¿Milicos viejos, antiguos vicios?

Afloran las denuncias sobre la gestión de los jefes de Policía en diversos departamentos y han sido relevados ocho de los 19 jerarcas desde que empezó el nuevo gobierno. Por estos días surge con fuerza la posibilidad de la formalización de recientemente renunciado jefe de Cerro Largo. La información que circula es que hay malestar en el cuerpo policial porque se nombraron antiguos jefes de policía que manejan códigos ya perimidos. ¿Se intentó refundar el ministerio del Interior? ¿Por qué fueron desplazados profesionales capacitados con mucha experiencia? ¿Se purgó a todos los que tuvieron cargo bajo los gobiernos del Frente Amplio? ¿Se apostó a la confianza política frente a la idoneidad? ¿O a la desconfianza antes que la trayectoria? ¿Está dando resultado ese estilo de gestión? ¿Renace la corrupción policial? ¿Es inherente la corrupción a la función policial?

¿También “Hay orden de no afanar”?  por Oscar Sarlo

La mayoría de las preguntas que plantea Voces no estoy en condiciones de responderlas, simplemente porque me falta información y formación en estos temas.

No obstante, como ciudadano interesado en la cosa pública, y con alguna formación en la institucionalidad jurídico-política, no puedo evitar pensar en los grandes temas nacionales, que hacen a la calidad de vida de los ciudadanos comunes. Ciudadanos que normalmente no tienen pasiones políticas ni banderías partidarias, y van de aquí para allá en sus opciones electorales buscando la mejor solución para sus problemas.

Desde esta óptica, pienso que, si la seguridad pública es uno de los grandes temas, instalado espontáneamente (o instigado electoralmente), nunca se podría resolver satisfactoriamente con espíritu refundacional y barriendo con toda la profesionalidad lograda en un período anterior.

Imaginemos que se hubiera procedido así con la salud pública o con el Banco Central, o con otras áreas claves en políticas públicas que se han construido trabajosamente a lo largo de diversos gobiernos.

Tengo la convicción de que, para resolver los grandes problemas de la gente, como han sido por ejemplo la salud o la inflación, el camino está en fortalecer la profesionalización del aparato burocrático respectivo, y operar aquéllos cambios imprescindibles en la gestión política que sean necesarios para corregir errores o reorientar objetivos de cada período de gobierno.

Pero partir de la idea de que se viene a barrer con todo, para refundar desde cero una gestión, y además, apelando a ex funcionarios desactualizados o cuestionados, implica un riesgo muy grande de fracasar.

Pienso que, si había “orden de no aflojar”, como consigna de lucha contra la seguridad, debería complementarse con la consigna del título, porque la corrupción en el aparato policial es parte del problema de la inseguridad, no parte de la solución.

Dos formas de paz por Roberto Elissalde

A group aproaches a policeman
He seems so pleased to please them
It’s good at least to live and I agree
He seems so pleased at least
And It’s so good to live in peace*

Fragmento de London, London.
Caetano Veloso

Caetano Veloso y Gilberto Gil fueron detenidos en diciembre de 1968 por la dictadura de General Costa e Silva en Brasil y después de ser rasurados y encerrados por un mes en Río de Janeiro, fueron obligados a exiliarse en Londres. La acusación contra los músicos (que acababan de presentar Tropicalia, un espectáculo culturalmente removedor) fue que en sus actuaciones faltaban el respeto a los símbolos patrios.

Después de 4 años de dictadura, con el aditivo de la prisión y los malos tratos sufridos por la policía, los músicos pasaron a residir en el Reino Unido y quedaron maravillados con el ambiente cultural y la libertad que se vivía en la vieja capital imperial británica. Dos años después Caetano publica su disco London, London, con saudades de su país y describiendo algunas de las sorpresas de su nueva vida.

Una de ellas era el trato de la Policía con la gente y de la gente con la Policía. Quienes se criaron en el Uruguay de los 60 a los 80 aprendieron a temer a los uniformados, que no sólo no respetaban la ley sino que la violaban, abusando del poder entregado a ellos por parte de la sociedad. En nuestro país se entendía que “hacerse respetar” era infundir miedo. Algo así como lo que pasaba en el fútbol, cuando se estimulaba la patada violenta y “viril” porque el fútbol no era para señoritas.

Pasaron años, décadas y pasaron gobiernos dictatoriales y democráticos y la ideología del respeto por la vía del miedo siguió siendo predominante. Pasaron los primeros años del progresismo y de pronto algo empezó a cambiar: los policías corruptos eran desplazados de sus responsabilidades y los agentes de la calle, a regañadientes o por convicción, empezaron a respetar los derechos de los ciudadanos. Durante unos cuantos años la cultura de la institución Policía empezó a cambiar. Mejoró el trato en las comisarías, los efectivos sabían que tenían que respetar las reglas y que a cambio recibirían un tipo de respeto no fundado en el miedo y la sociedad (al menos la que gente como yo integra) devolvería el respeto por una institución que durante muchos años tuvo una moralidad sospechosa.

