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Allanamientos nocturnos ¿panacea o demagogia?

Allanamientos nocturnos ¿panacea o demagogia?
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En los últimos días se está insistiendo con la posibilidad de reformar la Constitución para incluir la habilitación de los allanamientos de los hogares en horas de la noche. Recordemos que el año pasado se realizó un plebiscito que incluía este punto y no logro la mayoría del voto ciudadano. ¿Realmente representa un cambio para la seguridad pública esta modificación constitucional? ¿Tendría resultados mensurables esta potencial herramienta? ¿No se pueden cerrar las bocas de día? ¿Es indispensable el ingreso nocturno a una vivienda para encontrar las drogas que se buscan en lugar de dejar el lugar custodiado hasta la salida del sol? ¿Puede considerarse como una limitación de la libertad de la gente permitir el ingreso nocturno de la policía? ¿Se facilita el abuso policial? ¿Es imprescindible para combatir el narcotráfico? ¿Ha dado resultado en otros países? ¿Son el gobierno, y en especial el Ministro Larrañaga, prisioneros de sus insistentes prédicas de campaña electoral?

 

  • Un sagrado inviolable por Mauro Mego

El nuevo gobierno nacional tiene un compromiso con sus votantes. Hizo de la seguridad pública uno de sus principales temas de combate político. Y ciertamente existieron y existen problemas de seguridad, el delito y sus formas también han evolucionado. Cualquier observador honesto sabe que el combate al delito es una tarea difícil, con una inocultable raíz social y económica. Por supuesto que eso no debe servir de excusa para no hacer nada, pero sí a la hora de generar propuestas serias y creíbles que de verdad atiendan los problemas que la sociedad percibe. Uno de esos problemas es el narcotráfico, que ha crecido y se ha complejizado de manera dramática. Ahora bien, el narcotráfico es un problema mayor que las bocas de pasta base, es generalmente una red de complicidades y delitos mucho más amplia y que atraviesa por igual a todos los sectores sociales desde los más altos hasta los más bajos. Nadie puede pensar que las operativas de los narcotraficantes se realizan improvisadamente. El capitalismo también ha generado drogas estratificadas socialmente y tristemente los pobres y marginados son quienes acceden a los peores productos y a las peores redes de consumo.

La fantasía del control total cobró fuerza con la puesta en marcha de este aparente cambio de cultura que significó la nueva gestión de Ministerio, encabezado por quien lideró una cruzada electoral con su propuesta “vivir sin miedo”, con una batería de medidas que la ciudadanía rechazó. Los allanamientos nocturnos son una de ellas y vuelven sobre el tapete con la espectacularidad con la que anuncian su puesta en práctica. Deberíamos preguntarnos qué efectos puede tener esta medida en el combate real al delito en general y al narcotráfico en particular.

En general en los Estados de Derecho, las normas o garantías están dispuestas para limitar procederes que puedan llegar a vulnerar derechos del individuo y de la sociedad en general. Por eso la policía, por ejemplo, tiene un código de procedimiento, tiene derechos para actuar, pero tiene también límites, el manejo de la fuerza pública debe necesariamente tener límites, es siempre un artefacto del que el Estado dispone pero que no puede volverse nunca algo descontrolado. Los allanamientos nocturnos no parecen ser ninguna medida eficaz, más bien parecen correr un velo muy delicado que no debiéramos correr. Yo suelo creer que las Constituciones deben modificarse, es importante que incorporen elementos nuevos para tiempos nuevos, pero también hay fundamentos que las cartas magnas contienen con sabiduría, y que, si uno los explora y estudia, adquieren razón, siempre que uno esté del lado de la democracia y los derechos.

Libertad por seguridad por José Luis Perera

Como tantos otros temas, la discusión no tiene como objetivo el aporte para el esclarecimiento del problema, sino que se parece a una puja por quien es el malo de la película. Y hay opiniones disímiles dentro de la sociedad y dentro de los propios partidos políticos.

Recordemos que, en 2007, cuando se discutió la ley de procedimiento policial, los allanamientos nocturnos fueron el centro de debate entre oficialismo (FA) y oposición. El FA insistió en la necesidad de permitir el accionar policial en horas de la noche, pero los legisladores de la oposición se negaron a votar la redacción primaria alegando que era violatoria de la Constitución.

Si bien el Partido Nacional votó en conjunto el nuevo código, los legisladores nacionalistas discreparon con parte de la normativa que permite que los agentes ingresen a los domicilios sin orden judicial en «casos extremos».

Recordemos también que legisladores frenteamplistas han presentado proyectos en ese sentido.

