El pedido de destitución del Fiscal de Corte Jorge Díaz por parte del partido ultraderechista Cabildo Abierto, detonó un escándalo político de proporciones, que vuelve a poner en cuestión la sostenibilidad de un gobierno multicolor salpicado de resabios autoritarios y espasmos antidemocráticas.
Este nuevo bochorno se originó en la decisión del propio Díaz de investigar a la fiscal de Carmelo Natalia Charquero, quien dispuso el archivo de la causa penal que imputaba al ex intendente de Colonia Carlos Moreira, por presunto abuso de funciones y concusión, al prometer pasantías a cambio de favores sexuales.
Como se recordará, el escándalo estalló en octubre del año pasado en plena campaña electoral, cuando se difundieron dos audios muy comprometedores en los cuales el ex jefe comunal realizaba insinuaciones subidas de tono a una edila blanca.
El dictamen –ulteriormente apelado- fue diligenciado inicialmente por la fiscal Eliana Travers, quien dispuso el archivo de la causa, al concluir que “no había elementos suficientes” para imputar al denunciado.
Este episodio despertó sospechas, según el también ex intendente Walter Zimmer –que pertenece al mismo partido político que Moreira- quien advirtió sobre vínculos familiares entre el acusado y la magistrada.
En ese contexto, la causa recaló en la fiscalía a cargo de Natalia Charquero, quien ratificó la decisión de solicitar el archivo del expediente judicial y dar por laudado el caso.
La resolución adoptada por Díaz, cuya destitución es reclamada por Cabildo Abierto, se basa en supuestas implicancias de la funcionaria con el acusado, ya que esta militó activamente en el Partido Nacional durante la campaña electoral de 2014.
Si bien Charquero ya no integra las filas del nacionalismo, dos de sus familiares directos –que son militantes orgánicos de la colectividad- ocupan actualmente cargos de confianza política en el gobierno.
En efecto, José Charquero, padre de la fiscal, fue designado en junio pasado como director de Recursos Humanos de la UTU y su madre, Adriana Martínez es, desde el pasado mes de marzo, la directora del Registro Civil.
Evidentemente, tanto la cuestionada magistrada como su colega Eliana Travers, debieron haber declinado participar en la instancia procesal, acorde con las normas de incompatibilidad vigentes. Sin embargo, no lo hicieron, lo cual alienta naturales suspicacias.
Empero, sin entrar a cuestionar la sustentabilidad del fallo que exoneró a Carlos Moreira, lo realmente grave es la extemporánea y destemplada solicitud de Cabildo Abierto al reclamar la destitución de Jorge Díaz, lo cual constituye un nuevo y artero ataque de esa colectividad contra la independencia de los magistrados.
Al respecto, el propio diputado Eduardo Lust consideró que si el Poder Ejecutivo no concreta la remoción del fiscal de Corte, Cabildo Abierto debería abandonar la coalición de gobierno.
Evidentemente, pese a ser un militar, Guido Manini Ríos- quien explicó que la participación de CA en el oficialismo no corre peligro- no logra disciplinar a su tropa. En efecto, no es la primera vez que un legislador de dicho conglomerado derechista rompe el verticalismo y genera dolores de cabeza al presidente Luis Lacalle Pou, quien está pagando el precio de sumar los votos de un aliado incómodo para ganar las elecciones.
Tampoco es nuevo que CA critique a la Justicia y en particular a los fiscales. Al respecto, vale recordar los furibundos ataques verbales del propio Manini Ríos contra el fiscal Rodrigo Morosoli, quien solicitó su desafuero para que enfrente una imputación por omisión cuando era comandante en jefe del Ejército. La acusación se origina en la actitud de Manini de ocultar, durante casi un año, las graves confesiones del represor José “Nino” Gavazzo ante un tribunal de honor, lo cual constituye de por sí un delito.
Seguramente, Manini no será despojado de sus fueros parlamentarios, pese a su voluntad explícita para acudir a los estrados judiciales como un ciudadano común. Sin embargo, su actitud de dejar en libertad de acción a su propio partido –a todas luces contradictoria- configura ciertamente una bochornosa fantochada.
Los cuestionamientos a la Justicia de Cabildo Abierto han sido reiterados. No en vano, el senador coronel ® Raúl Lozano criticó ácidamente el procesamiento del soldado retirado Leonardo Vidal Antunez, quien, en 1972, asesinó de un disparo por la espalda al preso político tupamaro Nelson Barrera.
Ello se suma a las destempladas expresiones del propio Manini Ríos, quien condenó el enjuiciamiento del capitán retirado Lawrie Rodríguez, imputado por el asesinato de Iván Morales Generalli, dirigente de la Federación Anarquista del Uruguay-Organización Popular Revolucionaria 33 (OPR 33), perpetrado durante la dictadura.
Asimismo, también acusan a Jorge Díaz de eventuales presiones sobre los fiscales y de supuesta connivencia con la izquierda, lo cual constituye un atropello, ya que su probada imparcialidad no está en tela de juicio. No en vano, durante el último gobierno del Frente Amplio, fueron procesados el hoy ex vicepresidente de la República Raúl Sendic y el ex diputado del FA Daniel Placeres, sin que nadie interfiriera en dichas instancias judiciales.
Cabildo Abierto es un engendro de dudosas credenciales democráticas, porque está integrado, entre otros, por notorios ex represores y por personas de explícita ideología fascista.
Empero, el presidente de la Republica es un rehén de este conglomerado derechista, que es un socio clave de la coalición multicolor, sin cuyos votos sería inviable gobernar.
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