El gobierno, corroborando su intolerancia, rechazó los planteos contenidos en la batería de medidas de 10 puntos presentada por el Frente Amplio y se encamina a ignorar las propuestas del PIT-CNT, para mitigar los estragos provocados por la inflación y así amparar a los sectores más vulnerables. La respuesta de oficialismo corrió por cuenta del propio presidente Luis Lacalle Pou, quien reflexionó que “cualquiera puede presentar propuestas”, olvidando que el FA es el partido más votado hace 23 años. Otro vocero del contubernio gubernamental, el senados cabildante Guido Manini Ríos, desestimó el paquete de soluciones presentados. “Una parte son las mismas que habíamos propuestas hace ya un tiempo y otras, creo yo, son para la tribuna, para dejar contenta a la gente. A todo el mundo le gusta que le digan que se van a congelar precios de combustibles, que se van a subir salarios, y después hay que ver la realidad”, declaró el legislador. La descalificación de las medidas por parte de Manini Ríos fue respondida de forma inmediata por parte de algunos legisladores del FA, quienes replicaron al curul de Cabildo Abierto. Alejandro Sánchez, senador del Movimiento de Participación Popular, respondió al ex comandante en jefe del Ejército, recordándole que demagogia es haber prometido “50 mil viviendas y después decir que no es posible hacerlas”. “Demagogia es armar un fidecomiso para los asentamientos y que no haya caído un peso en los barrios pobres. Demagogia es tener mucha ‘suerte de estancia’ y sacarles fondos a los pobres del campo”, agregó el parlamentario del FA. Obviamente, omitió también que demagogia es que el ex jerarca militar prometió que renunciaría a sus fueros para presentarse ante la Justicia, pero se amparó en ellos para no ser imputado por el delito de omisión, por no denunciar las confesiones del criminal José Gavazzo ante un tribunal militar de honor. Por supuesto, la bancada del FA criticó a Manini por ser un mero mandadero del Partido Nacional y por votar todas las leyes que aquel propuso, sin advertir que integra el gobierno. Empero, el que salió a la palestra fue también el octogenario dinosaurio colorado Julio María Sanguinetti, quien parangonó las demandas del FA con “el país de la Alicia de las maravillas”, alegando que se requiere financiación para aplicar las medidas propuestas. Por supuesto, las impertinentes respuestas de tan conspicuos miembros del contubernio multicolor obtuvieron una fulminante réplica de la oposición, que acusó al gobierno de no comprender la realidad y de no cumplir sus promesas de campaña cuando anunció que no subirían más los combustibles y las tarifas públicas y se mantendría el poder adquisitivo de la población. Obviamente, sucedió todos lo contrario: los combustibles aumentaron 8 veces en 15 meses de gobierno, trepando su valor a bastante más del 40% con respecto a los precios de enero de 2021, las tarifas siguieron siendo ajustadas pese a tener espalda financiera y los salarios y jubilaciones no han dejado de caer. Ante la inacción del oficialismo, que anunció ajustes de las jubilaciones del 3% y a los empleados púbicos del 2% a partir de julio en calidad de adelanto a cuenta, la izquierda presentó sus propias propuestas. En efecto, le persistente espiral inflacionaria licuará las paupérrimas mejoras anunciadas, que no suponen recuperación de los ingresos de las familias uruguayas y no darán siquiera para paliar el aumento de precios del primer trimestre del año (4,42%). Por supuesto, ignoran el rezago de asalariados y pasivos de 2020 y 2021, que parece haber pasado al olvido. La plataforma incluye una inmediata convocatoria a los Consejos de Salarios, con pautas que contemplen la recuperación salarial e incrementos especiales para funcionarios públicos y jubilados. En particular, el Frente Amplio reclama aumentos diferenciales para los trabajadores rurales en aquellos sectores que tuvieron en el último año “ganancias extraordinarias”, debido a los altos precios que obtuvieron por su producción. Aunque las propuestas del PIT CNT presentadas al presidente de la República –cuya implementación cuesta 300 millones de dólares- coinciden en lo sustantivo con las del FA, sugieren fuentes de financiamiento, que pasan por gravar al gran capital mediante un aumento transitorio del impuesto al patrimonio en un 10% para todas aquellas personas y empresas que pagaron dicho tributo los años anteriores y no tuvieron resultados negativos, subir el IRAE del 25% a 35% a las empresas que tengan una renta neta superior al 1.000.000 de dólares anuales y crear un impuesto transitorio a las empresas exportadoras cuyos precios de destino se hayan incrementado al menos un 20% con respecto al año anterior. Ahora, la Ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, anunció que se crearon 70.000 nuevos empleos este año, sin aportar pruebas irrefutables de sus aseveraciones ni explicar la contradicción entre sus dichos y el crecimiento de la desocupación. Debería darle vergüenza considerar empleado a quien cobra menos de 25.000 pesos mensuales, como sucede en el caso de casi 900.000 uruguayos, lo cual equivale a más de la mitad de la fuerza laboral. Con ese ingreso, si alquila una mera pieza de pensión, la persona debería seguir alimentándose en comedores u ollas populares. Obviamente, es una utopía que el gobierno atienda los reclamos y meta la mano en el bolsillo de la burguesía parásita y rentista, porque ello iría contra sus propios intereses de extracción oligárquica.
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