Hace dos años, cuando la discusión del proyecto “vivir sin miedo” el senador José Mujica explicó que está de acuerdo con los allanamientos nocturnos: «A una boca hay que entrarle de noche, de madrugada y cuando sea», dijo, al igual que el ex presidente Sanguinetti: “A los allanamientos nocturnos los han propuesto en todo el mundo, es importante que el juez tenga esa facultad, es importante no solo para los casos de narcotráfico sino para la violencia doméstica, lo miro con simpatía». 
Hasta ahora el argumento más esgrimido a favor de los allanamientos nocturnos es “la lucha contra el narcotráfico”. Pero combatir el narcotráfico concentrándose en las bocas de venta, es como querer combatir los robos y rapiñas haciendo foco en los reducidores. Una verdadera lucha contra el narcotráfico implica control de fronteras, más inteligencia e investigación, para pescar peces gordos. Para las bocas de venta de drogas, con la tecnología actual, cámaras, drones, escuchas e intervenciones telefónicas, es más que suficiente y menos riesgoso.

Aunque todo el mundo es perfectamente consciente de que tanto la población como la policía saben dónde están ubicadas las llamadas boca de venta de drogas, y solo alcanza hacer un buen trabajo de inteligencia y esperar el primer rayo de sol para que puedan realizarse los allanamientos.

No parece que estemos viviendo una situación tan excepcional que amerite la pérdida de algunas libertades. Pero al parecer la ciudadanía está cada vez más dispuesta a ello: más del 70% de la población estaría a favor, y hay gente de acuerdo en casi todos los partidos.

La paranoia del corona, muestra a las claras lo fanáticos que se vuelven algunos a la hora de trocar libertades a cambio de lo que sea, apenas les agitan un fantasma.

 

¿Afecta calidad de la libertad? por Martin Forischi

Trascendente desde el punto de vista jurídico es la parada fuerte que plantea nuevamente el Ministro Larrañaga, intentar una vez más lograr habilitar los allanamientos nocturnos. La primera letra de la portada fue el Plebiscito de octubre de 2019, donde no fue aprobado, intentándose ahora por el procedimiento que indica el artículo 331 de la Constitución Literal “D”, promoviendo una reforma constitucional por el procedimiento de leyes constitucionales; la misma necesita cumplir para su sanción lograr la mayoría de dos tercios de cada cámara, para luego ser sometida al electorado y ser aprobada por mayoría absoluta de votos emitidos. En definitiva, cumplidas estas exigencias, no se podrá peticionar la inconstitucionalidad de la misma.

Se pretende modificar el artículo 11 de la Constitución; ubicado en la Sección II de Derechos, Deberes y Garantías, este artículo protege el domicilio, dándoles garantías en la noche al individuo y su familia; pero esas garantías que históricamente atesoramos los uruguayos podrían verse modificadas si se lograse cumplir con los requisitos y las condiciones del artículo 331 Lit. “D”.

Esa probable reforma del artículo 11 ¿podría llegar a afectar la calidad de la libertad?

El problema es que la Sección II de la Constitución refleja en su artículo 10 el principio de libertad, principio que entendemos también está protegido en el artículo 11, y si Uruguay tiene una larga tradición protegiendo las libertades, ¿por qué limitarla ahora modificando el artículo 11? Recordemos que los derechos individuales no nacieron con la Constitución uruguaya, sino que los mismos son preexistentes a ella, por lo tanto, no los consagra, sino que protege algo que ya es inherente a la personalidad humana, como los Derechos Humanos de la Primera Generación.

Que sucedería si se habilitaran los allanamientos nocturnos y ocurriese algún error, en el actuar de un funcionario policial, ya que todo lo que hiciese, todo lo que obrase es un hecho que podría generar un error, por ejemplo, si hay poca visibilidad en los alrededores de la finca, y se termina ingresando a una casa equivocada; o la idea de un hecho público autorizado por el Juez, un acto que decreta el allanamiento en un domicilio erróneo, o cometiendo un error inexcusable, grosero.

En estos casos se podrá ir contra el Estado por acto, hecho u omisión administrativa, y en otros por responsabilidad por acto jurisdiccional artículos 24 y 23 de la Constitución. Llevados a la justicia, el que fue allanado erróneamente en la noche, gana.

Todos aquellos que puedan verse afectados por un erróneo allanamiento nocturno, la justicia fallara a favor suyo, porque estos errores se van a dar, y van a generar responsabilidad patrimonial del Estado, por eso no debiera admitirse modificar el artículo 11 de la Constitución que insisto, va contra la tradición constitucional uruguaya que garantiza las libertades individuales.

