Periodismo: ¿Independiente o chatarra?

A raíz de la denuncia de una violación múltiple en el Cordón y la trasmisión de audios en el programa de Ignacio Álvarez ardió Troya. Desde los ataques a la vida privada hasta el cuestionamiento a la libertad de prensa entró todo en debate. Se sumó la actuación judicial con la imputación a tres implicados y el allanamiento a la radio Azul FM. ¿Vale todo en el periodismo para conseguir rating? ¿Hay contradicción entre la justicia y la verdad? ¿Aportó la divulgación de los audios? ¿Se pone en una situación aún más difícil a la víctima? ¿Se intenta manipular a la Justicia influyendo en la opinión pública? ¿Cuál es el límite de la ética para el periodismo? ¿Está amenazada la libertad de expresión en Uruguay? ¿Era necesario allanar una radio? ¿Se busca intimidar al periodismo?

Protección de la libertad, pero sin patente de corso por Andrés Scavarelli

Dentro del estudio de Derechos Humanos, los temas más complejos son aquellos en los que hay una colisión entre derechos colectivos e individuales porque se hace necesaria una armonización para que la solución sea adecuada al caso concreto.

En materia de Derechos Humanos se protege ampliamente la libertad de expresión de toda persona, haciendo un natural énfasis en la función periodística, pero en particular sobre la protección de las fuentes, porque libertad de información tiene toda persona, lo mismo que responsabilidad por lo que diga o publique, pues de lo contrario la libertad se convierte en libertinaje y el derecho a opinar o informar en una patente de corso.

Es importante separar la responsabilidad ética de la responsabilidad legal por lo que se publica, y dentro de lo legal es importante separar la responsabilidad civil por los daños que se pudieran producir de la penal que es la que analiza si ha habido delito o no.

Que existan “tipos penales”, es decir normas que habiliten la imputación y castigo de ciertas conductas no significa que toda conducta que encuadre en esa descripción de la norma vaya a ser delito, no se puede interpretar un artículo penal como una receta de cocina ni como una fórmula matemática pues en Derecho no hay 2 + 2 y si llegara a haberlo no siempre sería 4, porque a diferencia de las matemáticas clásicas, el contexto, el entorno y las circunstancias del caso concreto influyen en materia legal y penal sobre el resultado jurídico de evaluación o decisión sobre la conducta para determinar si ha habido delito o no.

Salvo el Derecho a la Vida, al menos en Uruguay, ningún derecho es absoluto, todos los derechos admiten limitaciones y están en constante contraste, por eso caso a caso se debe analizar el alcance de uno u otro, como en el caso del terrible hecho denunciado de una violación grupal y la difusión pública de los audios por un medio, es un tema muy delicado el determinar si hay un interés legítimo de la sociedad para conocer los audios o no, colisión entre intimidad e información. Sostengo que, así como la libertad de expresión es la piedra angular de la democracia, como dice la Corte Interamericana, la intimidad es la piedra angular de la personalidad y por eso debe ser protegida, por eso la Ley la protege. La protege con la restricción de lo que puede publicarse y con la limitación de los allanamientos al máximo posible, entre otras garantías.

Personalmente creo que no siendo una persona pública la difusión de los audios fue excesiva e injustificada, pero que esto si bien puede ser, según el Código de Ética Periodística, una infracción, puede no ser una conducta delictiva, pero es algo que la justicia deberá decidir. No es asimilable falta ética, una conducta contraria al buen gusto y la moral con delito, es más, la libertad de expresión, de toda persona, es justamente para defender su derecho a opinar de algo que pueda ser controversial, desagradable y hasta considerado inmoral pues como bien señala la jurisprudencia internacional, la defensa contra esas cosas y aún contra la mentira es la verdad, la discusión, la argumentación y no la sanción penal pues el Estado no puede dirigir el debate de lo que es socialmente aceptable sin caer en riesgos autoritarios, no hay ni puede haber nada parecido a un “Ministerio de la Verdad”, el debate de lo moral y de lo que sea verdadero debe darse en sociedad, no en tribunales, pero naturalmente con el límite que las leyes y el bloque de constitucionalidad establecen en protección de otros derechos, de nuevo, libertad pero sin patente de corso. Por eso, aquí no debe de haber posiciones tajantes porque son situaciones dinámicas y cambiantes, no es que se deba elegir entre libertad de expresión y defensa de la intimidad, se debe buscar soluciones que protejan de la mejor medida ambas y si esto no es posible, según sea el caso, elegir una mayor protección a una, pero sin dejar desamparada la otra.