“Por suerte”, después vinieron los coaligados y anunciaron el fin del recreo. El 2 o 3 de marzo de 2020 la policía reprimió a balazos a artistas callejeros y poco tiempo después a tocadores de tambor o a gente con “apariencia delictiva”. Para el nuevo gobierno, el respeto parece lograrse con el miedo.

La mentalidad de los jerarcas del Ministerio del Interior en estos dos últimos años se parece más a la de Luis Cubilla y su propuesta de juego a lo macho que a los avances producidos en la era de Washington Tabárez (cuyo símil en el Ministerio del Interior fue Eduardo Bonomi).

El retroceso es evidente: los integrantes del gobierno han elegido el camino de una supuesta autoridad que no viene de la legitimidad democrática, de respetar y hacer respetar la ley sino de usar la fuerza para amedrentar.

Nadie que escape de una dictadura autoritaria y venga a exiliarse a Uruguay podrá ver a un grupo de gente aproximarse confiadamente a un policía y ver que éste contesta de forma amable y eficiente. Mientras, nosotros no podremos decir, como Caetano, que vemos a un policía sentirse contento por ayudar y a una población feliz de poder vivir en paz.

* Un grupo se acerca a un policía
Él parece tan contento de dejarlos contentos
Es bueno al final vivir y estoy de acuerdo
Él parece tan contento por lo menos
Y es tan bueno vivir en paz (…)

Nueva política de seguridad, nuevos jefes de policía que la compartan  por Oscar Licandro

El tema sobre el que Voces nos invita a reflexionar en esta oportunidad es complejo y posee varias aristas. Las preguntas que nos plantea el semanario son diversas, pero pueden organizarse en tres áreas temáticas. La primera refiere a las intenciones del actual gobierno al designar los jefes de policía de cada departamento. La segunda es el viejo (pero siempre actual) debate sobre el tipo de idoneidad que deben tener quienes son designados por los gobiernos para ocupar cargos de dirección en el Estado. Finalmente, las últimas preguntas abordan el complejo problema de la corrupción en la policía.

Comenzaré por el segundo tema. Existe un discurso aparentemente bien intencionado que insiste en que las jerarquías designadas en las empresas públicas, la salud, la educación, la policía y otras áreas del Estado deberían ser ocupadas por profesionales especializados en la actividad que dirigirán. En principio, este discurso parece razonable. ¿Quién mejor que un profesional de carrera, debidamente capacitado y con experiencia en el asunto, para liderar un servicio público? Pero como no todo lo que reluce es oro, por detrás de este discurso no sólo hay una intencionalidad ética, de búsqueda de lo mejor para el país. Hay dos especímenes peligrosos que lo fogonean con otros objetivos: los tecnócratas y los políticos que pretenden descalificar la gestión de sus adversarios.

Los primeros argumentan la superioridad de las soluciones técnicas por sobre las políticas. El neoliberalismo en su peor expresión es el mejor ejemplo de un manejo tecnocrático de la economía. América Latina es testigo del tendal de desgracias que han dejado esos tecnócratas. Son los tecnócratas quienes nos meten en problemas, pero luego son los políticos quienes nos sacan de ellos. ¿Se acuerdan de Atchugarry? El discurso tecnocrático es el de la anti-política, muy funcional para legitimar dictaduras y socavar los cimientos de la Democracia.

Los segundos suelen levantar el discurso de la idoneidad técnica solamente cuando están en la oposición, con el objetivo de restar credibilidad a quienes gobiernan. En Uruguay, el FA siempre ha sido un gran abanderado de este discurso. Al comienzo fue consistente con él. Recuerdo cuando por primera vez (creo que fue durante la primera presidencia de Sanguinetti) le fueron concedidos cargos en directorios de entes públicos. En aquellos momentos, las personas designadas poseían idoneidad técnica y no eran parte de la dirigencia partidaria. Pero esa coherencia original se desmoronó rápidamente cuando el FA conquistó el gobierno. Al igual que antes lo habían hecho los partidos fundacionales, las direcciones de las empresas públicas, de la educación y de los hospitales públicos, entre otras, se convirtieron en botín de reparto partidario. ¿Cuál era la idoneidad técnica de Sendic para dirigir ANCAP? ¿Cuál era la capacidad técnica de aquella señora que cerró servicios públicos de ambulancias y los tercerizó a sus compañeros de partido en varios departamentos? No fueron los mejores educadores los elegidos para gobernar la ANEP: esos cargos se pusieron en manos de notorios cuadros políticos y sindicales, en función de un reparto entre sectores. Y en el asunto que hoy Voces nos convoca, ¿alguien puede creer que durante los gobiernos del FA se elegía a quienes tenían el mejor perfil técnico para ocupar las jefaturas de policía?