¡Cerrá esa boca! Por Andrés Copelmayer

La entrada al pasillo de las 6 casitas prefabricadas de 35 mts cuadrados cada una, sitas en Felipe Cardozo 1738 no tenía reja ni alarma. En los 70, no era de uso prevenirse frente a la delincuencia y tal despreocupación abarcaba las viviendas de todos los vecinos de la cuadra. No se temía a los chorros, y no existían copadores ni narcos. El único peligro eran los milicos. Vivíamos en libertad vigilada por el terror a caer en alguna de las continuas redadas. Malvín era considerada uno de los territorios zurdos, semillero de “sediciosos” o ciudadanos catalogados como categoría C por las fuerzas conjuntas, o sea como sospechosos de antipatria.

Por ese pasillo llegaban semanalmente el lechero, el panadero, el verdulero, el diariero, y todo vecino que quisiera pasar a visitar o a pedir un favor. A pesar de todo se seguía cultivando la cultura comunitaria. Festejábamos año nuevo juntos tendiendo mesas en la calle; los 4 vecinos que tenían borne y teléfono lo compartían con el resto; y los gurises pasábamos todo el día en la calle jugando a lo que venga y también compartiendo a Felipe, un perro raza perro vivaracho y bonachón, adoptado por el barrio y bautizado con el nombre de la calle en que vivíamos. Los cumpleaños infantiles eran “lluvia” y sin regalos, donde el glamour gourmet lo ponía Doña Maruja con sus exquisitos palitos de queso y Doña Cata con los super pebetes. El botija que se dormía en la corrida a la mesa sufría embutiéndose las pildoritas caseras, que no eran más que larguísimos panchos trozados. De bajativo bebíamos jugolín, todos, del abuelo al chiquilín. Los adultos nos crearon una vida con fraternidad y amor a pesar de la turbia atmósfera dictatorial. Crecimos atentos a las chanchitas, pero felices.

En la casita 1 vivía Pedro Lerena con su mujer y 2 pequeñas hijas de 7 y 9 años. En mayo de 1975 Pedro desapareció y no volvió nunca más. Ni al barrio, ni a su casa ni a la vida. Todos lo sufrimos, incluido Felipe que en su vuelta del perro hacía la primera parada en la casa de Pedro, porque le gustaba meterse por un agujero del crataegus y jugar en su jardín. Para nosotros los niños, él no era tupa, subversivo ni nada que se parezca. Simplemente era Lerena, el vecino de bigotes, de pocas palabras, que nos levantaba bien alto cuando nos cruzaba en la vereda. La familia movió cielo y tierra para encontrarlo. El silencio asesino de la dictadura, recién habló en setiembre y con ponzoña. Cito textual lo que comunicaron a su madre: “El día 29 de setiembre por la noche una persona llamó a la esposa de mi hijo para decirle que se presentara acompañada en el Hospital Militar a la hora 23. Allí apareció un oficial con dos militares más y me dijo que “Hubo un accidente. Su hijo se ahorcó con una cuerda que Ud. le mandó. No le haga la autopsia que ya está hecha”. No tenía marcas en el cuello ni ningún signo de ahorcamiento. Si varias costillas rotas, quemaduras en brazos, cicatrices en el pecho, piernas y manos, y los testículos calcinados. La causa sigue abierta. En setiembre de 2016 la fiscal Ana María Tellechea pidió el procesamiento de los coroneles retirados Julio Litovsky y Héctor Conrado Lascano por la muerte debido a torturas de Pedro Ricardo Lerena Martinez, ocurrida el 29 de setiembre de 1975 en el Regimiento de Caballería N° 9.