El problema no es Álvarez por Oscar Licandro

El affaire desatado tras la difusión por Ignacio Álvarez de unos audios relacionados con una denuncia de violación grupal en el barrio Cordón pone en evidencia una grave enfermedad que está azotando a la sociedad uruguaya: la hegemonía creciente de una forma autoritaria, dogmática, mesiánica e irracional de promover la igualdad de género y el derecho de las mujeres. Esta igualdad y este derecho son algo que seguramente compartimos el 99% de los uruguayos, tanto en nuestra forma de pensar como en nuestro comportamiento diario. El problema radica en que esta noble causa está siendo copada por minúsculos grupos radicales, quienes han impuesto formas de razonar y de actuar que dinamitan las bases de la convivencia (son intolerantes y agresivos), impiden el debate político democrático serio, distorsionan el funcionamiento de la Justicia y anulan el uso del sentido común y de la empatía cuando se analizan determinados problemas.

Los hechos que desataron el affaire son harto conocidos. Una mujer denuncia haber sido violada por varios hombres. A continuación, se filtra información sobre sobre acontecimientos verdaderos o falsos (que los acusados se negaron a hacerse un ADN, que el análisis forense de la denunciada probó tal o cual cosa, etc.) y surge la condena social hacia los acusados. En ese contexto, el comunicador Ignacio Alvarez difunde, en su programa radial la Pecera, unos audios que a simple vista (y a juicio de un experto entrevistado en el programa) aportan una posible perspectiva distinta de lo ocurrido. Es a partir de ahí que se desata una cadena de eventos, los que en su conjunto muestran el daño que está causando en nuestra sociedad el discurso autoritario, dogmático, mesiánico e irracional que impone el feminismo radical.

Uno de estos eventos es el comunicado emitido por la comisión de género de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). En este comunicado, la comisión le recuerda a Álvarez (sin nombrarlo) los artículos 21 y 22 del Código de Ética de APU. Este comunicado me llamó la atención porque no recuerdo que la APU haya antes reprendido públicamente a un periodista por violentar normas éticas, cuando los informativos televisivos están repletos de morbo y de abordajes nada empáticos con las víctimas de los crímenes. Éste ha sido claramente un ejemplo de uso arbitrario del código ético de la profesión, que solamente se puede entender por el creciente lobby del feminismo radical y porque Álvarez es una persona poco querida en esas tiendas (por decirlo con suavidad).

El segundo evento fueron las declaraciones de algunos periodistas, quienes dijeron que ellos habían recibido los audios, pero que decidieron no difundirlos. ¿Por qué hicieron estas declaraciones? ¿Las hicieron para mostrarse moralmente superiores a su colega, tal como reflexionó Martín Aguirre el domingo? ¿O las hicieron para dar testimonio de buen comportamiento ante los censores del feminismo radical? Sólo ellos saben qué los motivó a emitir esas declaraciones, pero lo cierto es que con ellas contribuyeron a reforzar la autocensura que impone el feminismo radical a los periodistas. Difícilmente alguno de ellos llegará a ser un Robert Woodward. Ni un poquito.

El tercer evento es la denuncia penal que legisladores del FA realizaron contra el periodista por la difusión de los audios.  Resulta llamativo que un partido político realice una denuncia penal contra un periodista, máxime cuando el supuesto delito no tiene ninguna relación con dicho partido. Álvarez no difamó al FA ni a ninguno de sus integrantes. Un partido político contra un periodista, Goliat contra David. ¿Qué sentido tiene una denuncia que, de haber delito, otros actores directamente involucrados seguramente la harían, como finalmente ocurrió? Creo que aquí nuevamente predominó el lobby del feminismo radical que, tal como es evidente, ocupa importantes espacios de poder dentro del FA.  Este lobby, sumado al odio visceral que buena parte de la dirigencia de izquierda siente por Álvarez, son factores que explican este gran desatino. Porque eso es lo que fue, tal como quedó demostrado cuando un periodista interrogó al novel presidente del FA. Con elegancia, Pereira se desmarcó de los firmantes de la carta. El sentido común que lo caracteriza, tan escaso dentro del FA, es quizá el motivo por el cual el ex presidente del PIT-CNT crece como figura dentro de la coalición.