Digamos lo obvio. Ningún jerarca policial, por más calificado que esté para ser jefe en un departamento, pondrá todo su compromiso ni dará lo mejor de sí mismo para implementar una política de seguridad que no comparte El problema radica en que esos cargos son para desempeñar una función política y no técnica. Los jefes de policía son el brazo ejecutor de las políticas del Ministerio del Interior. Son cargos políticos. Para ejercer esas jefaturas se requiere idoneidad técnica y calidad moral, pero también una garantía de alineamiento con las políticas del ministerio. Por esa razón, el gran desafío de los ministros es elegir a los mejores desde el punto de vista técnico y moral, de entre aquellos que son de su confianza política. Pero ello no siempre ocurre: las amistades personales, las afinidades partidarias, las presiones del entorno partidario, la impericia, la necedad, el dogmatismo ideológico y la desidia lo impiden en muchas ocasiones. También opera el hecho de que es imposible que un nuevo ministro (ni sus asesores) conozca a todos los posibles candidatos. Si bien todos los ministros están expuestos a esas limitaciones, un buen ministro es aquel que logra reducirlas a su mínima expresión.

Lo dicho anteriormente fundamenta mi respuesta al primer grupo de preguntas formulado por Voces. Todo Ministro del Interior necesita que sus jefes de policía compartan su visión sobre la política de seguridad. Lo hizo Bonomi y lo hicieron Larrañaga y Heber. El gobierno liderado por Lacalle Pou vino a poner en práctica una política de seguridad muy diferente a que impulsó el FA. No se trata de una refundación del ministerio (como pregunta Voces), sino de un profundo cambio de orientación de sus políticas. En consecuencia, lógico es que se designen nuevos jefes de policía. No se trata de una purga, como pregunta Voces. La purga (con fusilamiento incluido) es una práctica autoritaria que la izquierda marxista ha sabido aplicar a la perfección, pero que no forma parte de la praxis de los partidos democráticos.

Dejé para el final el asunto de la corrupción policial. Pregunta Voces: “¿Renace la corrupción policial?” No tengo información para responder con fundamento a esta pregunta. Pero sí puedo reflexionar sobre algunas aristas del problema. Primero: en todos los casos que se compruebe que los jefes de policía señalados incurrieron en actos de corrupción, el ministro se equivocó al designarlos. Algo falló y ello es su responsabilidad.  Segundo: en todos esos casos, una vez que se tomó conocimiento de los hechos, el ministro actuó con rapidez y no le tembló el pulso para relevar jefes de policía sobre los que existen indicios creíbles de mal comportamiento.

Lo primero demuestra que el Ministro del Interior se equivocó en algunas designaciones, en tanto que lo segundo es un ejemplo más de que este gobierno reconoce sus errores y los corrige lo más rápidamente posible. Lacalle Pou ha sido inflexible con los desvíos morales. Ya no se barre debajo de la alfombra, ni se acusa a los opositores de hacer bullying a los acusados. En 2004 Tabaré Vázquez declaró a todas voces que los integrantes de su gobierno podrían meter la pata, pero no la mano en la lata. Quince años después, la lata estaba llena de manos (con el cuerpo completo, porque nadie las cortó). Todas esas manos fueron protegidas, encubiertas y defendidas por la dirigencia del FA sin excepciones. Con Lacalle Pou la cosa es diferente. Como errar es humano, a veces se designan manos que buscan la lata. Pero con este presidente, esas manos son cortadas a velocidad supersónica.

La policía como problema  por Benjamín Nahoum

 Seguramente lo mejor que puede pasar, es que una policía se sienta y actúe como el brazo armado de la ley (o más o menos desarmado, como en el caso de los bobbies ingleses); y lo peor que puede pasar, es que lo haga como el brazo armado del gobierno, o, peor aún, de los grandes capitales o los latifundistas, como tanto sucede en nuestra América.

En el Uruguay tenemos una larga, pero no continua, tradición civilista sobre el papel de la policía y también del ejército, y es discontinua porque en el siglo pasado la Policía y el Ejército (¡y el Cuerpo de Bomberos!) respaldaron el primer golpe de Estado de ese siglo (el del presidente Gabriel Terra en 1933), y el Ejército respaldó el segundo (el del presidente Juan María Bordaberry en 1973). Lo cual, de paso, aunque no lo demuestre estadísticamente, hace sospechar que el mayor peligro de un golpe de Estado en este país, es cierto tipo de presidente.