Mis padres mi hermana y yo vivíamos en las casitas 5 y 6. Un año después de la desaparición de Lerena, en Buenos Aires la saña asesina del Plan Cóndor, con participación de agentes uruguayos, asesinó a mansalva a Michelini y Gutierrez Ruiz, privándonos de la empatía, la lucha, la solidaridad y la vida de 2 pujantes defensores de la libertad y excepcionales políticos. Mis padres eran docentes y en el boca a boca, colaboraron con organizar las protestas contra los asesinatos que se preparaba para el entierro de sus cuerpos. El Prof. Garat que trabajaba con mi padre en el Liceo 15, más arribista que fascista, denunció a mis padres y otros colegas e inmediatamente fue premiado con la Dirección del Liceo 20 al que yo asistía. No duré mucho tiempo. A los pocos meses, cursando 3º de Liceo fui bien expulsado del Liceo por el propio Garat. Yo sabía quién era, él registraba mi apellido y arrancó una inexplicable y bizarra guerra fría. Primero me cambió de turno para que coincidiera con él y pudiera tenerme bien controlado. Yo era buen estudiante, pero agitaba a los compañeros contra la autoridad sin medir las consecuencias. Garat me hizo marca personal en los recreos, control minucioso del largo del pelo, selección digitada para asistir obligatoriamente a todo acto de la orientalidad, y continuas amonestaciones. Una tarde pedí salir de clase para ir al baño y estando en pleno meo, escucho pasos rápidos tras de mí y el grito histérico de Garat: “Copelmayer porque no está en clase, que hace acá”. Inmediatamente giré sobre mí mismo y con el pirulín aún en mano, quedé frente a él y le contesté: “meando Sr. Director” mientras las gotas de orín aún restante salpicaban su impoluto traje gris de alpaca. Tiempo después supe que la propia dictadura lo echó por robarse la plata del grupo de viaje de los estudiantes. Perdón por el desvío escatológico, vuelvo al tema que nos convoca. Una semana después de que Garat denunciara como subversivos a mis padres por colaborar con los entierros de Zelmar y el Toba, vivimos la peor noche de nuestras vidas. De madrugada mientras con mi hermana dormíamos en la casita 5, escuchamos gritos, golpes en la puerta y ruido a vidrios rotos. Nos levantamos espantados y en el living nos encontramos con 5 militares vestidos y armados de guerra, que nos exigían decir donde estaban nuestros padres. Se habían equivocado de puerta. Mis padres dormían en la casita 6, y no encontraban la comunicación interna entra ambas viviendas. Siguieron de largo rompiendo todo a su paso, nos dejaron allí llorando, mientras veíamos que por el pasillo se llevaban presos a nuestros padres. Ni mi hermana de 15 años ni yo con 13, recordamos más nada hasta que llegó Milka, la vecina de la casita 2, a rescatarnos. La memoria es cruel y no recuerdo un rostro ni una mirada de los allanadores nocturnos. El vértigo y el pánico nunca nos permitieron construir un relato elaborativo del momento ni de los días posteriores. Era el 6º allanamiento que sufríamos, pero sólo recordamos ese y el llanto de mi padre. Papá luego que lo soltaron, quemó en un tanque de metal los pocos libros “subversivos” que aún tenía encanutados. Sólo rescató la colección de Marcha que aún conservo. Gracias a los contactos de mi abuelo y de los compañeros y amigos, tuvimos la suerte que otros no tuvieron: podemos contarlo. A Larrañaga y todos los defensores de cambiar la Constitución para legalizar los allanamientos nocturnos, les recuerdo que los militares también transformaban aquellos allanamientos en “legales” con orden de Juez y testigos inventados. Expediente que rápidamente usaron para sumariar y expulsar de la docencia a mis dos padres, condenándolos a inventar trabajos ajenos a su vocación para parar la olla.

Es evidente que Larry está sólo. Lo traicionó toda la coalición y el propio Lacalle dándole el Ministerio del Interior sin apoyo alguno. Le digitaron los mandos y ahora son los policías antiguarteche los que mandan. Acorralado por la impotencia de sentirse próximo a convertirse en cadáver político por no poder mostrar ningún resultado acorde a su promesa electoral de erradicar la inseguridad, se aferra a una excusa infantil y anti republicana. Dice que no contar con la herramienta legal de los allanamientos nocturnos le impide “derrotar a las bocas de pasta base que son los brazos del narcotráfico”. El infantilismo de dividir entre día y noche, me recuerda a aquellos padres que no dejaban dormir novias o novios en su casa para mantener la ilusión de que sus hijos no tenían sexo. Desesperado, Larry quiere hacer marketing con los perejiles de la droga. Y hasta en esa minimalista pelea, la propia policía le pasa mala info para dejarlo pegado. En el último operativo realizado en Ciudad Vieja con 34 efectivos, realizaron 10 allanamientos e incautaron, de acuerdo a lo que informó el Ministerio del Interior: 189 gramos de cocaína en piedra, 350 chasquis, pasta base y marihuana (no se precisó cuánto), un revólver calibre 32, 15 cartuchos, $ 9640 y cuatro celulares. También detuvieron a un hombre de 51 años y una mujer de 35. Humo, puro humo. Para rematar este dislate de poner en agenda una reforma polarizante y anti republicana, pretenden hacerla votar junto con las elecciones departamentales y municipales. Más fuego a la grieta y menos reformulación del contrato social para no ocuparse del hambre de la gente y de la pandemia socio económica de la cual sólo podremos salir juntos, con políticas de estado y nuevos paradigmas de lo que significa el quehacer político.