Finalmente, el cuarto evento es, a mi juicio, el más grave de todos. El Fiscal de Corte ordenó de oficio el inicio una investigación penal contra el periodista por una eventual violación del artículo 92 de la ley 19.580. De inmediato, la fiscal a cargo emitió una orden para allanar el medio de difusión y la casa del periodista en busca de pruebas. La orden incluía incautar medios electrónicos de la producción del programa y el celular de Álvarez. En cualquier país democrático esto es un atentando a la libertad de prensa. Rápidamente se elevaron voces críticas del proceder de la fiscal, entre las que destacan el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas y el ex relator para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA). ANDEBU condenó el allanamiento a la emisora radial, que es uno de sus asociados. También APU condenó el allanamiento a Azul FM, pero no lo hizo con el allanamiento de la casa del colega periodista. Raro, ¿no? La condena del hecho o las dudas sobre su legitimidad atravesaron a todo el espectro político, incluidos el presidente del FA y el Intendente frenteamplista de Canelones.

El desaguisado fue de tal magnitud que los propios protagonistas (el Fiscal de Corte y la fiscal a cargo) terminaron reconociendo que se les fue la moto y recularon. Surge entonces la pregunta: ¿qué explica que dos profesionales con larga trayectoria en la fiscalía hayan cometido un error tan elemental? Desconozco si ambos actores comulgan con la forma de pensar y actuar del feminismo radical, pero si alguno de ellos lo hace, seguramente sus convicciones personales influyeron en esta mala decisión. Pero de lo que sí estoy seguro es que la enorme presión social que el feminismo radical ejerció sobre este caso (marcha incluida) fue determinante en las malas decisiones tomadas por los fiscales.

No se necesita ser muy sutil para darse cuenta que esa presión opera siempre que se abordan casos judiciales relacionados con la mujer, ya se trate de abusos sexuales, violencia doméstica o disputas por la tenencia de hijos. El sesgo puede llevar a violar el principio de presunción de inocencia de los acusados y a terminar castigando injustamente a inocentes (recordemos el caso de Valizas). Pero también puede culminar en fiascos que favorezcan a los verdaderos criminales, cuando el voluntarismo y la ceguera militante de algunos operadores judiciales terminan destruyendo casos sólidos, tal como ocurrió con la Operación Océano.

Imaginemos por un momento que el affaire hubiera sido este otro. Un joven varón menor de edad denuncia a dos mujeres adultas por abuso sexual. Ignacio Álvarez encuentra unos audios que eximen de culpa a las mujeres y los difunde en su programa de radio. ¿Cómo cree Ud. que habrían reaccionado todos los actores mencionados en este artículo?

La ética no se impone por Fabián Cardozo

Son tiempos intensos para los periodistas.

Entre discursos de odio en redes sociales, que parten a veces desde voces anónimas y muchas otras desde otros sectores nada anónimos y muy cercanos al poder, aparecen de vez en cuando interesantes debates de carácter ético-profesional.Este sin duda es uno de ellos.

El material emitido en el programa “La Pecera” de Azul Fm la pasada semana disparó una serie de hechos y debates con diferentes tonos.

Uno, vinculado al contenido de ese material, sobre el que el consejo directivo de la Asociación de la Prensa Uruguaya se expresó en su momento apoyados en la mirada de su comisión de genero. Allí nuestro sindicato realiza valoraciones de carácter ético, sin entrar en ningún momento en cuestiones jurídicas.

Lo que hicimos fue recordar la existencia del Código de Ética, una construcción colectiva de la cual nos sentimos orgullosos.

Especialmente los artículos 21 y 22 que señalan resumidamente que los periodistas debemos “cuidar la cobertura de hechos violentos, evitando detalles escabrosos “y sobre todo NO “criminalizar a las personas involucradas” y también que los periodistas debemos ser “respetuosos del dolor ajeno” y debemos realizar nuestro trabajo “evitando testimonios que re victimicen a las personas en situación de vulnerabilidad”.

Vale aclarar que este código es ante todo “auto-regulatorio “de nuestra profesión u oficio y que como todo aspecto vinculado a la ética no debe ser tomado como algo imperativo.

