El paro general convocado por la central sindical contra las políticas antipopulares del gobierno, que aglutinó incluso a los trabajadores rurales y a los colonos despojados de recursos que serán invertidos en la erradicación de los asentamientos irregulares, generó una auténtica pueblada que colmó la Avenida del Libertador hasta el Palacio Legislativo.
En esta oportunidad, se unieron a la multitudinaria marcha los peones explotados y hambreados por el latifundio depredador, acorde a la lógica de un modelo concentrador privilegiado.
También organizaciones sociales que representan a sectores fuertemente golpeados por la crisis económica y social, a los trabajadores, a los jubilados y a quienes, desde hace un año y medio, se alimentan en las ollas populares.
El gobierno, que en su ceguera no escucha el clamor popular de los 60.000 trabajadores que perdieron sus empleos en 2020 y de los 100.000 nuevos pobres, consideró que fue un “paro político”.
Sí, fue un paro político pero no político partidario, porque los afectados por las políticas regresivas del oficialismo pertenecen a todas las tiendas partidarias.
Fue un paro político, porque confronta políticas impopulares teñidas por la impronta de un neoliberalismo rampante, que contrariamente a lo que proclamaba el egregio revolucionario José Artigas no privilegia a los más infelices, sino paradójicamente, a los más privilegiados.
También fue un paro político, porque enfrenta dos modelos radicalmente antagónicos: el de un país productivo con justicia social y el de un país sólo al servicio de los intereses de la clase dominante, que el presidente Lacalle Pou define como a los “malla oro”, en un antojadizo comentario ciclístico.
Fue político, porque se resiste a las medidas regresivas que han impactado negativamente en el mercado de empleo, han provocado la pérdida de 60.000 puestos de trabajo y ha sumido a 100.000 uruguayos más en la pobreza.
Fue un paro político, porque defiende a las empresas públicas en riesgo de privatización y codiciadas por el capital y los monopolios privados.
Fue inocultablemente un paro político, porque lucha por el salario y las jubilaciones y el derecho de los trabajadores a recuperar el ingreso perdido durante un año y medio y el poder de compra de los sectores de ingresos fijos.
Fue político, porque rechaza radicalmente la pretensión de la oligarquía empresarial de contratar a trabajadores por debajo del laudo establecimiento en la negociación colectiva, que perderían seguramente más salario.
Fue político, porque cuestiona el recorte de recursos a la inversión pública y el presupuesto de áreas estatales tan sensibles y estratégicas como la educación, la salud, la vivienda y la cobertura que presta el Ministerio de Desarrollo Social.
Fue, por supuesto, un paro político, porque promueve la derogación de 135 artículos de una Ley de Urgente Consideración de talante represivo y contractivo, que limita derechos y libertades y promueve la privatización de áreas claves del Estado.
Fue político, porque crítica la renuncia a la soberanía del gobierno en acuerdos tan oscuros como la concesión del monopolio de la terminal de contenedores a una empresa extranjera por sesenta años, otorgándose el derecho de fijar tarifas y las reglas del comercio exterior, por los chanchullos del Ministerio de Turismo y por la exoneración impositiva que se votó a sí mismo el Director de la OPP Isaac Alfie.
Fue un paro político, porque condena las prácticas clientelares y prebendarías y la impune corrupción institucionalizada en ministerios y en otras áreas estatales.
Fue un paro político, porque fustiga el desmantelamiento de la educación pública, mediante la desaparición de los Consejos de Educación, la eliminación de representantes docentes y la destrucción de la carrera funcional, sujeta en este caso no a méritos, sino a compromisos de gestión y proyectos de centro que terminan siendo funcionales a la enseñanza privada.
Según la definición de los pensadores y filósofos de la antigua Grecia, todo es política porque atañe a lo que sucede en la polis (ciudad), desde la economía, la sociedad y hasta la cultura.
Afirmar que es un paro político es legitimarlo en toda su extensión y es el reconocimiento implícito que, tras la superación de la fase más álgida de la pandemia, el país afronta una coyuntura de desastre y será el último en recuperarse de los estragos económicos y sociales provocados por el virus, porque fue el que el invirtió menos en la región y figura en el lugar 164 en el mundo.
El paro fue político, porque mientras hay cada vez más pobres y personas en situación de calle, caen los salarios y las jubilaciones y el mercado de trabajo está deprimido y precarizado, los “malla oro se sigue enriqueciendo.
No en vano, un informe de la Asociación de Bancarios del Uruguay consigna que, en plena crisis, los depósitos bancarios del sector más rico crecieron 2979 millones de dólares en 2020 y sólo en el primer semestre de 2021, se incrementaron 2.845 millones de dólares. Las cuentas no corresponden a trabajadores sino a empresarios y a rentistas.
Por su contundencia, todos estos números corroboran que no nos gobierna una democracia –devenida a la sazón en farsa- sino una plutocracia que detenta el poder real, acorde a las reglas del libertinaje de mercado.
En ese contexto, mientras transcurría el paro, el presidente Luis Lacalle Pou estaba en la Expo-Prado compartiendo un asado con sus socios ideológicos de la rancia oligarquía vernácula, en una inocultable opción clasista.
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