Hace años, cuando yo era niño, la imagen que teníamos del policía era la del guardiacivil, un personaje de pueblo, aunque fuera de ciudad, hasta con un nombre simbólico. Otros tiempos, tiempos en que las maestras tenían un sueldo parecido al de los coroneles, y el Uruguay poseía una industria pujante, y hasta ferrocarriles. Hoy esa imagen ha cambiado por la del uniforme camuflado, las camionetas poderosas y el cambio del respeto, y hasta del cariño, por el temor. Sobre todo, cuando se es joven y algo transgresor. Del otro lado, del lado del delito, los carteristas han dejado paso a los rapiñeros y copadores; los asaltantes de bancos a los narcotraficantes, y los delitos pasionales a los sicariatos. Otros tiempos, tiempos de una violencia instalada que se quiere contrarrestar con más violencia, como si se tratara de un contrafuego.

En el primer gobierno del Frente Amplio, con José Díaz como ministro del Interior, se procuró un cambio de rumbo, que antes que nada empezaba por otra mirada sobre el delito, los delincuentes y las cárceles; y también sobre la policía. No duró. Desde la oposición, desde la gran prensa, desde los intereses del poder y del dinero, se empujó para volver a lo anterior. Y se volvió.

¿Corrupción policial? Probablemente siempre la hubo, ahora la hay y quizá la habrá cada vez que por un lado haya poder y dinero, y por el otro ambición o necesidades, o ambas cosas. Y la hay en todos lados, por eso los de “Asuntos Internos” son ahora los protagonistas de las películas policiales, y las de detectives sagaces quedaron para las matinées.

Claro que la corrupción en la policía debe preocuparnos, como debe preocuparnos la corrupción en los ministerios, en las intendencias, en las empresas públicas, en los clubes de fútbol y hasta en las comisiones de fomento que van quedando. Pero el problema de la policía creo que no está ahí, o por lo menos no es ahí donde está el más importante. ¿El principal problema de la policía no será, para qué está la policía?

¿Ha cambiado en algo la policía? por Federico Kreimerman

La institución policial forma parte del aparato represivo del estado, esa es su concepción, y así lo utiliza en última instancia el gobierno: para contener la violencia social que surge de la situación económica, del deterioro de las condiciones de vida que sufren los trabajadores hoy.

Por otro lado, la institución policial, por su composición social está integrada por sectores de escasa formación. Es decir, si bien proviene y es reclutado del seno del pueblo es al mismo tiempo un componente del aparato represivo que incluso en su formación ha heredado un fuerte componente autoritario desde el proceso dictatorial que nunca fue revisado.

Ninguno de los sucesivos gobiernos democráticos hasta la fecha han modificado la identidad de la institución policial, particularmente su carácter de represión al movimiento social.

Todos los intentos de construir una “policía de nuevo tipo”, o con vínculo con la ciudadanía, “de cercanía” o “de persuasión” han fracasado por la propia estructura de la institución policial, por su formación y por los cuadros que están al frente de la misma.

Con excepción del primer gobierno de Tabarè Vazquez, durante el periodo con Jose Dìaz a la cabeza del Ministerio del Interior, el resto solo han profundizado y aumentado la lógica represiva, con el ejemplo de Bonomi que construyó en la Guardia Republicana una fuerza de choque para combatir al movimiento social, lejos de ser un elemento que contribuya a la buena convivencia ciudadana.

A su vez, la corrupción y el amiguismo en los vínculos de la policía con la delincuencia, sobre todo de gran porte son de larga data y moneda corriente. Esa es una percepción muy instalada: con la policía se negocia, se transa, es corrupta y muchas veces forma parte de varios negocios ilícitos como el narcotráfico, el contrabando o la explotación sexual.

Desde nuestro punto de vista, no hay posibilidad de pensar una policía diferente, no corrupta, al servicio de la sociedad sin una modificación estructural y de fondo de la concepción en que se forma al funcionario policial, del tipo de estructura que tiene la institución y los cuadros que la dirigen.

En ese sentido, la policía que imaginamos debería negarse a reprimir conflictos sociales y dirigir su accionar contra la delincuencia organizada y no contra los sectores populares. Una policía formada y no una policía que arrastra como la de hoy, la concepción de ser el brazo auxiliar de las clases dominantes para controlar y reprimir a los sectores populares.

Y particularmente estos últimos episodios de corrupción expresan la continuidad de la lógica que describimos, que a veces se denuncia cuando se vuelve evidente, y otras veces está solapada pero que todo el mundo tiene la percepción de que la corrupción es un componente intrínseco de la lógica policial, por su composición social, por el rol histórico que han jugado, por cierta impunidad y ausencia de control social sobre su gestión. Y porque cualquier estructura esencialmente autoritaria y en extremo jerárquica donde uno manda y otro obedece, las posibilidades de la corrupción son mayores, justamente por la ausencia de transparencia y espíritu democrático.