La ética no se impone, se ejerce o no se ejerce.

Es así que desde ese lugar planteamos desde ese lugar y luego de discutirlo en consejo directivo nuestra mirada critica a esa cobertura, que en nuestra valoración no midió las consecuencias de su eventual afectación en las victimas y sobre si realmente la difusión de esos audios aportaba algo al tema o lisa y llanamente complicaban una investigación de por si delicada.

Emitido ese primer comunicado, llegaron las primeras reacciones de un lado y otro de esa “grieta” que hemos sabido copiar de la vecina Argentina. Los “de acá” vs los “de allá”, debatieron horas y horas en la burbuja twittera.

Por ahí, lejos la o las víctimas, y un poco más allá la verdad, eterna postergada en cada uno de estos debates.

Pero a falta de polémicas, horas después nos enteramos de la decisión de la fiscal de la causa de solicitar el allanamiento tanto de la emisora radial donde el programa se realiza como incluso también del domicilio del periodista.

Esa compleja decisión ameritó nuevamente la intervención de nuestra organización, que le solicitó una reunión urgente al Fiscal de Corte Juan Gómez que fue rápidamente concedida. En el encuentro Gómez dejó claro que lo actuado por la fiscal era un error que no deberá repetirse y garantizó de forma terminante la “buena salud” de la libertad de expresión en el Uruguay.

Como ya lo expresamos y coincidimos con el fiscal, existen otros mecanismos para solicitar la información. Sera necesario aquí la colaboración de todas las partes involucradas, pero teniendo por delante el requisito básico para el ejercicio profesional periodístico de la reserva de la fuente.

Con esos elementos por delante y lo más lejos posible de interferir con el trabajo de la justicia, es que saldremos adelante y esperamos que este caso tenga una resolución justa, respetando los derechos humanos. Y que el trabajo de los periodistas sigue siendo valorado y respetado, siempre y cuando se ejerza desde la ética y con profesionalismo. Cuenten con nosotros para eso

Apagar el ruido por Cristina De Armas

Una frase popular nos dice que cuando el río suena, agua trae. Y se refiere a que todo ruido, rumor, algo de razón lleva; pero también es cierto que echar a andar un rumor o hacer tanto ruido que cause conmoción puede llevar a que la opinión pública desvíe su atención y la aleje de lo que realmente es importante.

Nadie escapa a la realidad, estamos en un “momento político”, y cuando estamos en estos momentos, todo se convierte en político o se intenta.

El punto de origen, el hecho importante fue que una mujer denunció una violación grupal. Cuando la prensa pone el foco sobre estas denuncias se sabe que la opinión pública pone atención y se polariza porque los ciudadanos comunes no discuten u opinan masivamente sobre lavado de activos o el precio de las commodities, no, opina y discute sobre lo que cree que entiende y sobre la moral de los demás, no hay un uruguayo que no tenga opinión.

La Justicia actuó sobre el hecho como con cualquier denuncia de este tipo, la prensa veraniega encontró un oasis periodístico; pero un periodista fue más allá, desafiando una ley que impide hacer público cualquier material de índole sexual; una ley que de alguna manera le involucra porque fue víctima él mismo de una publicación, de una filmación privada, así como algunas otras personas conocidas.

Allí se desvió la situación porque el periodista en cuestión se identifica notoriamente con un partido político de derecha o con el propio gobierno y su cuestionada actitud la tomaron legisladores identificados con la izquierda para denunciarle. Iba encaminado a un enfrentamiento político encausando a la opinión pública a un enfrentamiento ideal; pero no. Una fiscal tomó la denuncia y dio orden de allanamiento a un medio periodístico.

La prensa, más allá de posiciones políticas u agrados personales debía responder corporativamente, la libertad de prensa es demasiado importante para todos, para el periodismo, pero también para la sociedad. A su vez la Justicia se vio cuestionada en los medios, una Justicia que actuó conforme a derecho, pero que dio un paso atrás.

La libertad de prensa nunca estuvo cuestionada ni en peligro, no le faltaron defensores; la Justicia salió herida, cuestionada y maltratada, un peligro no menor, la política soslayada, la verdadera víctima, olvidada.

A resaltar, lo poco que importan los delitos sexuales a nuestra sociedad, lo fácil que se olvidan o tergiversan, aún nadamos en una Operación Océano que no acapara ya la atención.

