VACUNA: ¿Laica, gratuita y obligatoria?

La epidemia de Covid seguramente va a amainar con la vacunación masiva de la población. Pero esto trae otro tipo de problemas. En la medida que la vacunación es voluntaria puede haber mucha gente que opte por no vacunarse. En estos días se propone una ley para limitar el acceso de gente sin vacuna a espectáculos públicos.

¿Cuál debería ser la política con la vacuna? ¿Así cómo se exige la vacuna antitetánica para el carnet de salud y por ende para trabajar, no debería incluirse también la vacuna anti covid? ¿Se debe exigir al personal de salud y docentes por ejemplo que se vacunen obligatoriamente? ¿Qué pasa con otras profesiones? ¿Se exigirá la vacuna para otorgar un trabajo o acudir a un centro lectivo? ¿Debe Uruguay ser parte del pasaporte sanitario que ya se estudia en Europa? ¿Cuánto de discriminatorio tendría esta medida? ¿La obligatoriedad es una limitación a la libertad individual? ¿Convencer u obligar? ¿Quién decide no vacunarse no viola el espíritu del delito de peligro para quienes pongan en riesgo la salud, que está por aprobarse en estos días en el Parlamento?

¿Qué nos está pasando a los uruguayos? por Max Sapolinski

En los últimos tiempos una constante se ha instalado en la sociedad uruguaya: discutir incansablemente sobre todos los temas de actualidad hasta llegar en muchos casos al agravio y el ataque destemplado. Tal parece ser el caso de la nueva cuestión establecida, las vacunas.

Hasta el momento he intentado infructuosamente desentrañar si la dimensión y el talante de las discusiones que se advierten efectivamente son las que reinan o simplemente es la ilusión de amplificación que las redes sociales imponen en nuestro raciocinio.

Lo cierto es que, si efectivamente podemos llegar a tal nivel de discusión sobre este y otros temas de actualidad, más que cuestionarme sobre la política de vacunación a desarrollar me pregunto ¿qué nos está pasando a los uruguayos?

Nos cuestionamos sobre la pertinencia de vacunarnos o no, sobre el origen de las vacunas, sobre si admitiremos que exista un pase que conste si nos vacunamos, sobre si podrá exigírsenos estar vacunados para poder trabajar o entrar a un bar o centro de espectáculo.

No hay que ser muy veterano para conocer el Uruguay del que nos enorgullecíamos por el avanzado estado de nuestro sistema de salud y en particular por el sistema de vacunación obligatorio que logró alcances extraordinarios en preservar el nivel sanitario de los pobladores de nuestro país.

Gracias a dicho sistema hemos erradicado la viruela, prácticamente eliminado el polio, el sarampión, la rubeola, logramos controlar la difteria, el tétanos, el tétanos neonatal, la tos convulsa, la meningitis, la hepatitis B, la parotiditis, la hepatitis A, la influenza.

Sin embargo, en los tiempos actuales, gracias a un celular provisto de Twitter, Facebook o Instagram nos sentimos los Sócrates de los tiempos modernos filosofando y cuestionándonos todo.

Antes no preguntábamos el origen de las vacunas que nos inoculábamos. Tengo el recuerdo de mi niñez, cuando ante una epidemia de meningitis vacunaban en las escuelas a todos los alumnos y nadie cuestionaba nada ni preguntaba de dónde venía la vacuna.

Tampoco nunca nos cuestionamos que se exija el carnet de salud para poder obtener un trabajo. Ni objetamos que se prohíba fumar en un lugar cerrado.

¿Será acaso un desborde pretender que el personal de salud que nos atiende o los docentes que educan a nuestros hijos se vacunen para preservar su salud y la de sus pacientes y educandos? Casi parece una broma de mal gusto que haya personal de la salud que se niega a vacunarse.

La cuestión no es entre el avasallamiento de las libertades y el derecho de no vacunarse. La cuestión a esta altura es (y se me permitirá demostrar la rabia que me provoca esta discusión) entre preservar el sistema sanitario del que siempre nos enorgullecimos que permite un nivel envidiable de salud de la población y la estupidez contra la cual parece que no se ha inventado una vacuna.