Lúmpenes por  Sol Inés Zunin

“Dices que su inmoralidad no tiene límites. De acuerdo. Pero también su pobreza es inconmensurable. Lo que me has mostrado no es la inmoralidad de los pobres, sino su pobreza. Ustedes querían hacerme ver su ruindad. Yo, a mi vez,les haré ver los sufrimientos que soportan esos pobres sin moral. ¡Y haré que su miseria desmienta la depravación que injustamente se les imputa!.” Bertold Brecht

No se trata de estilos. Se trata de objetivos. No se trata de opiniones encontradas acerca de cómo lograr la publica felicidad. Se trata de una clase que sabe, cabalmente, que su dominación se sustenta en la desesperación de los dominados, y en las condiciones extremas que llevan a decisiones ídem. Se trata de ejércitos de hombres y mujeres desesperados dispuestos a ser cualquier tipo de mano de obra cuando el hambre aprieta.

Se trata de la culpa que la indignidad –aun obligada- produce y que, con total intención, imposibilita la reinserción y garantiza el reenganche. Se trata de cicatrices que se imprimen y marcan las psiquis, y de la sociedad que no quiere mirar lo evidente –como si se necesitara mucha ciencia para entender y asumir que, a aquel niño, privado de infancia, nacido y criado en un semáforo, abusado de todas formas, se le puede pedir algo más que perdón-. Se trata entonces de lo evidente: la desigualdad es la más efectiva fábrica de lúmpenes.

Lumpen. Categoría algo olvidada cuyo éxito radica tanto en el anonimato como en la capacidad de producir asco y temor, por partes iguales, en la asustadiza clase oveja.

El poder-que no le hace asco a nada- trabaja con el lumpen. Lo cubre, a veces lo encumbra y le suelta la mano cuando hace falta. Así, sin melancolías, sin dramatismos. Y ambos fluyen en esa dinámica social colaborativa y fructífera en la que el objetivo es controlar a las capas medias como a ovejas en el corral, para que no metan los hocicos en sus negocios.

Por eso las cárceles para los pichis, el trato inhumano y los DDHH violados diaria y consuetudinariamente no son casualidad, ni ineficacia, sino puro disciplinamiento y construcción piramidal; son advertencia para ovejas rebeldes que quieran salirse del redil. Por eso no hay cárcel para narcos con mega contenedores o cafishios vip.

Entonces alguien dice que la izquierda se equivocó al juzgar a presos comunes como si de presos políticos se tratara y tantos repiten como loros esa máxima berreta que no resiste el mínimo análisis, porque… (gracias Patricio Rey) todo preso es político. Pero fue una joda que quedó.

Y la asustada clase oveja espía desde las ventanas a la patota pasar gritando la solución -meter bala- y, fingiendo demencia, acepta mientras ruega que el azar o el algoritmo no le deparen muertos propios –como creyendo que realmente es vida vivir con los muertos de otros-; y es ahí cuando los márgenes de la cordura se angostan cada vez más. Exactamente la medida de margen de locura que le gusta al poder. El río bien revuelto.

Este país ya conoció ese río y sabe y vivió lo qué pasa cuando le da el poder a los psicópatas y rienda suelta a la patota. Ya es hora de emprender el camino largo, pero conducente, de construir sociedades que incluyan y cuiden, que responsabilicen al victimario, que se hagan cargo de reparar. Porque lo barato nos sale cada vez más caro y siempre lo descubrimos de la peor manera: llorando muertos y balas perdidas. Basta del poder a los lúmpenes. Basta de poner lúmpenes en el poder.

Donde hay poder, hay corrupción por Virginia Cáceres

Esta, que puede ser una afirmación muy amplia e injusta para con la inmensa mayoría de las personas, es una premisa basada en fundamentos fácticos. La corrupción no es inherente a la función policial, lo es respecto al propio ser humano y se materializa de las más diversas formas, en un club de barrio, en la gestión de una empresa o en el cuerpo policial. Siempre que exista un espacio de poder quienes los integran corren el riesgo de cometer algún acto de corrupción.

Esta argumentación pretende colocar las cosas en su justo término, la corrupción no nace ahora en la policía ni dejó de estar presente durante los últimos 15 años de gobierno, ni tampoco renace ahora como consecuencia de una gestión. Tampoco tiene un corte generacional como algunos reclaman por ahí, como si tener menos años fuera sinónimo de rectitud. La corrupción o más bien no cometer actos de corrupción responde a un proceso individual, en este caso de cada uno de los integrantes del cuerpo policial, para mantenerse alejado de las dulces mieles que se ofrecen. Partir de la premisa que la corrupción está allí, latente en cada decisión individual permite visualizar y enfrentar el problema desde otro lugar.