La atención política que no deja de buscar, hoy parece en manos de dos actores reconocidos, Valenti y Bordaberry, mejor entre ellos, para que nadie salga herido. Saben actuar. Que suba el telón.

El fiel de la balanza por Rodrigo da Oliveira

Así hemos dado en calificar habitualmente a la tarea de nuestros jueces, puesta junto a la tarea de los fiscales, en tela de juicio por los hechos relacionados a un presunto (no hay condena aún) abuso sexual agravado grupal, difusión de material sexual privado y responsabilidades de periodistas.

Va en ello que los habitantes de una sociedad tenemos diferentes intereses, necesidades y obligaciones y tensamos a nuestro favor nuestras respectivas posiciones. Es necesario, por ello, que a alguien quepa la tarea de zanjar cuestiones que pueden afectar de una u otra manera la convivencia, cuyo extremo disolutorio sería el diferendo violento.

Podríamos sobreabundar por páginas y más páginas en este sentido, teniendo en cuenta lo sucedido en los últimos días y horas. Al momento de publicarse estas líneas, lejos estaremos aún de que se haya resuelto, tanto a nivel judicial como en su esfera pública. Pesan en este caso cuestiones que tienen que ver con lo legal, lo legítimo y la justicia (hasta acá con minúscula). En esas estamos. Podríamos fijar una posición común de inicio, que es el intento irrestricto de protección a las víctimas. Sucede que esto abre dos elementos que han pesado en todo este debate: ¿la mujer es víctima per se? ¿O también lo es un imputado de acoso, abuso o directa violación, agravada por ser en «manada», pero sin condena firme?

Es el caso de marras; ¿son culpables sin excusa ni defensa legítima (sí legal) cuatro chicos hasta ayer apenas colibríes, a quienes la misma horda que hoy los condena, defendía a morir, por ser chicos? Así lo dictaminó la condena social, marcha incluida, barriendo como responsables a esos cuatro y a todo aquel que portara un pene, asesino y violador en potencia. Lo mismo podríamos sostener acerca de los niños y los ancianos (¿acaso no presentan una y mil veces situaciones de agresión e indefensión?), el sitial de privilegio legal hoy es femenino. Se puede discutir técnicamente si la preventiva tenía lugar o no, si la «alarma pública» era suficiente para mandarlos a prisión. De sobra sabemos cómo reciben en las cárceles a los enviados allí por delitos como violación o abuso sexual. ¿Y si son inocentes? ¿O avalamos para ellos lo que criticamos en el caso del chico de Punta del Este, patoteado cobardemente? ¿Qué riesgo representaban de fuga, entorpecimiento de la investigación o para la denunciante, eventualmente víctima? Víctima estipula la ley (de modo que así la llamaremos) nuevamente poniendo a la denunciante por sobre el denunciado, por el solo hecho de ser mujer.

En los hechos, se violan legalmente dos normas constitucionales, como son la igualdad ante la ley y la presunción de inocencia, pilares básicos de nuestro orden jurídico. Pilares que decidieron pisotear TODOS los partidos políticos y tirar por tierra, avalando tamaño dislate al aprobarlo. Pocas voces se alzaron en contra de esto, advirtiendo lo que se venía. Encima teniendo a la vista la ley española, madre de la nuestra, cuyos vicios de forma y fondo ya se dejaban ver. Es legal, porque es una ley vigente. Inconstitucional, ilegítima e injusta, también. Éticamente reprochable, como añadido. Es en este contexto que se produce un hecho cuyas derivaciones pervivirán, sin dudas. Supuestos audios del hecho fueron divulgados por un programa de radio, poniendo en parte en duda la veracidad de la declaración de la víctima, dando otra visión del hecho, parcial por definición. Ello provocó, por parte de la bancada del Frente Amplio, hacia el periodista Álvarez una denuncia por emitir tales. También una investigación de oficio por parte del Fiscal de Corte, orientada hacia lo mismo. Una señora fiscal pide incautación de elementos de trabajo, así como de su celular. Material de trabajo de un periodista, pedido de allanamiento mediante, para conocer el origen de tales audios, es decir de la fuente periodística. Una señora jueza lo avaló. Ninguna de los elementos de resguardo funcionó, dando por buena una actuación a todas luces indebida. Tan indebida que luego se retractaron. Tan indebida que el propio Fiscal de Corte intentó una excusa liviana, para luego declarar a Fiscalía garante de las libertades de prensa en nuestro país. No lo garantizaron cuando debieron, de modo que las declaraciones pueden oírse muy correctas, pero están vacías de contenido. Son dos los temas conexos, vinculados, pero bien diferenciados. La investigación penal sobre la violación correrá por los canales que corresponde, no es materia de cuestionamiento y menos de defensa de los eventuales responsables, si así resultan. Fiscalía aportará las pruebas y la jueza dictaminará, de acuerdo a los elementos de convicción y prueba suficientes y necesarios. Esperamos y confiamos en que así sea. La denuncia acerca de si la emisión de los audios violentó los derechos legales de la víctima, también será motivo de examen y llamado a eventual responsabilidad.

