Por ser esta nuestra última entrega de 2021, analizaremos tres temas cruciales que definen claramente el perfil regresivo, represivo y clasista de la coalición de derecha que nos gobierna hace 21 meses. En este lapso, la catarata de acontecimientos, incluyendo la paralización del país durante más de un año a consecuencia de la pandemia, fue jalonada por graves retrocesos en las conquistas sociales consagradas durante las tres administraciones progresistas.
En primera instancia, nos referiremos a la caída en picada del salario real medida por la diferencia entre los ingresos de los trabajadores y el Índice de Precios al Consumo (inflación), que confirma los estragos que están provocando las políticas recesivas del gobierno.
Según el último informe oficial del Instituto Nacional de Estadística, que es una dependencia del gobierno, el salario real experimentó un decrecimiento, en términos reales, del 5,60% en los primeros diez meses del año y del 5,64% en los doce meses corridos.
El reporte confirma el descomunal deterioro del poder de compra de la clase trabajadora desde que asumió la nueva administración, en un contexto de aguda crisis económica y social.
Obviamente, esta coyuntura no es meramente atribuible a los efectos de la epidemia, sino al retroceso derivado de medidas de ajuste aplicadas por el gobierno multicolor, consagradas en los recortes incluidos en la ley de presupuesto quinquenal,
la falta de respuestas a las demandas de los uruguayos en la última ley de Rendición de Cuentas y la regla fiscal establecida por la LUC, que otorga discrecionalidad al Poder Ejecutivo para no ejecutar partidas presupuestales.
En este caso, todos los números son negativos, tanto en la medición mensual como en la anual, lo cual confirma los oscuros pronósticos de analistas independientes y da por tierra con los anuncios excesivamente optimistas del oficialismo, de que se pudiera recuperar a mediano plazo los niveles de pre-pandemia.
Si bien en el segundo semestre se verificó una recuperación del nivel de actividad y de la tasa de empleo, lo que avizora un escenario de reactivación, la tendencia no es generalizada y no derrama sobre el conjunto de la sociedad.
En efecto, en un modelo concentrador regido por las reglas del mercado y con mínima presencia del Estado como la que rige durante este período de gobierno, la distribución de la riqueza tiene un componente asimétrico.
Es decir, la plusvalía se la apropia el gran capital (los malla oro), que se engullen el bocado del león, y lo que sobra se destina a financiar los costos de producción, en los cuales está naturalmente incluido el salario.
Ello corrobora que la teoría del derrame que siguen pregonando los tecnócratas neoliberales es una auténtica farsa, como lo explican los autores de “La torta y las migajas”, el formidable ensayo crítico publicado en 2011 por la Red de Economistas de Izquierda del Uruguay.
Este grave retroceso está naturalmente enrabado con el aumento de la conflictividad, que ha generado una virulenta reacción del oficialismo, que vuelve a cuestionar, como en el caso de la LUC, el democrático ejercicio del derecho de huelga, que está amparado por el artículo 57 de la Constitución de la República.
En ese marco a las críticas del presidente Luis Lacalle Pou, se sumó la intención manifiesta del líder de Cabildo Abierto senador Guido Manini Ríos, quien se propone reflotar un proyecto de ley de su fuerza política destinado a reglamentar la actividad sindical.
“Paros extorsivos en los frigoríficos, en el puerto, en el transporte, en la refinería de Ancap. ¿No será hora de ponerle límite a tanto atropello?», declaró este generalote devenido político, que no se puede desprender de la impronta autoritaria y gorila que le impregnó su pertenencia en el pasado a un ejército golpista.
Por supuesto, su iniciativa fue apoyada de inmediato por el senador nacionalista Sebastián Da Silva, un connotado oligarca y anti-sindicalista, que, por su lenguaje ofensivo y chabacano, se identifica más con un “barra brava” que con un legislador.
Las reflexiones de Manini nos inducen a evocar otros intentos de reglamentación de la actividad sindical de cuño netamente fascista, particularmente la denominado ley de asociaciones profesionales aprobada durante la dictadura por el decreto ley 15.137, durante la gestión del tristemente célebre Ministro de Trabajo y Seguridad Social, coronel Néstor Bolentini.
Por supuesto, dichas organizaciones distaban de ser sindicatos y no podían ser integradas por dirigentes proscriptos, en un contexto en el cual la Convención Nacional de Trabajadores (CNT) había sido declarada fuera de la ley.
¿Qué credenciales tienen Manini y su partido para pretender reglamentar a los sindicatos y, por ende, el legítimo derecho a la protesta dentro del marco legal? Si quieren menos conflictividad, que el gobierno que integra no baje más los salarios y jubilaciones y no siga hostigando como hasta ahora a los sindicatos.
En esta nota reflexionamos también sobre una medida clasista adoptada por el Ministerio de Desarrollo Social, que limita el uso de la Tarjeta Uruguay Social a la compra de comestibles y productos de limpieza, en un claro testimonio de discriminación hacia los uruguayos más vulnerables.
Los tres temas constituyen un contundente testimonio de la tendencia de este gobierno a hacer retroceder los relojes de la historia, acentuando la concentración del capital y las asimetrías sociales y apostando a la confrontación en clave autoritaria.
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