Los Jefes de Policía, según lo establece la Ley Orgánica Policial, son cargos de confianza y está bien que así sea porque en definitiva son quienes tienen la tarea de bajar la política institucional de la administración al territorio, son los encargados de aplicar las órdenes emanadas de la Dirección de la Policía Nacional y para ello se requiere un compromiso institucional que necesariamente se basa en la confianza política, no entendida como adhesión político partidaria si no confianza política en cuanto a la adhesión a la política institucional que se lleva adelante, la cual necesariamente debe estar acompañada de formación e idoneidad para el cargo.

Toda gestión requiere contar con actores que tengan el equilibro entre los dos aspectos, la idoneidad y la confianza político institucional con el objetivo de garantizar que los mandos medios apliquen la política de gestión que se elabora desde las más altas jerarquías, siendo estos los encargados de llevarlas adelante. Y por supuesto que es  legítimo que cuando una administración entiende que la persona que fuera designada en esa calidad pierde la confianza en ella depositada deba ser removida, mucho más aún cuando las remociones son a consecuencia de situaciones que podrían enmarcarse en hechos de corrupción.

Por tanto el objetivo principal debe ser afinar la capacidad del propio sistema para detectar, apartar y sancionar a quienes son corruptos y esa capacidad es muestra y evidencia del éxito de una gestión. En cualquier sistema democrático con instituciones fuertes los pesos y contrapesos de cada uno de los actores son fundamentales para un correcto ejercicio republicano de gobierno. Contar con contrapesos que ejerzan un debido contralor implica que  ante el primer indicio de un presunto hecho de corrupción rápidamente sea detectado e iniciados los procedimientos que, brindado todas las garantías del caso, permitan sancionar a quienes opten por ese camino.

El Ministerio del Interior viene realizando una excelente gestión iniciada por Larrañaga y continuada por el Ministro Heber a través de la cual la se ha fortalecido el respaldo a la labor policial cotidiana, una gestión en la que no se mira con desconfianza a quien es su cara visible si no que se lo ve como un trabajador que requiere acciones concretas que le garanticen su accionar, el cual al final del día redunda en un beneficio para la sociedad toda. Y es la misma gestión que cuando debe sancionar o apartar a quienes se alejan de los principios de probidad y buena administración lo hace sin dudarlo, aplicando todo el peso de la ley.

Gestión que además enfrenta y asume la titánica tarea de bajar los altísimos niveles de delincuencia con los que contamos y a tan solo dos años de gestión viene superando con creces los logros de gestiones anteriores.

En definitiva, siempre que exista alguna manifestación de poder habrá corrupción, lejos de ser una debilidad la remoción de cargos de confianza ante posibles hechos configura una fortaleza, el accionar rápido, justo y siempre apegado a la legalidad acompañado de una política de respaldo y apoyo a quienes actúan correctamente configura una de las razones del éxito de la gestión del Ministerio.

Corrupción policial, no hay orden para aflojar por Camilo Márquez

La cuestión de la seguridad ha cobrado una inusitada importancia en la vida cotidiana de la población, en especial en las ciudades. En todas partes del mundo, sin embargo, los aparatos encargados de velar por la protección ciudadana no han hecho otra cosa que ensancharse y perfeccionarse tecnológicamente. La policía de Uruguay no escapa a esta tendencia mundial, con cuerpos cada vez más especializados y mejor pertrechados. La fuerza de partidos combinada que gobierna actualmente, cuando aún aspiraba a tener el mando del Estado y siendo unos de sus puntos fuertes de campaña, se auto asignaba como el mejor preparado para resolver los problemas vinculados a la inseguridad. El fracaso en este terreno ha sido total, y no podía ser de otra manera. Los primeros movimientos, según se sabe ahora, del difunto ministro Larrañaga fue “depurar” la policía de lo que entendían eran funcionarios “pro-Bonomi” (la definición es de Gabriel Pereira). En la volteada cayó Layera, director de la policía durante el gobierno anterior, pero no sólo. Lo que se señala en resumidas cuentas es la existencia de una purga policial, lo que obligó a echar mano a antiguos jerarcas, relegados a una segunda línea durante las administraciones del FA.

La crisis policial envuelve también a las intendencias, la mayoría en manos del Partido Nacional, ya que varios Intendentes habrían presionado para que, en las jefaturas correspondientes, hoy en el ojo de la tormenta, se encumbrara a agentes de su palo. El caso de Cerro Largo es el más escandaloso. Con un jefe de policía que, hacia la vista gorda al contrabando, que ya había sido cesado en 2018, y que el Intendente, Yurramendi, en un acto de complicidad desvergonzado salió a respaldar luego de ser por segunda vez destituido. Posteriormente se destapó había hecho campaña pública para que Yurramendi llegara a la intendencia arachana. En todos lados se cuecen habas, pero en Cerro Largo al parecer SOLO se cuecen habas.