 La libertad, bien entendida. Por Felipe SchipaniEn referencia al principio de libertad, el filósofo inglés John Stuart Mill señalaba que el individuo tiene libertad de acción sobre todo aquello que no afecte a los demás. La única razón legítima por la que una comunidad puede imponer límites a cualquiera de sus integrantes es la de impedir que se perjudique a otros miembros. En lo que no importa a nadie más que a uno mismo, la libertad de acción es absoluta.  Con tal alcance el principio de libertad es recogido en nuestra Constitución Nacional, que con criterio garantista dispone que tal principio y derecho fundamental, solo puede ser limitado por razón de interés general mediante norma legal que lo establezca.Bajo esta premisa debe enfocarse el debate sobre la vacunación contra la COVID-19. Como es sabido, para que la vacunación tenga el efecto deseado, y alcancemos la tan deseada inmunidad de rebaño, en el entorno del 70% de la población mayor de 18 años debe vacunarse, de acuerdo con los porcentajes manejados por el Ministerio de Salud Pública. Esto supone que vacunarse no es solo una cuestión de libertad individual, sino también es una responsabilidad que tenemos como integrantes de una sociedad. La vacunación no solo repercute en la salud de la persona que se inocula, sino también influye en la salud del resto de la sociedad. En el marco del concepto de libertad responsable, no se ha optado por establecer la obligatoriedad legal de la inoculación contra la COVID-19, por lo cual las personas tienen el derecho a no vacunarse.  El ejercicio de ese derecho tiene en este caso consecuencias negativas directas en la salud pública, de modo que resulta absolutamente necesario que sea la ley la que establezca mecanismos para proteger la salud de las personas potencialmente vulneradas.En tal sentido hemos propuesto que en el marco del derecho de admisión los organizadores de espectáculos públicos y responsables de espacios privados de acceso público tengan la potestad -no se trata de una imposición- de requerir la certificación de vacunación contra la COVID-19 para permitir el ingreso. Asimismo, planteamos que se contemple la situación de las personas que por prescripción médica no han podido vacunarse, así como también las que por razones ajenas a su voluntad tampoco lo han podido hacer.A través de este proyecto de ley que presentamos, en primer lugar buscamos promover la inoculación masiva como principal herramienta para el regreso de la normalidad, la protección de la salud comunitaria y con esta, la protección del trabajo de nuestra gente y la economía del país. En segundo lugar, proteger y amparar el derecho de la población a participar de espectáculos públicos y espacios privados de uso público, de la forma más segura para la salud, dotando de herramientas a los responsables u organizadores para contribuir a la prevención de contagios. Es absolutamente legítimo que el responsable de un establecimiento en ejercicio del derecho de admisión pretenda hacer de su negocio un lugar lo más seguro posible desde el punto de vista sanitario, como también que las personas quieran concurrir a espacios donde no corran tantos riegos de contagio. Por su parte, la promoción de estos espacios puede ser una forma de contribuir a reactivar la actividad de los distintos sectores comerciales que en virtud de la pandemia se han visto sumamente perjudicados.Somos un país de avanzada en muchos aspectos, porque impulsamos trasformaciones mirando lo que hacía el mundo desarrollado. Esa esencia hoy nos debe sigue inspirando.

Derechos, libertades, e intereses. Por Juan Pablo Grandal

A lo largo del año pasado y el actual, en el contexto de la pandemia, se ha discutido mucho qué deben priorizar los gobiernos a la hora de lidiar con esta situación: la salud o la economía. En anteriores columnas en este Semanario he argumentado que se ha generado una falsa dicotomía, y que no se puede cuidar una sin cuidar la otra. Pero hay otra dicotomía que se hace presente en las discusiones sobre cómo lidiar con la pandemia y la crisis socio-económica que ha generado: libertad – seguridad.

