¿Un plebiscito contra la usura?

Cabildo Abierto lanzo la recolección de firmas para modificar la constitución estableciendo un tope para el interés de los créditos. La situación de miles de uruguayos como acreedores motivó a este partido a impulsar esta campaña. ¿Es viable que lleguen a las firmas requeridas? ¿Se trata de un nuevo intento de Manini de perfilarse en el escenario político? ¿Qué intereses están detrás de mantener este sistema casi usurario? ¿Hay que reformar la Constitución para esto? ¿Peligra con esta iniciativa el crédito de los uruguayos? ¿Cómo se resuelve la dramática situación de los endeudados?

POLÍTICA Y POLITIQUERÍA por Isabel Viana

Contestar la pregunta de Voces implica referirse dos temas diferentes. El primero es la usura en nuestra sociedad y particularmente en los institutos del Estado. El segundo son las transformaciones en la manera de hacer política.
Creo que la sociedad capitalista en la que vivimos, que se orienta hacia la acumulación y concentración de la riqueza, traducida en el incremento permanente de los capitales en juego, habilita mecanismos monstruosos que hacen de la riqueza un fin en sí misma y no un medio para la vida. Entre los instrumentos para extraer riqueza de las sociedades están los préstamos a intereses abusivos.
No me refiero sólo a las deudas que se generaron en la compra de viviendas modestas al Banco Hipotecario. Me refiero a la poderosa propaganda que ofrece dinero con argumentos terribles como la promesa de la inmediatez de acceso al dinero. Quienes no tienen otra alternativa que recurrir a esos créditos pagan enormes intereses. La probabilidad de que no se puedan pagar las sumas comprometidas es tal que resulta en el alto número de personas en el Clearing por no pago de deudas.
El segundo tema es la aparición del chantaje en el ejercicio de la política. Sería extremadamente valioso que los partidos políticos pudieran cumplir con sus compromisos pre-electorales. Es muy frecuente que no se cumplen en absoluto e incluso, que se adopten posiciones totalmente contrarias a las que figuran en los programas partidarios.
Es lógico que así suceda: participan en el gobierno representantes de diversos grupos políticos, que deben negociar y adecuarse coexistir con pensamientos políticos diversos y a la disponibilidad coyuntural de recursos.
Genera un profundo disgusto que el diálogo político – que debiera tener lugar para optimizar la disposición de recursos – se sustituya por un juego de “si no me votás lo que yo me comprometí, el país se quedará sin Rendición de Cuentas”, lo que es claramente una amenaza al gobierno y pretender forzar soluciones respecto a las que no hay acuerdos.
Constituye otra amenaza el comenzar una campaña tendiente a resolver temas parlamentarios por la vía de un Plebiscito, lo que eleva temas legales a rango constitucional, complejiza el período pre-electoral y, sobre todo, compromete la libertad de optar de quienes votarán, que deberán elegir entre el aumento de sus remuneraciones y sus convicciones políticas.
Personalmente, me avergüenzo del nivel de violencia y agresión que ocurren en ámbitos políticos, en los que los enfrentamientos son parte de la lucha por el acceso al poder en el próximo tiempo político, por quienes, por su condición de parlamentarios, debieran estar comprometidos sólo con la búsqueda de los mejores acuerdos para resolver las graves circunstancias que vive el país.