 

El necesario debate por Juan Pablo Grandal

He presenciado el debate en torno a la cuestión de la habilitación de los allanamientos nocturnos, y sinceramente no he sido convencido por ningún bando, si bien me inclino a concordar en que la prohibición de los allanamientos nocturnos es una entelequia propia de un tiempo histórico diferente. El tema es que se insiste en ignorar los problemas de fondo relacionados con la cuestión de la seguridad pública, ofreciendo propuestas que hacen muy poco para ir a los temas estructurales en un bando, y en el otro en insistir con la actitud muy cansadora de agitar cucos relacionados a las fuerzas policiales, cada uno más patético que el anterior. Ya que por lo visto el proyecto de reforma constitucional no va a prosperar en el Parlamento, creo que es importante centrarse en las cuestiones de fondo si queremos afrontar seriamente esta problemática y generar propuestas más transformadoras.

En primer lugar, está claro que las garantías constitucionales que protegen la vida, integridad física y propiedad de los ciudadanos deben defenderse. Sí me preocupa que, desde ciertos sectores políticos, buena parte de la academia y organizaciones privadas (como ONGs) se insiste en una visión muy reduccionista de los derechos de los ciudadanos. Básicamente, que los derechos de un ciudadano son vulnerados exclusivamente cuando el Estado directamente los vulnera. La violencia policial desmedida por lo tanto busca ser evitada a toda costa. Pero poco se dice de los derechos vulnerados a diario por omisión del Estado en cumplir con sus obligaciones constitucionales a resguardar la seguridad interna del Estado. Miles de compatriotas ven sus derechos vulnerados a diario por la violencia ejercida por el crimen organizado, que además vemos que no hace más que recrudecerse y empeorar.

Hay que tener un debate muy serio a nivel de toda la sociedad de por qué esto es así, porque es algo que ni siquiera es discutido. Y es a nivel mundial. El asesinato de George Floyd (brutal, y condenable) generó protestas masivas alrededor del mundo contra la brutalidad policial, pero la muerte de decenas de miles de personas todos los años en los barrios más pobres de las grandes ciudades de los Estados Unidos a manos de bandas de criminales ni siquiera aparece en el debate y solo plantearlo te vuelve receptor de insultos y acusaciones de todo tipo. Pensar que la acción policial tanto allí como aquí es la principal amenaza a los derechos de los ciudadanos, es ser un iluso, o un ideólogo dogmático y demagógico.

Por otra parte, también hay que reflotar una discusión que en este país muchos dicen fue saldada y está muy lejos de ser saldada. Que es la relación entre pobreza (o desigualdad) y delincuencia. Se afirma que, al haber intentado el Frente Amplio en su primer período de gobierno combatir la delincuencia mediante una profundización en las políticas sociales, y fracasado, quizás ese no es el camino a recorrer. Y estoy de acuerdo, en parte: el asistencialismo no es la solución ni al problema de la delincuencia, ni a la pobreza, ni a nada. Lo que este país necesita desesperadamente es un Plan de Desarrollo Productivo Nacional con un fuerte impulso estatal, y romper de una vez por todas con el pensamiento subordinante, impuesto desde los centros de poder global y generalmente felizmente aceptado en nuestra clase política que insiste en mantener a nuestro país en una situación de dependencia económica que hace imposible superar los niveles de marginalidad estructural que existen en nuestra sociedad y que impide que una parte muy importante de nuestro pueblo pueda disfrutar de los derechos establecidos en la misma Constitución de la República, y genera una pobreza estructural de la que para muchos es imposible salir y termina fortalecimiento de estructuras de poder paralelo basadas en el crimen organizado.

Y también, fortalecer aquello que nos une como sociedad y no aquello que nos divide y que hoy tristemente está tan en boga, ya sea por nuestro género, raza, orientación sexual o filiación política. Una sociedad integrada, requiere que veamos a nuestro país como una gran familia, donde se vea al prójimo no como un enemigo sino como un hermano, donde el interés colectivo siempre supere al interés personal, donde no sea aceptable que ninguno de nuestros compatriotas pase necesidades, donde el trabajo dignifique. Quizás esa visión idealizada sea imposible de lograr, pero podemos mejorar mucho, y las sociedades que más se acercan o se supieron acercar (la globalización ha barrido con muchos de los progresos de muchos pueblos en estas cuestiones) a esta visión son las que mejor han logrado lidiar con la problemática de la delincuencia. Es un tema de modelos, debemos debatir en profundidad, y elegir en qué tipo de sociedad queremos vivir y queremos que las futuras generaciones hereden: una comunidad organizada e integrada, o el individualismo radical tendiente a la anomia al que nos dirigimos.