Hay frases famosas que aluden a esta dicotomía, y generalmente desde el liberalismo clásico se ha ridiculizado a quien elige seguridad sobre libertad. Benjamin Franklin por ejemplo decía que “quien renuncia a su libertad por seguridad, no merece ninguna de ellas”. Personalmente me encuentro en desacuerdo con este pensamiento. Pienso que sin una autoridad (en nuestro caso, el Estado) que ofrezca un marco suficiente de estabilidad y seguridad (tanto desde el punto de vista de la integridad física como también de la economía), hablar de libertad es imposible. En ese sentido me encuentro mucho más cerca del derecho positivo que del derecho natural. Tenemos derechos y obligaciones porque existe una autoridad que garantiza nuestros derechos y establece nuestras obligaciones. En la naturaleza no existen derechos ni obligaciones, solo la ley del más fuerte.

En este marco podemos discutir la cuestión de hoy. El dominio total sobre el propio cuerpo ha estado muy presente en discusiones variopintas en lo que va de este siglo. Un ejemplo muy claro es el eslogan de “mi cuerpo, mi decisión” utilizado como reivindicación de la legalización del aborto. El argumento detrás del eslogan es “el derecho a hacer lo que quiera con mi propio cuerpo es inherente a mi condición de ser humano, y al no permitirlo el Estado me lo arrebata”. Argumento claramente desde el derecho natural. Lo mismo sucede con la vacunación. Existe un sector no menor en nuestra sociedad que desconfía o abiertamente rechaza la posibilidad de recibir una vacuna contra el COVID-19. El argumento es el mismo. “Es mi cuerpo y me vacuno si quiero”.

Desde mi punto de vista, entiendo a la gente que siente desconfianza ante las farmacéuticas y organismos internacionales que promueven la vacunación. Como gente sin acceso alguno al poder, lo que sucede en las esferas de poder concentrado nos es ajeno y cuando afecta tan directamente nuestras vidas, tiende a generar sospecha. Creo que muchas veces se ridiculiza sus posturas cuando son de lo más esperables. Se pide confianza ciega en organismos que jamás han demostrado merecer siquiera confianza crítica, mucho menos ciega.

De todas formas, como dije anteriormente, considero que en una sociedad en que rija una relativa libertad, los intereses colectivos deben ser superiores a los individuales. Todos somos plenamente conscientes de que la vacunación de una mayoría absoluta de la población es requerida para volver a algo parecido a la “vida normal”. En la actualidad 29,6% de los uruguayos sufren inseguridad alimentaria, con un 6,4% sufriendo inseguridad alimentaria grave. Hay un número importante de uruguayos pasando hambre. Y esto no se puede jamás reducir significativamente si no se vuelve a la vida normal y la economía vuelve a funcionar normalmente. Considero que el Estado debe utilizar todos los mecanismos permitidos por la Constitución y las leyes para promover la vacunación, y facilitarla. Siempre va a existir una minoría que elija no vacunarse, y si es lo suficientemente pequeña tampoco sería un problema. Pero se debe velar siempre por los intereses de las mayorías. A fin de cuentas, para eso existe el Estado.

Vacunas y derechos. Por Danilo Arbilla

Vacuna universal y gratuita y sobre esto no puede haber dos opiniones, creo. Pero no obligatoria; cada uno tiene derecho a optar. Es como la libertad de expresión, todos los ciudadanos son libres de expresar sus ideas y opiniones y de buscar, difundir y recibir información. Ahora, nadie está obligado a decir lo que piensa y a buscar, difundir o recibir información. Si no quiere no lo hace y no se le puede obligar. (Existe sí la obligación de informar, pero eso en es para los gobernantes, para los funcionarios, para los que por encargo o delegación manejan los asuntos de la gente y a la que, sin duda, aunque algunos no lo entiendan ni lo hagan, tienen que dar cuenta diaria. Transparencia y manos a la vista: garantía de democracia).

Como decíamos cada uno tiene derecho a vacunarse o no. Asumiendo estos últimos las consecuencias personales, las que surjan en cualquier plano en cuanto a la convivencia y, llegado el caso, a pagarlas si con ello daña a otros u otras.

Quienes se mantenga al margen entiendo que deben informarlo o ser conscientes de que si no no lo hacen habrá quienes lo harán para de alertar a todos, también en uso de sus derechos.