Lo que acá si debe quedar en blanco sobre negro es el exabrupto legal que se intentó llevar a cabo, aunque sin conseguirlo totalmente. ¿Qué hubiera sucedido si los agentes policiales intentaban hacerse con el móvil de Ignacio Álvarez de manera coercitiva y este se negaba a entregarlo? Absolutamente asistido por sus derechos, agrego. El hecho de que la medida de incautación dispuesta fuera revertida da cuenta del error, sin dos lecturas. Un allanamiento parcial a una emisora de radio y al domicilio de conductor del programa son hechos gravísimos, que atentan contra la libertad de expresión, ya no sólo del protagonista, sino de cualquiera que pretenda expresarse de acuerdo a sus convicciones. Esto fue un intento de forzar acontecimientos que se vio detenido solo porque Álvarez no estaba en ese lugar y la alarma pública posterior, ahora sí, generalizada. Propuesto por la fiscal y admitido por una jueza. Inadmisible desde donde se lo mire.

No queda claro hasta donde el Fiscal de Corte supo de esta medida, pero no le resta responsabilidades por ello: por acción, por omisión o por desconocimiento. Lo calificó de «error estratégico». Tan graves unas como otras, para alguien que detenta tal cargo. Cargo que además depende directamente del Poder Ejecutivo, así que también ahí caben responsabilidades.

Un capítulo aparte es la gestión de legisladores que fueron en masa a pretender censurar a un periodista. Podemos coincidir o no con él, no es ese el punto en cuestión, sino que se intentó que tal ejerciera censura previa en su trabajo de ahí en más. Intento hacia él y hacia cualquiera que pretenda expresar libremente su pensamiento y ejercer su actividad (tal vez incómoda para algunos), una vez más. «Con este tema no te metas», el mensaje fue claro. Los llamados a eventual responsabilidad son posteriores, no se ejercen mediante el patoteo grupal. Frente a esto estaremos siempre. ¿A nadie llamó la atención todo esto, antes de seguir adelante? Esperamos que haya correcciones de rumbo, las señales como tales son pésimas, para el funcionamiento de la República y las libertades que pedimos para todos. En algún posteo previo nos preguntábamos cómo era posible que las instituciones hubieran caído, en su momento, casi sin hacer ruido.

La respuesta está acá, en estas cosas. En parte cayeron al aprobarse esto, en 2017. Ahora, otra alcaldada pretendió llevarse puesta otra porción del estado de derecho. Claro que no se pretende dar un golpe de estado; lo que sí se busca es acallar las voces disidentes, incómodas o molestas para una visión del funcionamiento de la sociedad que pretende que algunos estén por encima de otros. Una última pregunta queda en el aire y a ella debemos someternos todos, la hizo Gabriel Pereyra: cuando el camino de la verdad y el de la ley se bifurcan, ¿cuál de los dos debería seguir un periodista? El periodista el de la verdad, siempre. Y la justicia, mediante la ley, debe intentar alcanzar la Justicia.

3 millones de jueces por Juan Pablo Grandal

Sin hablar del caso en sí, ya que sobre la culpabilidad o no de los 4 acusados debe expedirse la Justicia y más nadie, me interesa afrontar esta temática hablando de las distintas reacciones que suscitó. También quiero realizar una breve crítica al hecho de que se tomó una acusación de violación en manada y se la convirtió en un circo mediático y político, lo cual es una vergüenza y habla muy mal de nuestra sociedad, sistema de partidos y medios de comunicación.