El hecho viene a dar por tierra con la pavada hecha máxima de que “la policía se depura sola”, primero porque los saneados bajo un gobierno retoman sus antiguos puestos cuando llega otro y segundo porque los que caen en desgracia lo hacen por denuncias periodísticas. Asuntos Internos no cumple ningún rol o a lo sumo uno negativo, pues, de acuerdo a la información, reiteradamente deriva la investigación de las denuncias que le llegan en agentes vinculados a las Jefaturas que deben ser investigadas, lo que termina en entorpecimientos o directamente en represalias hacia el interior de la policía por el buchonaje reciproco que reina en un cuerpo cada vez más corrompido

Los casos de complicidad con el delito son numerosos. Cada día que pasa se suman nuevos. Se ha removido, según la Diaria, al 42% de los jerarcas asignados hace veinte meses, cuando asumió el gobierno. Enumerarlos no aporta sustancialmente, y es información al alcance de cualquiera; la crisis policial es un hecho conocido. Lo importante es señalar que ninguno de los dos actores principales en el tablero político tiene una salida al problema de la seguridad. Heber (Larrañaga antes) y Bonomi representan dos lobbys policiales, hasta cierto punto rivales. Las distintas medidas llevadas a cabo tanto por el FA como la actual coalición multiderechista, de “empoderamiento” de la policía no ha movido la aguja contra los crímenes y delitos. Sucede que la lucha contra la inseguridad cotidiana es una lucha contra el Estado y su aparato de conspiración y brutalidad contra el pueblo. Sólo encarada desde este ángulo puede ser consecuente. El FA está incapacitado incluso en su rol de oposición para desenvolver una lucha de esta naturaleza; su campaña durante el balotaje fue “dos mil policías más para el PADO”. Es decir, un crecimiento descomunal del aparato represivo. Su “agenda”, para utilizar un término en boga, se hacía ostensiblemente más derechista al punto de no diferenciarse de su contrincante electoral.

Frecuentemente escuchamos que la seguridad es un asunto de la derecha, del que la izquierda se sustrae. Incluso es aceptado ampliamente que fue la causa que hizo perder la elección al Frente Amplio. La derecha hace eje con la inseguridad para enmascarar que ésta es producto del Estado en descomposición que defiende. La centroizquierda integrada al régimen burgués ahora relevada del gobierno esquiva el asunto porque no propicia el desmantelamiento, esto es, el derribo del Estado capitalista, sino su embellecimiento. En este último caso tampoco es correcto hablar de reformas. En estos días han salido a la luz datos que revelan la extensión de los abusos cometidos por los cascos azules en Haití, presentes en el país entre 2004 y 2017. Los uniformados, una fuerza combinada bajo el alero de la ONU, según la encuesta, dejaron 265 niños no reconocidos en el país. Con un 28% los militares uruguayos encabezan esa estadística. Quienes propiciaron este atropello contra un pueblo hambreado y diezmado están incapacitados para dar respuesta a la corrupción de los aparatos de represión. Defienden el orden realmente existente. Son un producto vencido.

La amplitud de la corrupción se explica por la considerable autonomía alcanzada por la fuerza policial, que en realidad termina rindiendo cuentas a una burocracia de cuño propio. Por otro lado, es un cuerpo que se ha perfeccionado cada vez más en la represión política y social. El trabajo de inteligencia, paraestatal y de persecución es una necesidad del propio Estado como reacción ante una mayor polarización y derrumbe social. Elevados por encima de la sociedad se emancipan y crean sus propias redes, negocios y cajas. El narcotráfico, por nombrar al más extendido, no puede prosperar sin complicidad policial, esto lo sabe cualquier vecino. Pero no solo la venta en las bocas de los barrios que destruyen a la juventud sino también el gran narcotráfico que se va en contenedores por la aduana, de la que forman parte las grandes empresas exportadoras, y luego los bancos, el juego y la especulación inmobiliaria por donde se realiza el lavado.

La crisis en el sector encargado de la contención y control de la población no puede ser explicada como la defección de un mal funcionario que agarra una coima. La corrupción policial, antes que nada, es un indicador de primer orden de la tendencia disolvente del estado en sus arterias vitales, las agencias de represión.

La clase trabajadora debe tomar en sus manos la lucha contra la inseguridad, esto es en primer lugar disolver los aparatos de represión y el remplazo de los gobiernos capitalistas que se apoyan en estos por gobiernos de trabajadores apoyados en comités de obreros y el pueblo que trabaja.

