Apenas 24 horas después de haber asumido la presidencia de la República, Luis Lacalle Pou violó groseramente la Constitución de la República, participando -desde su investidura y en calidad de invitado especial- en un oficio religioso celebrado por la Iglesia Católica en la Catedral Metropolitana.
En ese contexto, el mandatario multicolor transgredió el artículo 5º de Carta Magna, el cual consagra que “el Estado no sostiene religión alguna”, principio refrenado –hace más de un siglo- por la Constitución de 1918, que entró en vigencia el 1º de marzo de 1919, culminando el proceso de secularización de nuestro país.
Desde entonces, con el poder político separado del religioso por voluntad del soberano democráticamente expresada en el plebiscito del 25 de noviembre de 1917, los gobernantes no volvieron a participar en calidad de tales en actividades religiosas.
En consecuencia, la presencia del primer mandatario en la denominada “oración por la patria” convocada por la Iglesia Católica, rompe con una larga tradición que violenta el principio de laicidad
Incluso, la Iglesia Metodista se negó a participar pese a recibir la invitación, aduciendo que afecta la laicidad y porque “no existen antecedentes de celebraciones religiosas de este tipo, lo que puede dar a entender que se jerarquiza una corriente sobre otras».
Por más que en la celebración tomaron parte otras congregaciones, la actitud de Lacalle Pou y de algunos de sus ministros constituye una auténtica afrenta a la mayoría de los uruguayos que no profesan ninguna religión.
En efecto, el hecho que el jefe de Estado, con buena parte de su gabinete ministerial ocupara lugares reservados en primera fila en la Catedral, transforma el acto en oficial. Incluso, el propio portal de la Presidencia de la República dio cuenta de esa actividad, mediante un amplio despliegue informativo ilustrado por fotos.
Al respecto, según el Latinobarómetro sólo un tercio de la población uruguaya manifiesta tener fe católica. Asimismo, sólo una de cada diez personas concurre asiduamente a misa.
No es un dato menor que el arzobispo de Montevideo Daniel Sturla, que recibió a Lacalle Pou en la puerta del templo religioso, sea amigo personal del actual Presidente de la República.
Asimismo, fue él quien casó al hoy mandatario con Lorena Ponce de León, el 9 de junio de 2000 en la propia Catedral y el que bautizó a los tres hijos del matrimonio.
Además, es pertinente recordar que el religioso fue hermano del desaparecido ex diputado del Partido Nacional Héctor Martín Sturla, quien, en 1986, fue corredactor de la inconstitucional Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que perdonó los delitos de lesa humanidad perpetrados en la dictadura liberticida que asoló a nuestro país durante doce años.
Víctor Rodríguez Otheguy, de la Asociación Uruguaya de Libre Pensadores, consideró que la misa fue una clara violación de la laicidad, rebatiendo el argumento del propio Lacalle, quien justificó su participación en la celebración.
“Laicidad y laicismo son conceptos relacionados. Laicismo es la concepción que sustenta el principio de laicidad. Tan es así que el diccionario de la RAE, institución a la que no se puede tildar de antirreligiosa, señala ambos conceptos como relacionados íntimamente y expresa que se establece una separación entre Iglesia y Estado”, precisó el analista.
Más allá de eventuales implicancias, no es la primera vez que la Iglesia Católica con todo su poder de concientización de depositaria del inmutable dogma de fe de sus fieles, le hace una guiñada a la derecha, a la cual la unen sus consabidas concepciones conservadoras de la sociedad.
En abril de 2019, antes del comienzo del largo proceso electoral, la Conferencia Episcopal del Uruguay que reúne a todos los obispos del país, advirtió que “estamos sufriendo en Uruguay una auténtica colonización ideológica”
“Por eso, los obispos queremos destacar aquellos elementos fundamentales que, según la visión cristiana de la existencia y de la doctrina social de la Iglesia, deberían estar presentes a la hora de discernir las opciones electorales”, destaca el documento.
Al respecto, se alude al valor de la vida, desde su concepción hasta la muerte natural. “Creemos que toda la vida humana tiene un carácter sagrado. Este criterio no es compatible con los abortos que se realizan”, expresan los prelados.
En otro orden, acusan al Estado, es decir al gobierno frenteamplista de turno, de difundir “una visión de la persona y su sexualidad encaminada a la deconstrucción de la familia”.
También imputan al oficialismo haberse apropiado “del derecho y el deber primario de los padres de educar a sus hijos según su escala de valores” y de “darle, desde la infancia, una visión deformada”.
En otro orden, la Iglesia cuestiona los problemas en materia de seguridad ciudadana, la alta tasa de desempleo, las dificultades económicas del agro y el deterioro de la seguridad social.
Finalmente, la Conferencia Episcopal expresa: “alentamos a todos los hermanos en la fe y a los que, sin compartirla, escuchan nuestra voz, a comprometernos como ciudadanos para construir un Uruguay que siempre queremos más justo y más libre”.
Dado el tenor crítico del texto, es obvio que esta última reflexión desliza claramente una implícita expresión de deseo de que sobrevenga un cambio, para generar “ese Uruguay más libre” al que aluden los religiosos.
Este documento se suma a otros pronunciamientos de la Iglesia Católica, que se opone tajantemente a algunas leyes que consagran derechos ciudadanos aprobadas durante los gobiernos del Frente Amplio.
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