Acerca de “Trump y el inminente colapso electoral en 2020” de Lawrance Douglas
En los setenta, había una ironía muy celebrada. Decía así: “¿por qué en Estados Unidos no hay golpes de estado? Sencillo, porque no hay embajada de los Estados Unidos”.
Que Estados Unidos es una democracia es, por extensión, una afirmación de aceptación casi universal siempre acompañada de un pero… Y hay varios peros que hacen a la calidad institucional de esa democracia. Quizás de los más profundos cuestionamientos está el derecho del voto de los ciudadanos de piel negra. Unos invocarán que la decimoquinta enmienda a la constitución establece que los gobiernos de Estados Unidos no pueden impedir a un ciudadano votar excusando motivos de raza, color o condición anterior de servidumbre, es decir, esclavitud.
Pero la realidad es diferente al relato. Recién en 1964 el presidente Lyndon Johnson firma la Civil Rights Act que da al gobierno federal poder para luchar contra la segregación; y en el año 1965, en plena vitalidad del movimiento por los derechos civiles y de mayor incidencia de Martin Luther King en la vida pública, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Derechos Electorales. Fue un momento histórico y marcó un punto de inflexión aunque su implementación plena llevó su tiempo.
No es menos cierto, que a esas fechas, una conspiración aún no aclarada había asesinado al presidente John Fitzgerald Kennedy (22 noviembre de 1963). Y que Malcom X fue asesinado el 21 de febrero de 1965. Martin Luther King en 4 de abril de 1968 y pocos días después, el 6 de junio, Robert Kennedy.
Los líderes más representativos de organizaciones de amplia presencia nacional, con vastas redes, fuerte y aceitada logística y recursos materiales, fueron asesinados pero el movimiento alcanzó logros históricos.
Cincuenta años después…
En abril de 2014, el presidente Barack Obama homenajeó la lucha por los derechos civiles de los años 60, y puso énfasis en el hilo histórico de aquella búsqueda que se remontaba a los inicios como nación y que se prolongaba hasta el presente, remarcando que los sesenta abrió «nuevas puertas de oportunidad no sólo para negros y blancos, sino también para mujeres, latinos, asiáticos, nativos americanos, homosexuales y estadounidenses con discapacidad».
Esa mirada puesta en lo social, en la universalización de los derechos civiles, contrasta radicalmente con la mirada y la práctica política del actual presidente Donald Trump. “Yo tengo la autoridad” ha dicho éste en abril. No fue una afirmación al pasar, sino una definición de su protagonismo frente a los gobernadores: “Yo tengo la autoridad definitiva”.
Sin embargo, no es así. La Constitución de los Estados Unidos ha construido una cuidada ambigüedad sobre el poder relativo de los gobiernos estatales y el gobierno nacional. Y si el artículo VI, la llamada cláusula de supremacía, establece que las leyes federales prevalecen sobre las nacionales, la décima enmienda precisa que los estados son supremos, excepto en aquellas cuestiones específicas en las que la Constitución declara la supremacía nacional.
Pero este choque de concepciones acerca del ejercicio del poder, dejó al desnudo una deriva autoritaria a pocas semanas de la elección nacional que resolverá si Donald Trump continúa en el gobierno o se abre paso una mirada más apegada a derecho, entre centrista y conservadora, de la mano de Joe Biden.
Hace ahora un mes, Lawrance Douglas, académico, presentó un libro de coyuntura titulado “¿Se atreverá? Trump y el inminente colapso electoral de 2020”. El análisis explora respuestas a partir de una estratagema que es peligrosa pero no novedosa de parte de Trump: comenzar a sembrar dudas acerca de un eventual fraude electoral. El último señalado, el voto por correo.
Pero no es novedosa esta estrategia. La practicó en el 2016, cuando en uno de los debates con la derrotada candidata Hillary Clinton Trump manifestaba, sin medias vueltas, que no se comprometía a aceptar el resultado si perdía. Douglas coincide con un grupo de legisladores demócratas y unos pocos republicanos en su preocupación acerca de la inconsecuencia de Trump. “¿Y qué si Trump no coopera en una hipotética transición de poderes?”.
El temor de una zona muy importante del sistema político de los EEUU es qué sucedería si el presidente no “concede”, no reconoce, no acepta la derrota y desafía la constitución. Para Douglas, académico, “las leyes federales asume que los líderes acatarán las normas y concederán la derrota. El sistema simplemente no está preparado para ese desafío. Y menos con la composición actual de la Cámara de Representantes y Senado, dividido en el control por demócratas y republicanos respectivamente. Esto también ocurre en estados clave como Wisconsin, Pensilvania y Michigan -cuyas cámaras legislativas deben enviar un documento con los resultados electorales”.
La preocupación de Douglas y de otros muchos académicos, así como legisladores incluso republicanos, es que no se fían del talante democrático de Trump. No sólo por sus incertidumbres pasada, sino por las dudas presente. Trump siembre dudas sobre los “votos por correo” pues ante una votación cerrada se abriría un compás de incertidumbre mientras que se procede al conteo que insumiría unas semanas. El nombre del próximo demoraría varias semanas en conocerse. En ese compás de espera, teme Douglas y temen otros muchos, el talante de Trump se desbordaría pues, entienden, ha sembrado las semillas para justificar un arrebato extemporáneo. Y porque a Chris Wallace, de la Fox News, ya le advirtió que no se comprometía a reconocer el resultado electoral.
Trump no es Gore, quien en el 2000 prefirió parar el recuento y aceptar la derrota. “Antepuso los intereses de la nación”, sentencia Douglas. Pero no cree que ello se repita con Trump. La Constitución fija el 20 de enero como el día en que debe haber un nuevo presidente en funciones. Si el resultado no estuviera firme la ley de sucesión presidencial de 1947 establece que Nancy Pelosi sería designada presidenta en funciones. Las dudas del académico son dos: cuál será la conducta de la cúpula militar; cómo intervendrá la Corte Suprema.
En Estados Unidos hoy, en Washington DC, en la academia, no es una especulación, es un temor.
Fuentes:
https://www.elnuevoherald.com/opinion-es/article244509642.html
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