El Ministerio del (des) Gobierno por Rodrigo da Oliveira

Lo señalábamos hace pocos días en un tweet, lentamente el tema seguridad se va volviendo la piedra de toque de la administración Lacalle Pou. Los opositores saltaron, al grito de: «¿viste, no que era tan fácil?», y algunos adeptos también saltaron, enarbolando que poco menos mi argumento era desestabilizador.

Y es que realmente venimos de un par de meses duros, muy duros, en materia seguridad. Tema al cual no debemos acostumbrarnos ni aceptar menos que la búsqueda real de las soluciones.

La convocatoria a escribir estos apuntes deslizaba nociones tales como si se había primado la confianza a la carrera o la trayectoria, para elegir al personal que mandara a la fuerza policial. Va de suyo que las autoridades deben tener personal de confianza a cargo de temas tan caros a la gestión como este que hoy nos interpela. También que debe ser de probidad absoluta el legajo detentado por los jefes policiales. Y enseguida tropezamos con los primeros escollos.

Se había plantado con rumbo claro y resultados auspiciosos el fallecido ministro Larrañaga. Su deceso obligó a designar a alguien de máxima confianza de Lacalle Pou, aunque sin conocimiento alguno de la materia en cuestión y ello fue visible a poco de andar el novel secretario de Estado.

Al día de hoy llevamos ya ocho cambios en las jefaturas de la policía nacional, por diversos motivos, algunos de ellos directamente ilegalidades. ¿Es esto nuevo? Para nada, antes bien es buena cosa que el sistema reaccione y elimine a sus elementos poco saludables.

Esto debería no solo no minar la confianza de la ciudadanía en la depuración de los cuadros sino dar aún más tranquilidad en ese sentido.

Que se denuncie y se actúe en consecuencia para frenar desbordes o el accionar directamente delictivo dentro del Instituto Policial es algo altamente positivo. Creo que sí falla el Ministro Heber al estar en desacuerdo con el pedido de algún sindicato en generar una Fiscalía especializada en delitos cometidos por funcionarios de esta cartera, ya que una queja histórica es que quienes denuncian eventuales ilegalidades puertas adentro y la gestión correspondiente de Asuntos Internos, a veces no es encauzada de la mejor manera, por decir menos. Alguna versión va más allá y argumenta la eventual comisión de encubrimiento directamente, además de persecución interna a quienes realizan denuncias a sus compañeros que podrían haber cometido delitos.

Tampoco resulta novedosa la proximidad policía-delincuente y algunas posibles connivencias. Algunas por propia corrupción, otras bajo amenazas hacia sí mismos o sus familias, otras por verse involucrados indirectamente, muchas son las situaciones que ponen a policías en esta encrucijada.

Lo que no puede suceder es que no se actúe, no se prevenga, no se reprima o no se castigue. No es de recibo para el funcionamiento del sistema ni para la ciudadanía que termina quedando inmersa en situaciones que no ha buscado ni quiere.

Mejora de salarios, profesionalización del cuerpo, buen equipamiento, respaldo a quienes cumplen con su deber en el más amplio sentido de lo esperado y punición rigurosa a aquellos otros que se desvíen de su cometido, son sólo algunas de las cosas que como habitantes debemos exigir sin dudarlo a los gobiernos sucesivos.

Algunas cuestiones más finas como la obligatoriedad de proveer y portar cámaras personales, elementos disuasivos como las pistolas Taser, la aplicación de fuerza necesaria no excesiva (protocolo mediante) y la convergencia en las actuaciones policiales de importancia de Jueces de Garantías, tema este último que da para un texto en si mismo pero que dejo enumerado solo al pasar, sin que ello reste importancia al pedido. Prioritario también el hacer Inteligencia, directa o descentralizada.

Tenemos un alto número de servidores destinados al rubro seguridad pública, el camino no parece ser aumentar tal, sino mejorar la gestión.

Complejo se ve para obtener buenos resultados tal como hoy están planteadas las cosas, es un ministerio complicado y el mundo narco ha permeado todas las capas de la sociedad. Mal podríamos pedirle a la policía que fuera una isla dentro de todo esto.

No nos parecía la mejor opción la designación de Heber al frente de Interior, el paso del tiempo parece refrendar tal prejuicio.

De lo que no hay dudas es que debe la actual administración encauzar de inmediato las cosas de manera de volver a obtener buenos resultados, de lo contrario se le volverá en contra y lo pagará con lo más caro, muchos de los votos que le fueron prestados en la anterior elección. No hay lugar para la mano dura ni el gatillo fácil, sí para la trabajar fuertemente basados en la vieja premisa de prevención, disuasión y represión. Inteligencia y gestión, no es tanto, no es menor.

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