De acciones y motivaciones por Gonzalo Abella
Cabildo Abierto es la expresión “uruguaya” del fascismo en el siglo XXI. El fascismo ya fue definido en 1934 por Dimitrov como “Dictadura terrorista del capital financiero”. En sentido económico y financiero nuestro estado sufre una dictadura del capital financiero trasnacional, pero no apela por ahora a métodos netamente terroristas contra el pueblo organizado, y por lo tanto no es un estado fascista, aunque a veces se acerca.
Los nostálgicos del terrorismo de Estado se agrupan en Cabildo Abierto. Son el “Plan B” todavía innecesario porque la democracia tutelada funciona. Por ahora este régimen permite la alternancia en el gobierno del Neoliberalismo abierto y de una Socialdemocracia con discurso “de izquierda” pero que no toca el poder de las Trasnacionales. Por ahí, los opresores respiran tranquilos. Pero el “plan B” existe, por las dudas, y no es estrictamente neoliberal. El neoliberalismo (liberalismo puro pero en tiempo de trasnacionales) vende al Estado en pedacitos. La socialdemocracia lo remata más lentamente. El fascismo en cambio necesita la supervivencia de ciertas empresas y recursos del Estado, porque imagina la posibilidad de una coyuntura altamente represiva con protagonismo propio, sin necesidad de intervención extranjera para salvaguardar los intereses trasnacionales. Por eso aplica además una demagogia social, una serie de iniciativas demagógicas, que los diferencie del resto de la otra derecha, mucho más descarnadamente “vendepatria” desde su origen.
Pero una cosa es el vocero y otra diferente el contenido tratado. Los grandes bancos extranjeros con fachada de instituciones de crédito han incurrido en niveles de usura que son indignantes para cualquier ciudadano. Cada ciudadano oriental (excepto los que ya integran dinastías en situación de calle) tiene al menos un familiar condenado por el clearing. Las facilidades que en su momento dio el Contador Astori a la banca privada se hacen sentir ahora duramente.
Sin duda es necesaria una solución a esta pesadilla de deudas impagables. Cabildo Abierto tomó la posta y su proyecto de ley no fue escuchado; pero ahora sale a juntar firmas y logra incomodar a sus socios de coalición, que nunca modificaron las regalías a la banca extranjera, regalías que heredaron del gobierno socialdemócrata anterior. El plebiscito tampoco le sienta bien a los herederos políticos del contador Astori.
Pero el proyecto de Cabildo apunta también a un objetivo secundario: saturar de plebiscitos la oferta electoral, para que el hastío político de la ciudadanía se acentúe. Hay que recordar que un conocido abogado está impulsando un plebiscito para prohibir constitucionalmente los tratados secretos del Estado con empresas privadas, y que este otro plebiscito también se justifica por su contenido. Y todo esto se da cuando el pueblo oriental tiene (mediante otro plebiscito, este sí nacido de los trabajadores organizados) una posibilidad única: recuperar la edad de retiro a los 60, recuperar jubilaciones dignas y eliminar la AFAPs, todo de un plumazo. Este último plebiscito sería una victoria popular abrumadora en un panorama menos complejo, sin este laberinto de proyectos yuxtapuestos. Daría para un debate totalmente transparente. Pero hay que recordar que uno de los objetivos del fascismo siempre es golpear a las organizaciones clasistas y populares, para debilitarlas preventivamente en caso de que las trasnacionales que nos mandan decidan que debe recurrirse al “Plan B”. Y en tanto no pueda poner sus matones en la calle abiertamente, nada mejor que la demagogia social.
Sobre el plebiscito para recuperar una seguridad social solidaria, sin parásitos que lucren con ella, ya están circulando falsos rumores; por ejemplo: que las AFAPS podrían no entregar el dinero acumulado desde el sudor del pueblo trabajador. Este argumento es falso, pero en el laberinto de opciones “referéndicas” no será tan fácil tener el tiempo para explicarlo y muchos pueden asustarse, siguiendo el ejemplo anti obrero de la mayoría de AEBU.
En resumen, más allá de su discurso demagógico, y más allá de sus diferencias con el Neoliberalismo puro, Cabildo es el fascismo, es adversario jurado de todo avance del campo popular organizado. Desde luego, las vacilaciones y las renuncias de la Socialdemocracia, que quiere hacer méritos para volver a gobernar, facilitan a Cabildo vestirse con el ropaje de algunas causas populares; pero su verdadero rostro siempre emerge, más temprano que tarde

