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Aratirí: culpar a Mujica es lo más fácil por Eduardo Gudynas

Aratirí: culpar a Mujica es lo más fácil  por Eduardo Gudynas
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Al conocerse la demanda de la minera Aratirí contra Uruguay, la reacción más simple  fue culpar a la presidencia de Mujica. Sin duda es responsable, pero no puede olvidarse el apoyo entusiasta que le dieron otros actores partidarios y sindicales. Pero poco se aprendió ya que los mismos errores se repiten con la nueva planta de celulosa.

 Días atrás se confirmó que la minera Zamin Ferrous, que años atrás lanzó el proyecto de explotación de hierro Aratirí, demandaba al país por más de tres mil millones de dólares. Su argumento sería que el gobierno alentó el emprendimiento y por ello realizaron su inversión, pero luego se cambiaron las condiciones. Aunque se sabía del reclamo desde el pasado año, parecería que el litigio entró en una nueva fase por la reacción del presidente Vázquez. Simultáneamente, desde su gobierno como desde la oposición, las críticas se enfocaron en la gestión de “Pepe” Mujica y sus desprolijidades.

Toda esta situación muestra la simplificación con que se analizan los problemas de política y gestión en el país. Comencemos por lo más evidente: cuando Vázquez afirma que el país “volverá a triunfar” en este demanda, como ocurrió con las tabacaleras, no entiende que ya venimos perdiendo desde hace años. Se gastaron centenas de miles de dólares en estudios sobre la mina y el puerto de aguas profundas en Rocha, se financiaron seguros de paro extendidos, y así sucesivamente, y ahora se pagarán los abultados honorarios de los abogados internacionales.

Son ciertas las responsabilidades de Mujica en imponer la faraónica idea de explotar el hierro de Valentines y sus preferencias fueron claras: en aquellos años se reunió varias veces con el empresario de la India pero nunca con los productores rurales de Valentines; impuso una ley de megaminería a medida para esa empresa; amenazó con desmembrar al Ministerio de Vivienda y Ambiente para que no entorpeciera las negociaciones; cambió áreas protegidas para que no interfirieran con su mineraloducto; y aseguró que construiría un puerto en la costa rochense.

Como hoy ocurre con la nueva planta de celulosa, la oficina presidencial fue una usina de cifras infladas, que mucha prensa repetía sin investigar. Se decía que Aratirí sería la mayor inversión de la historia, que generaría miles de puestos de trabajo y nos catapultaría económicamente.

Pero Mujica nunca actúo en solitario. Fue apoyado por el Frente Amplio, ya que sus legisladores votaron su ley para la gran minería, desde Casa Grande a Asamblea Uruguay. Fue notorio el apoyo del Partido Socialista, tanto formal como simbólico, desde Mónica Xavier en el Senado a Roberto Kreimerman en el MIEM. Recuerdo perfectamente a la senadora Xavier junto a otro socialista, Fernando Puntigliano, en ese momento ejecutivo de Aratirí y ahora jerarca en la Intendencia de Montevideo, asistiendo codo con codo a la defensa del proyecto en la Facultad de Ciencias Sociales. Ese tipo de vinculaciones se repetían con otros actores como por ejemplo desde el PIT CNT, Marcelo Abdala.

Desde un punto de vista formal, no tiene nada de malo que militantes partidarios se desempeñen en empresas nacionales o extranjeras. Pero es entendible que exista preocupación por una dinámica de “puerta giratoria” donde se transita una y otra vez entre el Estado y el empresariado. Por ejemplo, en el arbitraje ante Aratirí, habrá que ver si se citarán los dichos de los legisladores, líderes sindicales o actuales funcionarios nacionales o municipales, en defensa del país o de la empresa.

Cargarle todas las responsabilidades a Mujica sirve para ocultar o minimizar las propias culpas, ya sea entre actores políticos como sindicales, académicos, etc. La situación tampoco es mucho mejor en buena parte de la oposición partidaria; un ejemplo es el senador Pablo Mieres (Partido Independiente) que insiste en que la ley de megaminería emulaba las regulaciones de Noruega, sin entender que aquel país es petrolero y su marco de gestión es por eso muy distinto a lo que se votó en Uruguay.

El gobierno Vázquez tampoco aprendió mucho, ya que la delegación que nos defenderá incluye, por ejemplo, a Roberto Kreimerman, quien fue el ministro de minería de Mujica que alentaba ese emprendimiento. No sólo eso, sino que en las actuales negociaciones por la planta de celulosa con UPM de Finlandia se están cometiendo más o menos los mismos errores que con Aratirí. Se firmó un “contrato” que también subordina un Estado al mismo escalafón que una corporación, y con ello se maniató al Poder Legislativo. Otra vez se aceptan los arbitrajes internacionales. Nuevamente es el gobierno, sus ministros y la OPP, los principales defensores de la pastera, y también con cifras infladas.

Se podrá decir que la administración de Mujica recuerda al pichuleo del almacenero jugando a negociar con transnacionales, pero el acartonamiento del gobierno Vázquez en su esencia mantiene las mismas ideas simplistas sobre el desarrollo y la subordinación a las inversiones extranjeras. Los estilos distintos no impiden preguntarse si no estamos ante aficionados en el gobierno del país.

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