Lacallemanía por Camilo Márquez

El tour mediático del presidente por los medios argentinos ha despertado el entusiasmo de todo el arco conservador de ese país. Entrevistado por un condescendiente Alfredo Leuco, Lacalle desplegó un relato absolutamente fantástico, que los medios opositores a Alberto Fernández presentaron como la antítesis exitosa al autoritarismo kirchnerista o “cristinista”. “Se resistió al confinamiento obligatorio porque no quiso instalar un estado policial” dice el propio Leuco en una columna del diario La Nación recogiendo las palabras de Lacalle. La hipocresía no podría ser mayor. Acabamos de asistir a una aprobación veloz de una ley de urgente consideración que habilita el gatillo fácil y su partido impulsa una reforma constitucional para habilitar los allanamientos nocturnos, prohibidos por la constitución.

El mecanismo elegido para vehiculizarlo sería el de una “ley constitucional” que ya prepara la bancada del principal partido de la coalición de gobierno, el Partido Nacional. Debe pasar primero por la asamblea general donde tiene que ser aprobado por dos tercios de los legisladores de ambas cámaras y luego refrendada por un plebiscito. Como todo el país sabe las fuerzas que constituyen el polo gobernante no tiene los números para que este recurso progrese y tampoco está del todo claro si contaría incluso con el cien por ciento de las bancas de los partidos aliados. ¿Porque la insistencia con una empresa destinada al fracaso ante el primer obstáculo? Según todas las encuestas un porcentaje por arriba de los 60 puntos estaría de acuerdo con habilitar los allanamientos.

El ambiente fue adecuadamente adornado. En medio de estos debates se produjo un atentado contra brigada antidrogas, tiroteos en algunos barrios y ataques a policías que circulaban a todas horas. El clima en el que se dan estos movimientos, digamos, es propicio. Según la prensa la granada arrojada contra la Dirección de Represión de Tráfico Ilícito de Drogas fue ordenada desde el Comcar como advertencia ante varias incautaciones a pequeños narcos. Todo esto resultaba tan conveniente como insostenible. ¿Narcos dando órdenes desde la cárcel? ¿Con la audacia de atacar nada menos que la sede de la policía antidrogas? Para peor, la granada que lanzaron, se supo, era de origen militar. Todo esto es demasiado escandaloso, así que las investigaciones “tomaron otro rumbo”. Apretaron a unos facinerosos que encontraron para la ocasión a los que aún tampoco han podido comprobarles nada.

En pocas palabras, se ha preparado cuidadosamente a la opinión pública para una operación de vasto alcance. Larrañaga se expresa con un acento ridículamente impropio cuando fundamenta la necesidad imperiosa de habilitar los allanamientos nocturnos como antídoto contra la delincuencia en general y el narcotráfico en particular. En Uruguay no opera el cartel de los Beltran-Leyva, todo esto es puro macaneo.

La idea de los sectores macristas de la vecina orilla de que en nuestro país no se impuso una cuarentena obligatoria por el respeto sacrosanto a las libertades es un verso grande como un templo. La nueva estrella de los liberales argentinos está podando esas libertades democráticas y estableciendo poderes discrecionales para la policía, que ahora está habilitada a disparar sobre movilizaciones.

Pero, como todo, el hombre propone y la vida dispone. Es muy evidente que este intento de ir recortando garantías tiene la vista posada en un horizonte político incierto, donde la desocupación y la crisis económica se acentúan. La burguesía se cura en salud.

La Constitución por Cristina De Armas

Muchas veces he pensado que falta en nuestro sistema educativo inculcar el significado y la importancia de nuestra Constitución desde la primea infancia. En sus páginas se encuentra nuestra identidad, la garantía de que las cosas son de una manera y así serán; a menos claro que se intente una reforma; para ese caso nuestros legisladores se preocuparon de que no fuera sencillo. No voy a detallar aquí las condiciones necesarias para su reforma, pero sí diré que hace ya varios períodos de gobierno que, por una causa u otra, se intenta.

En este momento la reforma viene de la mano de los allanamientos nocturnos. El artículo 11 de la Constitución es claro y contundente: “El hogar es un sagrado inviolable. En la noche nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su jefe y de día, sólo con orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley.” El legislador pensó en esto cuando quiso hablar de Derechos, Deberes y “Garantías”.