Está sometido a también, en este encuentro de derechos, a un eventual vacío social y deben saber que están dando un handicap. Para ingresar a determinados lugares o para obtener un trabajo o para estudiar o para ejercer otras actividades.  Y esto no es discriminatorio: son derechos encontrados y no creo que se requiera mucha ampliación normativa para ello y menos en un país donde no se puede fumar ni en el propio despacho, hay que pedir expresamente la sal en los restaurantes y no se permite conducir si no es con cero porcentaje de alcohol.

Pero además es de sentido común: alguien va a tomar un empleado y entre otros requisitos puede pedirle el certificado de vacuna contra el Covid como también por ej. escribir tantas palabras por minutos a máquina, no tener faltas de fotografías (- hablo de mis épocas) o presentarse de traje y corbata o usar uniforme. Imaginemos que al empleador lo obligan a eliminar esa condición (hablar de discriminación no cabe) ¿qué pasa si el resto del personal se niega a concurrir a trabajar en uso de su derecho individual y legítimo y en el caso constitucional, de cuidar de su salud? Podrían reclamar hasta una indemnización especial de 18 meses por despido injustificado. Y el dueño, que hace ¿también se va y deja la empresa del no vacunado? Lo mismo en un espectáculo cultural: los organizadores están obligados a informar al resto de los concurrentes que hay o puede haber no vacunados so pena de incurrir en responsabilidades en función de normas ya existente, las que incluso se considera hacer más severas.

Cada uno con lo suyo y que se haga cargo.

Además, de viajar ni hablemos. Se exigirá el certificado de vacunación, como antes, y no hace más de medio siglo, se exigía la antivariólica y como aún se exigen diferentes certificados de determinadas y variadas vacunas en muchas fronteras, sobre todo dependiendo del lugar de origen del viajero. Lo del pasaporte es algo grandilocuente para algo que es más viejo que el agujero del mate.

Sobre si hay que obligar al personal de la salud pienso que no está en consideración: hablamos de gente cuya responsabilidad y lucha por la salud de todos nosotros está más que probada.

Y si un docente no se quiere vacunar – podría presentarse una sorpresa- confieso que yo no permitiría que un hijo o un nieto asista a clases con ese docente ni al instituto en que ejerce. Por último, jamás contrataría los servicios para lo que sea de alguien no vacunado. No iría a su casa ni lo dejaría entrar en la mía. Es mi derecho.

“Pase” a la libertad  por Daniela Laborde

Bendito tú eres si has conseguido día y hora para vacunarte, y bendito tu grupo preferencial…

Ante la enorme cifra diaria de fallecidos, que por fortuna nadie logra acostumbrarse…entre angustia e incertidumbre, nos encontramos con una propuesta de ley para limitar el acceso a espectáculos públicos de no contar con la vacuna, una suerte de pase.

A los ciudadanos nos surgen un sin fin de preguntas, sobre todo siendo que las vacunas son experimentales, NO obligatorias y con un contrato de consentimiento a firmar que libera de toda responsabilidad a los laboratorios que las producen. ¿Este pase será extensible al ámbito laboral, estudiantil, etc.?

¿Es correcto con gran parte de la ciudadanía aún sin fecha de primera dosis, siquiera evaluar una discriminación sanitaria?

Este pase, en tanto dure la pandemia (es lo que sostiene el proyecto), perfectamente puede ser el cheque en blanco para que otros sectores exijan la vacuna anti Covid.

Muchas personas han elegido no vacunarse, o aún están en duda. Por lo pronto entendemos que todo trabajador en el rubro espectáculos deberá estar vacunado o podría enfrentarse a conflictos laborales.

Si la postura del gobierno es convencer, este proyecto no solo es precipitado, antipático y contradictorio. Con vacunas experimentales, que, aunque algunas bastante más efectivas que otras, responden a una inmunidad por un tiempo determinado y podemos re-infectarnos. ¿Podrían hoy día incluirse en el certificado de vacunación obligatorio?. No lo creo posible, justamente por su carácter experimental. Aún así, el gobierno podría optar por incluirla en el carnet de vacunación obligatorio, y nadie quedaría excluido, pero no toma las riendas en el asunto.

