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El lunes de esta semana el candidato Donald Trump consiguió una gran victoria judicial, un fallo unánime de la Corte Suprema de que su nombre debe permanecer en la boleta electoral. Casi todos los analistas políticos han interpretado que el sistema judicial ha preferido olvidarse de las normas y no actuar, eliminando el freno judicial tan esperado por una parte significativa de la sociedad estadounidense.
La novedad ha sido la última señal sobre la conducta esperable de la Corte Suprema, asumiendo que es muy poco probable, o sencillamente, nada, que los tribunales en atención de sus obligaciones, cambie la contienda electoral, antes de que el soberano emita su opinión en las urnas.
La batalla en dos escenarios
A comienzos de este año, la batalla electoral por la presidencia estaba preparada para dirimirse en dos grandes escenarios: por un lado, los tribunales; y por otro, la campaña electoral tradicional, la de las caravanas, las entrevistas, los actos, etc.
En general, existía una amplia coincidencia en que el futuro era éste. No obstante, había una discreta, aunque creciente preocupación, por el lento, exasperante, trajinar de los ámbitos judiciales. Así, lo que parecía un tiempo largo, para permitirse un ritmo cansino, se fue consumiendo sin resolución firme, aunque la acumulación de pruebas ha dado a las acusaciones una solidez absoluta.
El expresidente Donald Trump ha acumulado acusaciones federales, casos estatales, que llevaron el total de cargos penales a una cifra espectacularmente elevada, 91. En ese escenario, abrumador y demorado, comenzaron a proyectarse y concretarse impugnaciones a su condición de elegibilidad en la contienda electoral. Por ello el caso llegó hasta la Corte Suprema para que sea ésta quien resolviera si el candidato Trump preservaba su derecho a postularse.
El Cajonazo
Cuando empezaron las denuncias acerca del intento golpista del 6 de enero de 2021, cuando partidarios del presidente saliente Donald Trump, irrumpieron violentamente en el Congreso, ocupándolo parcialmente por varias horas, todos confiaban que el tiempo corría a favor de una cuidada investigación. Pero el detallismo en algunos casos, las dilaciones por otro fueron consumiéndose los plazos sin alcanzar fallos firmes.
Aquella levantisca que interrumpió la sesión conjunta del poder legislativo convocada para proceder a contar el voto del Colegio Electoral y certificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, aún sigue impune.
Ha pasado ya mucho tiempo que conviene repasar los hechos: las elecciones presidenciales que se desarrollaron el 3 de noviembre de 2020 fueron ganadas por el candidato demócrata Joe Biden, ex vicepresidente de Obama. Biden derrotó de manera limpia al presidente republicano Donald Trump, que aspiraba a la reelección y no la alcanzó. Había un plan, como se demostró a lo largo de las varias causas judiciales, que antes, durante y después del recuento de sufragios, el derrotado Trump y su entorno inmediato intentaron frustrar el reconocimiento parlamentario y revocar las elecciones, denunciando un supuesto fraude electoral, al que llegaron a afirmar que era generalizado, en un intento burdo y torpe de desconocer los resultados.
No lo lograron. Por más que en aquel 6 de enero de 2021 tensaron la vida institucional de Estados Unidos. Fue necesario que la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, solicitó el despliegue de tropas de la Guardia Nacional, para asegurar condiciones de seguridad en la capital.
Este lunes la Corte Suprema resolvió, por unanimidad, que los estados carecen del poder para descalificar al candidato. Se trata de un golpe muy serio a la calidad institucional de la democracia estadounidense. Dicho de otra manera, para quienes confiaban que las acciones ilegales, que algunos juristas no han dudado en calificar de golpistas, desarrolladas por Trump y sus seguidores, por forzar arbitrariamente la anulación del resultado de las elecciones del 2020 muevan al sistema judicial a un reproche penal, en proporción a la gravedad de los hechos y, por tanto, excluyéndolo de las próximas, éste fallo ha sido una frustración y lesiona el profundo espíritu democrático de la nación.
Nadie lo ha expresado tan claro como Stephen Vladeck, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas: «La verdadera conclusión es que los tribunales no nos van a salvar de nosotros mismos…y que la única forma segura de garantizar que un candidato antidemocrático a la presidencia no tenga éxito es vencerlo en las urnas».
La incertidumbre
Hace ya un tiempo que voces críticas de la marcha de la democracia estadounidense han advertido por el deterioro de calidad institucional. En el caso específico, Trump es el primer expresidente que ha sido acusado judicialmente, no ya de un delito o dos, sino de 91 en cuatro casos diferentes. Dos por intentar anular fraudulentamente las elecciones de 2020. Y tres, por una práctica política de lenguaje prepotente y violento, desentendiéndose de garantías constitucionales.
J. Michael Luttig, un exjuez conservador, que «el tribunal decidió que ninguna persona en el futuro será descalificada bajo la Sección 3 de la 14ª Enmienda, independientemente de si ha participado en una insurrección o rebelión contra la Constitución de los Estados Unidos». Y concluyó: «la decisión es sorprendente por su extralimitación».
La ex líder de la mayoría de la Cámara de Representantes y el Senado de Colorado, Norma Anderson, exlegisladora de Colorado, republicana, codemandante en el caso, y aunque sus palabras encierren un cierto desánimo fue categórica: el fallo de la corte «no cambia este hecho: Donald Trump participó en una insurrección contra la Constitución de Estados Unidos».
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