Los argumentos de los reformistas orientan a la ciudadanía a pensar en la droga, a terminar con el negocio de la droga y por supuesto que es una inquietud de la sociedad en este momento. Las sociedades siempre han tenido inquietudes con respecto al delito porque la delincuencia de un tipo u otro siempre ha existido y probablemente se ha amparado en ese artículo, en el Siglo diecinueve y en el Siglo veinte cambalache donde el que no afanaba era un gil, también. Sin embargo, el artículo 11 permaneció allí.

Dicen los reformistas que sólo en Uruguay y Portugal no existe la posibilidad de ingreso de la policía al hogar en la noche, sin embargo, en el resto del mundo el problema de la droga no se solucionó, por el contrario, la violencia asociada a ella continúa en escalada.

Más allá de estos argumentos simples que se le brindan a la población desde los programas de tv existe el hecho de que se plantean desde una democracia plena, un gobierno democrático. Es imposible saber hoy si en el tiempo por venir eso no cambiará, si no nos encontraremos nosotros, nuestros hijos o nietos viviendo en otras circunstancias. No se legisla para el hoy, se legisla para el futuro y teniendo en cuenta todas las posibilidades. A lo largo de la historia de nuestro país la Constitución ha sido el punto de referencia, aún en los tiempos de enfrentamiento, aún en los gobiernos autoritarios.

El artículo 11 es una garantía para el ciudadano y un freno para el Estado; seguramente en eso, pensó el legislador.

¿El hogar debe ser un sagrado inviolable? Por Rodrigo da Oliveira

En los últimos tiempos, y de la mano de una fallida reforma constitucional, se volvió a discutir la conveniencia o no de habilitar el permitir allanamientos nocturnos, enfocados mayormente en el marco del combate a las drogas. Camino no iniciado ahí, ya durante las administraciones anteriores se había intentado llevar adelante, buscando vericuetos legales que permitieran ingresar a las propiedades con algo más que la autorización de su dueño. La última de ellas fue bajo el argumento de que las bocas de venta de drogas no eran en realidad hogares y que por ende no estarían comprendidas en el precepto constitucional. Norma que además involucra el término «sagrado», consagrando con ello lo que en su momento fueron las iglesias, lugares de refugio para evadidos y prófugos de diversa especie.

Nuestra Constitución de 1830 recoge tal y lo aplica al hogar de las personas, proveyendo seguridades frente al autoritarismo eventual de autoridades inescrupulosas o poco afectas a opiniones contrarias.

La temática involucra mucho más que la simple lucha (fallida, una vez más, aún con esta herramienta legal) contra el narco.

Violencia doméstica y protección de la propiedad privada son otros dos factores de mucho peso para solicitar medidas como la nombrada. ¿A quién debemos encomendar tal tarea, sin desvirtuar el sentido dado por el constitucionalista y que llegó hasta nuestros días? La respuesta surge sola y a ella remite la propuesta presentada: por orden del juez competente.

¿La mala noticia? Donde se ha aplicado no ha llevado a marcar diferencias notorias en las cifras con aquellos pocos lugares donde no existe, como nuestro país.

Surgen mejores resultados en los tres tipos de situación descripta de la acción combativa en lugares de mayor control social que en aquellos donde este es menor. La conjunción de políticas de salud, seguridad, educativas y socioculturales proveen de mejores números en el control de estos elementos desintegradores de la vida en sociedad.

Yendo al principal argumento esbozado, el de las bocas de venta de drogas, confluyen en las calles donde existen mayor profusión de consumidores, violencia callejera, prostitución, hurtos y rapiñas e inseguridad general.

Sería esto suficiente para aplicar sin dudarlo tal política pública. Sin embargo, sólo ha resultado efectiva en un primer momento de ejecución, luego de un par de semanas los delincuentes se adaptan y cambian de lugar rápidamente, agregando así y sin buscarlo un eventual elemento de violencia a la hora de ingresar a las fincas, donde quienes están dentro se defienden a como dé lugar, generando bajas y heridos en las fuerzas de seguridad, entre ellos mismos y entre terceros que nada tienen que ver pero que se ven envueltos en las desbandadas donde es a todo o nada.

Complejo es dar una respuesta satisfactoria al dilema planteado. Desde una óptica netamente liberal, debería dejarse el precepto constitucional tal y como está, reforzando las medidas de control social antedichas y continuar, sobretodo, considerando qué hacer con el combate al narcotráfico, cuyas secuelas se tornan inmanejables para gobierno y sociedad.

El hogar que sea sagrado inviolable, sí. Optimizar recursos, opciones y respuestas, aplicando inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad. Al final del camino, sólo tendremos como galardón último el haber defendido las libertades, una vez más, frente a los eventuales tiranuelos de turno.