¿Qué pasará con las vacunas exigidas por la UE y que no están aprobadas en su sistema sanitario (pero incluidas en el nuestro: Sinovac y AstraZeneca)? Sin dudas, estamos lejos de un acuerdo entre países a nivel internacional. Mientras tanto dependemos de las patentes y producción de vacunas de los grandes laboratorios, que en caso de incumplimiento, tardaríamos años en tener un buen programa sanitario.

Si el personal de la salud y el docente deben vacunarse, ¿por qué no el resto de la población? En teoría, la vacunación según grupos “de riesgo” suena genial, pero en la práctica los trabajadores no estamos aislados, compartimos el transporte en horas pico, hacemos las compras en el almacén, parece imposible sostener “las burbujas” en el sistema en el que vivimos.

Y el tema más preocupante sobre la mesa hoy: sanciones a quien ponga en peligro la salud pública, a mí entender una especie de chiste de mal gusto, sin sustento alguno ante la falta de obligatoriedad en la vacunación, con un programa sanitario que no garantiza al 100% la efectividad de vacunas que recién estamos conociendo. Siendo que el propio sistema de salud ha dejado relegados a pacientes con otras patologías distintas al covid, ¿cómo se mide quién pone en riesgo la salud de todos?

Sin dudas, hay mucha tela por cortar.

Obligatoriedad para todos, o para nadie, de no ser así, este proyecto es una nueva forma de dividirnos en ciudadanos de primera y segunda categoría. Si “la libertad es responsable”, este pase es el castigo.

Algunos hoy, sin fecha de vacunación, estamos malditos.

El sueño de los mortales por Fernando Pioli

Los entes ideales no tienen límites porque no los necesitan, son absolutos. La libertad, como idea, es absoluta.

Lo que a veces no cuesta a las personas es comprender que los entes reales no son los ideales. Los entes que existen en este mundo en que vivimos tienen límites. No puede ser de otro modo, dado que si no los tuviesen no estarían en este mundo que reconocemos como nuestro. Es decir, nosotros nos desenvolvemos en una realidad en la que a la noche le sigue el día y al día la noche, en la que somos conscientes de nuestra finitud y mortalidad. En definitiva, vivimos en un mundo donde nada es eterno y nada es absoluto. Lo eterno y lo absoluto sólo es accesible a través de nuestro esfuerzo racional.

Esto justamente es lo que pasa con la libertad. La libertad como idea, es absoluta. Pero la libertad de la que nosotros como humanos y simples mortales, podemos gozar, no lo es. La libertad, como todo en esta vida que nos toca vivir, tiene límites. Nuestra libertad no es la libertad irreductible de los dioses, es la libertad modesta de los mortales.

Resulta entonces que hay gente que en nombre de la libertad considera que no debe vacunarse, porque total, es libre. Supongo que hay gente que considera que es libre de jugar al tiro al blanco de una vereda a la otra, y si alguien se cruza, bueno, es alguien que coarta la libertad de jugar al tiro al blanco y algo de culpa tiene si se liga un balazo. Me cuesta ver una diferencia fundamental entre este ejemplo y quienes se niegan a vacunarse sin una causa médica reconocible.

Estamos hablando de una enfermedad infecciosa que se transmite de modo silencioso y que daña y mata a gente cercana a nosotros, y quizás a nosotros, pero parece que debemos tolerar a quienes pudiendo prevenir esto deciden recurrir a estrambóticas teorías acerca de control político social. Teorías innecesarias, fútiles y estúpidas, porque ese mismo control político social se logra con mecanismos mucho más sencillos y baratos que son conocidos desde hace por lo menos 2500 años y que ya denunciaron los primeros filósofos en las colonias griegas y que son fácilmente rastreables en la historia hasta nuestros días.

De modo que la libertad que se invoca para negarse a vacunar es la libertad de los dioses, pero no la de los mortales. En definitiva se trata de gente presa de la peor cárcel, la cárcel de aquellos que viven dormidos en su propio sueño alejados del mundo común a todos y que se niegan a despertarse, porque en definitiva se creen dioses siendo mortales.