Para empezar, ¿me parece bien que Álvarez haya difundido los audios de esa manera? La verdad, no. Difundió audios con un contenido sexual explícito sin permiso de todos los involucrados y además lo hizo en horario de protección al menor. En todo caso, si cometió una falta, le correspondía poco más que ir a declarar a fiscalía y dudosamente hubiera recibido castigo alguno. Y quiero que quede claro, que mientras se debe defender la libertad de expresión, la condición de periodista no te exime, y no te debe eximir jamás de tus responsabilidades en caso de cometer una falta o quebrantar una ley. No tienen ningún derecho que el resto no tengamos.

Más allá de esto, es absolutamente claro que el allanamiento del lugar de trabajo de Álvarez fue absolutamente bochornoso y además preocupante. Pero no porque crea que significa que estamos “avanzando a un régimen autoritario” como he visto a algunos usuarios opinar en las redes. Sino por como esto está entrelazado con el momento cultural actual. Muchos no lo van a decir porque es políticamente incorrecto decirlo, pero la forma en la que como sociedad tratamos las acusaciones de abuso sexual es absolutamente vergonzante. Es irreal en el caso de cualquier otro crimen la idea de invertir la carga de la prueba. En cualquier sistema mínimamente civilizado toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pues en estos casos parece suceder lo contrario. Los 4 acusados son inmediatamente culpables ante la opinión pública, y lo preocupante es que exista en el sistema judicial quienes actúen de forma parecida. Y obviamente desde los grupos de presión aliados al poder, a quien defienda la presunción de inocencia en estos casos se les realiza todo tipo de acusaciones, desde complicidad con el abuso sexual hasta los típicos calificativos que apelan a cucos como “machista”, “fascista”, “mentalidad que atrasa”, etc.

Yo entiendo que un crimen con la gravedad de la violación/abuso sexual sea tratado de forma particularmente dura por parte de la sociedad, así debe ser, es de las peores vejaciones que se le puede cometer a un ser humano, una negación total de su humanidad que deja secuelas de por vida a quien lo sufre, que en la absoluta mayoría de los casos son mujeres. Y entiendo que en muchos casos la Justicia y el Estado fallan en dar adecuada contención, protección y retribución a las víctimas (curiosamente hay quienes se quejan de esto último, pero defienden políticas de menor represión a los violadores). Pero nada de esto justifica la eliminación de la presunción de inocencia. Nuestro sistema judicial es profundamente imperfecto, pero la eliminación de la presunción de inocencia lo haría objetivamente peor en todo sentido, y todos lo entenderíamos si esta se eliminara para otros crímenes. Claramente quienes viven de fomentar la desintegración social no tienen interés alguno en perfeccionar la Justicia ni para ayudar a las víctimas ni a los acusados, sus intereses son otros.

Para finalizar quiero hacer un comentario sobre la reacción desde el periodismo ante el allanamiento de Azul FM, el cual ya mencioné que es una aberración y todo el periodismo tiene claramente el derecho de expresar su preocupación. El allanamiento fue, por información que el propio Álvarez ha expresado públicamente, con el interés de tomar posesión de su teléfono celular, donde tiene información de sus fuentes. Y proteger la anonimidad de sus fuentes es un derecho sagrado del periodista, además reconocido legalmente. Pero han sobrado casos en donde muchos de quienes hoy ponen el grito en el cielo cuestionando una decisión de Fiscalía, han expresado que cualquier cuestionamiento al sistema de justicia sea al Poder Judicial o Fiscalía, es un peligro para las instituciones y debe evitarse. Es una obviedad que esto constituye una ridiculez, a la Justicia siempre se la debe acatar, pero esto no quiere decir que esté libre de crítica, o que criticar alguna decisión judicial ponga en jaque las instituciones, es un absurdo. Pero me pareció curioso que muchos periodistas, por la vía de los hechos, están demostrando creer que las críticas a la Justicia solo son válidas cuando se afecta sus intereses corporativos. Que repito, son legítimos. Pero creo que el doble discurso es evidente.

