El semanario Búsqueda informó el 31 de enero que la justicia resolvió obligar a la Facultad de Ciencias Económicas de la Udelar a tomar un parcial a un estudiante un día diferente al fijado para el resto de los cursantes porque por motivos religiosos -integra la Iglesia Adventista del Séptimo Día- no acepta rendirlo un sábado.
El estudiante reclamó en base a la libertad de culto planteada en la Constitución y a que en otras Facultades de la Udelar se ha contemplado la misma situación. Cómo toda resolución judicial, la misma debe ser acatada, lo que no implica que no se la pueda analizar y cuestionar. Personalmente, como docente de la Udelar, encuentro que la misma es disparatada, tanto en lo conceptual como en lo procedimental.
Estado laico
El estado uruguayo es laico, y por tanto define su funcionamiento independientemente de las diferentes religiones. Una cosa es que esté la posibilidad de que organismos del estado consideren situaciones como las planteadas y otra que estos estén obligados a hacerlo. Personalmente no soy creyente de ninguna religión, pero comparto absolutamente la existencia de la libertad de culto, lo que implica que dentro de las normas generales del país existe la libertad de profesar la religión que se quiera, sin restricciones. La aclaración de “dentro de las normas generales” no es menor, porque implica que la libertad de culto también tiene límites por las propias leyes del país. Basta imaginar lo que pasaría si alguna de las religiones que promueve la mutilación genital femenina pretende instrumentarlo en nuestro país. ¿Debería permitirse por la “libertad de culto”? Si bien este es un ejemplo extremo, permite entender que la libertad de culto implica permitir es que cada uno profese la religión en la que crea, y que el estado tiene que garantizar el derecho a poder tener fe en la misma, pero no obliga al estado a asumir responsabilidades por las consecuencias de la misma.
En la resolución, la jueza actuante fundamenta que “…se trata de garantizar los derechos humanos que protegen a un habitante de la República…”. El estudiante estaría impedido de poder realizar un curso universitario, no de ejercer su religión, por lo que se entiende que la jueza consideró la realización de estudios universitarios como un derecho humano básico. Esto implica un cambio de paradigma muy grande en lo que está planteado y escrito hasta el momento respecto a cuáles son los derechos humanos que debe garantizar el estado. De acuerdo a esa visión, el estado está violando los derechos humanos de miles y miles de personas por no generar las condiciones para que puedan acceder a estudios universitarios a través de trabas bastante mayores e importantes que la fijación de un parcial un sábado. Entiendo, por tanto, que se invierten las garantías previstas por la constitución de permitir la libertad religiosa a obligar a ajustar actividades de un curso universitario a demanda individual por causas religiosas.
La resolución implica, además que el poder judicial defina como se prioriza el uso de los recursos en la Udelar. Diseñar actividades de evaluación seriamente, considerando que objetivos se plantean con cada pregunta, que se espera que el estudiante responda, incluyendo evaluación de conocimientos, pero también de capacidades técnicas, de expresión, etc, requiere una importante dedicación de personal formado. Debería implicar la participación de varios docentes, que varios de ellos revisen el formato y contenido de la evaluación asegurando la equivalencia respecto a la que recibe el resto de la generación cursante (criterio que además fue impuesto por la jueza actuante), uso de horas docentes no solo en la preparación sino durante la instancia, y para corregir una prueba distinta a la aplicada al resto de los estudiantes. Es decir, la dedicación en el diseño y la aplicación de la prueba debería ser la misma para un estudiante que para el resto de la generación, debiendo además elaborar y aplicar criterios de corrección para un caso específico.
Viabilidad
Otro aspecto no menor es que la resolución genera un antecedente con consecuencias impredecibles. Una cosa es que la situación pueda ser considerada por los docentes y la institución (esto ocurre en esa como en otras tantas situaciones imprevistas), y otra muy distinta es obligar a la institución estatal, en un país laico, a ofrecer esta posibilidad.
Esta definición implica que ninguna actividad del estado debería aplicarse solamente en un día en que alguna religión no pueda ejercerlo. Cómo esto sería válido para cualquier religión, cada una con sus normas y criterios, sería imposible funcionar. Es difícil saber cuántas religiones se profesan en el país, pero figuran al menos 100 organizaciones religiosas (https://www.mapeosociedadcivil.uy/organizaciones/organizaciones-religiosas/?page=1), cada una con sus criterios de funcionamiento -y de descanso-. Pensemos por el absurdo, que ocurriría si un estudiante reivindica que no puede rendir pruebas ni asistir a clase durante el día mientras dure el ramadán porque esto claramente afecta su rendimiento, y la motivación es religiosa. Otras religiones que consideran el viernes como día de descanso, pero, además, a lo largo del año deberían sumarse decenas de feriados religiosos, cada religión con los suyos, en que los creyentes tendrían derecho a que les modifiquen sus calendarios de clases y evaluaciones. Prefiero no pensar lo que abre esto si se consideran algunas religiones politeístas…
En síntesis
Entiendo que la resolución de la jueza se da de frente contra la laicidad del estado, impone el derecho de una persona sobre muchas otras, y obliga a otro organismo a realizar acciones basada en la libertad de culto y los derechos humanos, aspectos que no estaban siendo violados en absoluto. Por suerte la Constitución indica que debemos aceptar que cada uno profese libremente su religión, pero no indica que el estado debe adaptar su funcionamiento a cada una de ellas. Además, la resolución – que espero sea apelada por la Udelar- sienta un precedente que puede terminar inviabilizando el funcionamiento institucional normal. Por suerte, el Parlamento, al no promover la ley de feriados religiosos propuesta durante esta legislatura, tampoco cedió a las presiones de diferentes religiones.
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