Una lucha por la vida. Por Lucía Siola

En la actualidad Uruguay cuenta según cifras oficiales con 167.033 personas infectadas por Covid y 1908 fallecidos en lo que va de la emergencia sanitaria. El aumento fenomenal de casos y de fallecidos en el último mes y el colapso de los centros de salud dan cuenta del fracaso y de la responsabilidad política del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou para hacer frente a la pandemia. Durante más de un año, y en medio de una crisis social y sanitaria, el gobierno multicolor desarrolló un ajuste del gasto estatal y social, incluyendo a la salud y la educación pública (que incluye a la Universidad y la investigación científica). Su línea de acción política fue la de salvaguardar la actividad productiva para beneficio de empresarios por eso se negó a paralizar actividades y fueron la comunidad científica y los propios trabajadores y sus organizaciones quienes fueron obligándolos y exigieron protocolos sanitarios (industria de la carne, supermercados, municipales, entre otros). Un plan centralizado que permitiera mermar la movilidad social por un tiempo limitado para centralizar recursos, reforzar hospitales e insumos y garantizar la subsistencia a desocupados y miles de trabajadores que viven al día no estuvo siquiera esbozado. El discurso gubernamental giró en torno a la responsabilidad y el cuidado individual, y dedicó su agenda gubernamental a la adopción de medidas represivas, como la Ley de Urgente Consideración (donde lo urgente de la salud de la población estuvo ausente) o la suspensión del derecho a reunión.

Exactamente la misma estrategia se expresó en el verano en relación a la vacunación que funcionó como “puro humo” (ni siquiera estaban compradas las vacunas) para esconder que fueron las autoridades las que promovieron e impulsaron la movilidad de un millón de personas al resolver el retorno en medio de la pandemia a los centros de estudios donde recortaron insumos de limpieza, horas docentes, lo que generó el crecimiento de la cantidad de estudiantes por grupo y un aumento del rebrote.

Por otro lado, la discusión en relación a la obligatoriedad y penalización en materia laboral respecto a la vacuna, también esconde que el acceso a la vacuna aún no es universal, es decir está contemplada para franjas de actividad y poblacionales de riesgo donde el plan es la vacunación de 600 mil personas por mes, y su instrumentación tiene grandes deficiencias. Las declaraciones del Ministro de Trabajo de incluir como cláusula para las nuevas rondas de salario la vacuna de Covid o de excluir del seguro de enfermedad a quienes lo contraigan por no estar vacunados, además de cercenar la libertad de los trabajadores, exime de responsabilidad a los empresarios, pues los estudios científicos indican que si bien la vacuna es efectiva para paliar síntomas de gravedad y mermar el contagio el virus seguirá circulando y es preciso mantener los cuidados sanitarios que muchas empresas evitan para no aumentar gastos.

La pandemia ha revelado en su faceta más cruel la incapacidad de este régimen social para defender la vida de la mayoría de la población, y lo criminal de la política gubernamental. Ya es hora, de que los/as trabajadores/as, las organizaciones sociales, y sindicatos marquemos nuestra propia agenda y propuestas respecto a los problemas que nos atraviesan y en particular sobre cómo enfrentar la pandemia. Pasar a la ofensiva, desenmascarando la política gubernamental y elaborando un programa de salida.

Es preciso dar una discusión y establecer un pronunciamiento por el acceso universal e inmediato a la vacuna y un plan que contemple las garantías para el resguardo de la salud de la población trabajadora y las necesidades populares, con base en un financiamiento que grave al gran capital, el no pago de la deuda externa y  el uso de las reservas del Banco Central.

Una deliberación general entre los trabajadores de la salud y los profesionales para discutir un plan y propuestas ante las necesidades materiales, condiciones de trabajo y atención que están siendo violentadas por las mutualistas y el gobierno.

Una salida desde abajo, mediante la articulación de redes territoriales o centros de referencia en los barrios que, junto a las ollas populares, discutan, expliquen la situación y desenvuelvan núcleos de contención, solidaridad, atención y apoyo a los trabajadores/as que sufren o sufrieron la enfermedad, porque también en la pandemia la desigualdad de clase está presente.

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