HUMANIDAD por Fernando Pioli

Pocas cosas son manifestaciones tan claras de nuestra humanidad como la capacidad de cuestionar nuestras acciones, actuales y pasadas, así como las ajenas. Justamente nos parece aborrecible y nos asusta la capacidad de ciertos psicópatas para obviar estas implicaciones y nos parecen gente deforme, que ha perdido algo, pero no algo de su cuerpo como una mano o una pierna, sino que ha perdido algo intangible que es parte de su humanidad.

Nos resulta aborrecible y nos asusta que una persona no comprenda la profundidad del sufrimiento ajeno, así como su felicidad. Nos indigna cuando alguien escribe un mensaje de despedida a un familiar querido en una red social y otra persona le corrige la ortografía, porque, a ver, no es lo importante, no es humano detenerte en la forma cuando el centro está en el plano emocional. Qué falta de humanidad.

Nos resulta aborrecible que se hagan públicos audios íntimos bajo la apariencia de una intención exculpatoria de un delito, cuando estos no logran ese cometido. Cuando alguien trata de zafar de una acusación exponiendo a la víctima, pero especialmente cuando esos audios no demuestran que el delito no ocurrió, sólo son muestra del afán de mortificación del otro. Qué falta de humanidad.

También nos resulta aborrecible que escudados en la libertad de prensa se exhiban estos audios cuando, justamente, no demuestran nada. Particularmente absurdo resulta esto cuando los mismos defensores de esta actitud aseguran “que se mostró un matiz que no conocíamos” y acto seguido se reconoce que ese matiz es irrelevante. Qué falta de humanidad.

La pertinencia del mecanismo judicial de solicitar un allanamiento o recurrir a otra forma de acceso a los materiales de un periodista cuando se está ante un delito es algo que me resulta en segundo plano ante estos hechos. En el primer plano me queda: qué falta de humanidad.

Muñecas rusas y ombligos por Santiago Gutiérrez

Después de una semana cargada de exabruptos sobre eventos despreciables lo más sensato y difícil fue no reaccionar. Evitar sumarse a una marea indetenible de juicios, gritos, intenciones e insultos varios sobre una acumulación de hechos lamentables. Como muñecas rusas, en pocas horas se enfrascaron sobre un caso de violación, un exabrupto, supuesto delito y falta de ética de un periodista, y sobre este último un atropello de la justicia al periodismo per sé.

En esta serie de acontecimientos hay un denominador común: Nadie pensó o calculó más allá de la necesidad típica de esta época de tener la declaración más resonante, dar una supuesta primicia, tener el tuit con más likes o dar con la medida más ejemplarizante posible, aunque todas estas anteriores tengan consecuencias mucho más nefastas y peligrosas que su principal motivación quizás natural: satisfacer el ego del emisor. Todos miraron únicamente su ombligo, seguramente el ombligo menos importante en todo este asunto.

También como muñecas rusas, en distintos niveles, los ombligos de los involucrados pasaron por encima de intimidades varias (de víctimas y victimarios), leyes, la propia libertad de prensa y quizás nuestra Constitución. Todo en unos pocos días y producto de muy pocas personas, pero con muchísimas más enteradas, con mucho mayor lujo de detalle y sesgo del que deberían, por la irresponsabilidad, egoísmo e ignorancia de varios actores que quisieron cumplir un rol que no les corresponde y nadie les adjudicó. El periodismo ilumina donde no entra luz, sí, y es vital, pero en un Estado de Derecho como el nuestro, sólo la Justicia lauda, y luego se sacarán las conclusiones pertinentes.

En una sociedad cualquiera, pero más aún una cercana y compacta como la nuestra, en que los lazos entre pares nos identifican (y nos distinguen), no podemos cometer el pecado capital de poner en el centro del debate público intimidades sin medir consecuencias, violar leyes por violar intimidades y violar otra serie de leyes domésticas y acuerdos internacionales por perseguir el delito que sea.

Aquí se afectó mucho más allá de lo inevitable por la propia vorágine de ver quién grita más alto para ser protagonistas de una historia que no nos pertenece.
Lo que no podemos dejar pasar como comunidad es el aprendizaje de cómo no debemos manejar nunca más estás situaciones. Pasado el tamiz, el mensaje que queda a actuales y futuras víctimas es que no denuncien nunca más. Porque además del proceso judicial, la humillación y tanto, tanto más, su intimidad pasará por muchas esquinas más que la que ocupa el juzgado. Y esa es la única que lauda.

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