Difícil discutir lo esencial por Eduardo Vaz

He leído y escuchado varias opiniones de expertos en la materia, tanto constitucionalistas como sociólogos, políticos y mucha gente común.

Parto de una visión muy negativa de su promotor Larrañaga, su Vivir sin miedo, las políticas promovidas desde su ministerio y lo aprobado en la LUC.

El grueso no va en el sentido de mayores garantías y derechos sino más represión, autoritarismo y restricciones. Con una práctica y discurso revanchistas y negacionistas, que lo llevaron a desplazar a competentes policías, suprimir prácticas positivas del gobierno anterior, esconder dificultades, mostrarse con éxitos que no son tales y el imperdonable desacierto del apoyo a la reinstalación de la placa de homenaje a Víctor Castiglioni, jefe de la tenebrosa policía política del régimen, cuesta pensar con objetividad. ¡Uno reconoce sus prejuicios, pero tampoco le quitemos mérito, él ministro aporta mucho!

Allanamientos:

Son acciones violentas, en general, se corren riesgos grandes ante la presencia de infantes y gente muy mayor. Los vecinos directos pueden quedar expuestos en la oscuridad y el vecindario convulsionado. Los propios agentes son mucho más vulnerables y el fuego amigo no es una novedad. Es decir, no se tomen como un paseo al parque, tienen riesgos altos para mucha gente.

Los errores suelen darse, como acaba de ocurrir en San José, donde irrumpieron en una casa equivocada y se violentó innecesaria y groseramente a una familia que dormía.

Ahora, si se trata de un caso de violencia doméstica nocturna donde el jefe de hogar está golpeando a su esposa, ¿se debe esperar hasta el primer rayo de sol? Porque la Constitución no admite excepciones: si el jefe de hogar no autoriza no entra nadie, con o sin orden judicial.

Día y noche: me ha convencido el Dr. Martín Risso, de quien tomo el ejemplo anterior: allanamientos solo con orden judicial. Saquemos la excepción de la noche de la Constitución y, digo yo, agreguemos una reglamentación clara: protocolo del procedimiento con cámaras go-pro de los participantes y todos los cuidados que se puedan tener en este tipo de acciones.

Se hacen en todo el mundo y debe haber mucha experiencia acumulada aquí y allá para tomar. Bien podría ser un acuerdo entre todos los partidos para contar con una norma moderna, garantista y efectiva.

Plebiscito de Octubre: su fracaso no es obstáculo para analizar en concreto este punto. No hay ningún impedimento jurídico al respecto. Las consideraciones sobre la legitimidad de replantear uno de los puntos derrotados son políticas. Ya lo hicieron el FA y varias organizaciones sociales luego de perder el voto rosado en 2009. Que se busquen todos los caminos para aprobar las normas que un partido político entiende justas, una y otra vez, en el marco de la Constitución y las leyes, no es objetable por ningún lado.

Es la mala utilización partidaria, absolutamente sesgada y tendenciosa, que Larrañaga y la derecha han hecho de la seguridad, el principal obstáculo para pensar el tema como política de estado. Es un problema acuciante que merece toda nuestra atención y medidas concretas. El querer pegarlo a las departamentales va en igual sentido, de lo contrario, se hubiese propuesto en otro momento.

Seguridad humana: en una situación de violencia muy grande en 1972, la mayoría de los partidos colorado y blanco aprobaron la Ley de Seguridad del Estado desatando demonios que devoraron la democracia incluidos sus sectores democráticos –otros fueron parte de la dictadura-. Es una gran lección histórica y, si bien estamos en otro contexto bien diferente, no debería dejar de considerarse: la mala utilización del miedo y la alternativa de la seguridad pública como garantía exclusiva de vivir en paz y solución de los problemas sociales, es más grave que lo que se pretende resolver.

El enfoque de seguridad humana que la propia ONU promueve hace algunos años, es una mirada superadora que pone en el foco a la persona y no al estado o la nación, que se preocupa de la seguridad ciudadana, la alimentaria, la sanitaria, la social, la de género, la racial y el conjunto de factores que permiten una vida personal y colectiva segura.

Colaterales: mientras se siga la práctica perniciosa de meter plebiscitos y referendos junto a las elecciones presidenciales o departamentales para ganar votos, sin debatir cada tema en un ambiente propicio a la deliberación ciudadana, informada y sin la vocinglería publicitaria, será harto difícil discutir lo esencial. La iniciativa para el 27/9 repite, otra vez, el error.

De paso, con medios digitales de votación, bien podría desplegarse un sistema seguro y rápido de consultas populares sin tantos gastos y que mejoraran la democracia deliberativa y participativa.

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