado en 2006 al coronel retirado condenado por delitos de lesa humanidad Gilberto Vázquez ha generado un gran revuelo político. En ellas, el militar confiesa haber ejecutado, secuestrado, torturado a numerosas personas en el marco de la dictadura. Confirma, además, la existencia del segundo vuelo de la muerte en 1976, que había sido negado por Gavazzo. Las actas prueban nuevamente algo que, desde las organizaciones de Derechos Humanos, de las organizaciones de trabajadores y estudiantiles, así como desde la izquierda extra FA, se ha venido señalando hace años; la defensa de la impunidad por parte de los mandos del Ejército y del conjunto del régimen político desde 1985 a la actualidad, en relación a los crímenes de la dictadura.

La revelación que denuncia Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos tiene lugar cuando se discute en el Senado el desafuero de Manini Ríos, producto de su actuación y responsabilidad en el Tribunal de Honor que juzgó a Gavazzo donde este confiesa haber torturado y asesinado al militante Roberto Gomensoro.

De alguna manera, la paradoja de todo esto, es que los blancos que gobiernan en alianza con el ultraderechista militar Cabildo Abierto estén reivindicándose (demagógicamente claro está) como defensores de los derechos humanos, por haber entregado la información de esta nueva documentación a las organizaciones de DD.HH y haberlas remitido a la justicia y al parlamento, mientras que el ex presidente Tabaré Vázquez homologó el fallo y el ex ministro Bayardi negó en 2019 la documentación solicitada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos.

A esta altura es prácticamente imposible negar la complicidad y responsabilidad del Frente Amplio con la impunidad. Desde el Pacto del Club Naval, pasando por un amplio prontuario en sus tres administraciones; su actuación en el plebiscito de 2009 y su negativa a anular la ley de caducidad mediante el uso de su mayoría parlamentaria, las obstrucciones del ex ministro de Defensa Fernández Huidobro al acceso de la Justicia a los batallones del Ejército, la cárcel VIP para los torturadores, el punto final de Vázquez y las declaraciones de Mujica afirmando “que no quería ver más viejitos presos”, llamando a la reconciliación, la negativa a abrir los archivos y documentación estatal y militar de la dictadura, la designación de Manini Ríos como Comandante en Jefe del Ejército, hasta las actuales y escandalosas homologaciones a los fallos de los Tribunales de Honor en el caso Gavazzo y ahora Gilberto Vázquez.

A las notables justificaciones de firmar sin leer el expediente de las declaraciones de Gavazzo, ahora se suma, el que no habrían sido notificados, o por decirlo mal y pronto, habrían sido puenteados por los militares.

Lo cierto es, que en la actualidad todos los partidos del régimen han defendido, y defienden el régimen de la impunidad. El combate a la avanzada derechista, a la política de guerra contra los trabajadores y sus derechos, y la lucha por la verdad, el juicio y el castigo, deben realizarse con independencia política de los partidos responsables del encubrimiento y de la impunidad. El desafuero de Maniní debe ser el primer paso para sentar en el banquillo de los acusados a todos los responsables, a los directos y a los cómplices, algo que sólo se podrá lograr con la movilización popular.

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