Parece inadmisible por Max Sapolinski
La temática del endeudamiento imperante en la población ha venido siendo objeto de preocupación de los distintos actores públicos y de la ciudadanía en general. Los niveles alcanzados obligan a pensar en soluciones que permitan mejorar la situación sin afectar aspectos esenciales en nuestro ordenamiento jurídico.
El cumplimiento de las obligaciones y las certezas jurídicas han sido pilares fundamentales en la historia económica de nuestro país y escudos defensivos para los intentos de aventuras propuestas por diversos agentes financieros en épocas de crisis.
En ese marco, surge la propuesta de reformar la Constitución de la República en procura de brindar nuevos instrumentos para luchar contra la situación planteada.
Me animo a expresar mi apoyo a toda iniciativa que implique modernizar la legislación vinculada a la usura, dotándola de elementos objetivos y técnicos que sustituyan la actual legislación que tiende a establecer que los mismos actores financieros que se pueden beneficiar en los topes de intereses autorizados son los que determinan el límite legal de los mismos.
A ello tiende la modificación propuesta del artículo 52 en la iniciativa de reforma constitucional que está en proceso de recolección de firmas.
Lo verdaderamente preocupante en la iniciativa referida es el contenido de los artículos que engrosarían las disposiciones transitorias de nuestra Carta Magna.
En ellos se procura establecer un interés máximo a regir hasta tanto no entre en vigencia una nueva ley. Me apresuro a expresar que esto parece inadmisible. La tasa de interés no es otra cosa que el precio del dinero. Incorporar a la Constitución la fijación de precios de un producto (aún de la importancia del dinero) parece ir contra todo tipo de sentido común y técnica jurídica. Razonando por el absurdo, imaginemos si motivados por una noble intencionalidad fijáramos constitucionalmente los precios de productos como la leche, el pan o el agua.
Por otro lado, se incorporaría en caso de tener éxito la iniciativa propuesta, la posibilidad de cancelar deudas en determinadas condiciones con una moneda y una tasa distintas a las contraídas al momento de generarse la obligación. De más está decir el daño que una medida de estas generaría a la seriedad de nuestro ordenamiento jurídico y a la estabilidad de todo el sistema financiero que debería generar inmensas pérdidas para cumplir con una disposición retroactiva atentatoria contra los más elementales criterios de transparencia y seguridad jurídica.
En ocasiones, pareciera que la necesidad de mostrar soluciones a distintas problemáticas de la sociedad hace que se dejen de lado aspectos fundamentales del ordenamiento jurídico de la misma que permite la convivencia en el marco de una organización adecuada. La seguridad jurídica, refiere directamente a la certeza y previsibilidad que los individuos y las organizaciones deben tener en relación con las leyes y regulaciones que rigen su comportamiento y actividades. Atentar contra ella lleva al caos y las crisis.
Cuando surgen iniciativas que por más que sean motivadas por sanas intenciones y preocupación por las necesidades de la población, afectan valores fundamentales, es bueno mencionar el pensamiento del Warren Burger, expresidente de la Corte Suprema de Estados Unidos que expresó: “La seguridad jurídica es el cimiento de la justicia y la base de la confianza en cualquier sociedad”.
Confiemos que los impulsos reformistas dejen lugar a soluciones que eviten consecuencias preocupantes e imprevisibles.

Una tarea democrática por Cristina De Armas
“Cabildo Abierto lanzo la recolección de firmas para modificar la Constitución estableciendo un tope para el interés de los créditos.”
Conociendo la situación actual de la mayoría de la población en términos económicos y en especial de crédito sumando el contexto de los últimos años en materia de pobreza y endeudamiento; en una rápida lectura parece lógico estar de acuerdo.
Me permito retirar un concepto para mí de suma importancia y que puede pasar sin ser notado: “Modificar la Constitución”
Muchas veces he pensado que nuestra Constitución debería ser materia de estudio obligatoria desde la edad escolar. Es la columna vertebral del país. “Nación y Soberanía”, “Derechos, Deberes y Garantías”. Impone las reglas de juego de la sociedad, regula el funcionamiento nada menos que de los poderes independientes del Estado; la república lector.
Parece mucho, parece demasiado y parece peligroso querer tocarla a la hora de generar nuevas reglas de carácter administrativo en un sector cambiante en sus reglas como es el financiero. La Constitución es la constante, es lo que permanece, es la guía, es la seguridad en la vida tal cual la conocemos, el país en que vivimos. Permanece, es lo estable, a pesar y a través de todo. Es lo que merece especial cuidado y tenemos costumbre e inteligencia los uruguayos de brindarle esos cuidados a través de gobiernos, partidos y políticos.
Por supuesto; es el juego político que busca sus cucardas, sus trofeos; para la oposición de turno es tirar cargos del oficialismo, cesar ministros en sus funciones, quitar fueros a sus legisladores, probar su corrupción. Para el oficialismo es crear leyes para la posteridad, crear obra, dejar marca y si es posible modificar en algo la gran Ley, la Constitución.
Nos hemos negado como ciudadanía muchas veces.
Es innegable que la propuesta de cabildo Abierto es popular. Es innegable que, a pesar del esfuerzo de sus socios en la coalición de derecha, es Cabildo Abierto quien desde su inicio intenta y parece estar logrando – sobre todo en el interior del país- representar las necesidades de las clases populares compitiendo en ese terreno directamente con la coalición de izquierda.
La idea no es mala, la intención, se entiende, la forma; no es la correcta, no modificando la Constitución. Hay otras formas.
Tiene todo el derecho de intentar lograr lo que busca a través de la democracia directa, esas herramientas democráticas que nos dejó José Batlle y Ordóñez, que de representar a la ciudadanía sabía y mucho. También sabía que a la ciudadanía se le puede guiar hacia muchos caminos, que la política es básicamente la manipulación de la opinión pública y esa es una responsabilidad que Cabildo Abierto aún debe probar si está a la altura.
Es difícil pedir a quien debe, a quien le falta, a quien necesita; que piense más allá de sus necesidades, que piense en el bien mayor. Es la tarea más difícil, más ingrata y más democrática.

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