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¿Quién rompe? ¿Quién paga? Por Luis Nieto

¿Quién rompe? ¿Quién paga?  Por Luis Nieto
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La idea de que pague quien rompe es de las más sencillas, sin dudas se trata de un concepto de justicia, que debería guiar las acciones de quienes administran la vida de la sociedad. Pero en Uruguay cuesta encontrar la sencillez en los procedimientos, ¿para qué, si la podemos hacer complicada?

¿Por qué, por ejemplo, un coche que está circulando por calles y carreteras desde 1975 no paga patente, mientras un coche  moderno, con un muy bajo índice de contaminación paga, por año, alrededor de un 10% de su valor? Debería ser al contrario, ¿verdad? ¿Qué se busca premiar con la exoneración de la patente de rodados a los coches más antiguos? ¿La ineficiencia en la combustión, el mayor consumo de combustible? Obviamente, uno de los puntos en que se pone más atención es en la cantidad de kilómetros que se puede recorrer a igual cantidad de combustible. Da la impresión que el objetivo es premiar a aquellos coches que más litros de combustible compran a la única refinería con que cuenta el país. Es un poco retorcido, claro, pero no se entiende fácilmente el sentido que se le ha dado al impuesto.

La patente de rodados ha sido un dolor de cabeza para gobernantes departamentales, en especial para aquellos cuyos presupuestos se basan mayoritariamente en la patente de rodados. Durante años cada intendencia se dedicó a atraer a habitantes de otros departamentos con empadronamientos baratos. Esto, que se le llamó “la guerra de las patentes”, trajo una distorsión importante en la relación entre las distintas administraciones locales, que se quejaron amargamente por esta especie de juego sucio por parte de sus colegas. Si un ciudadano que vive en un departamento A, y utiliza sus calles, paga su patente en el departamento B, donde no reside, ¿debe sentirse culpable por causarle un perjuicio a su departamento, o simplemente satisfecho de aprovechar la falta de acuerdo entre las distintas administraciones locales?

Haría mal ir en contra de sus propios intereses. Si su gobierno local no es capaz de acertar en la mejor solución, ¿por qué debería esforzarse en ser un buen chico y pagar donde le cobran más? ¿Por qué el ciudadano debería sentirse como un delincuente, y transitar por calles laterales para esquivar los lugares donde los inspectores, arman sus celadas para cazar infractores? No es su culpa que quienes fueron elegidos para solucionar problemas acaben complicando más su vida.

Durante la presidencia de Mujica, éste encontró una fórmula para acabar con la huelga de las patentes. ¿En qué consistió el milagro? En crear un Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares, que básicamente no solucionaba el problema del pago racional de la patente, en un sentido conveniente para el propietario de un vehículo, pero que sí daba la impresión de que las intendencias se ponían de acuerdo en emparejar los precios, de manera que desaparecía uno de los problemas que hacía que aquel ciudadano de la Intendencia A fuese a empadronar su coche en la Intendencia B.

Pero eso no hizo que bajase la morosidad en el cobro de la patente, que era el verdadero problema. A lo sumo, tras la apariencia de ser un sistema moderno y amigable con el contribuyente, sólo permitió que desaparecieran los departamentos santuario. El sistema está conectado en todo el país, perfeccionándose la persecución al infractor. Pero ni así. La morosidad sigue siendo alta porque la propia morosidad empuja los precios de las patentes hacia arriba. La distorsión no va a desaparecer, no había tal milagro, sólo un reacomodo provisorio de los problemas que llevan a dejar de pagar una cuota, luego otra, y de ese círculo no se puede salir.

¿Por qué quienes tienen que solucionarle al ciudadano los problemas muestran tan poca imaginación? ¿Bajar el precio de las patentes de los coches viejos es algún tipo de solución? Si tiene alguna apariencia de justo será, sólo, en el sentido social, y pensando en que un coche viejo es más accesible. Puede ser, pero al precio de agregar más basura a la atmósfera.

Aceptando que deba haber algún tipo de beneficio para los propietarios de coches antiguos, de bajo precio, el país no ha solucionado ni la morosidad ni que se le haga fácil al ciudadano. Se intenta, de tanto en tanto, vaciar la papelera de los morosos, mediante amnistías pero no funciona, la morosidad no disminuye. El tema vuelve a estar sobre la mesa, la intendencia de Montevideo, por ejemplo, se opone a que se amnistíe.

Vamos a ver… Si es más justo que pague más el que rompe más, el cobro de la patente se tendría que ejecutar lo más cerca posible del sitio donde circula el vehículo, no sólo donde vive el propietario. Algunas veces se ha mencionado que sería mejor que la patente estuviese incluida en el precio del combustible. ¿Por qué no? Porque el combustible está lleno de impuestos encubiertos que lo ponen al límite de lo que se pueda soportar. Pero la patente hay que pagarla, de todas maneras, incluida en el precio del combustible o por separado.

En principio dolería otro aumento en el precio de los combustibles, es cierto, pero tendría la virtud de que no habría escape para los morosos. Nadie se podría escapar de una patente ligada al precio del combustible. Al menos tendría esa virtud, a beneficio de la DGI, y la comodidad para el propietario del vehículo, que aparecería de a poco, a medida que se fuera adaptando al nuevo sistema. La desaparición de la morosidad tendría que repercutir a la baja en el precio de la patente. Entonces, tendría dos ventajas claras el cobro de la patente en el consumo de combustible. Una a favor del Estado, otra a favor del contribuyente

Pero hay un problema para adoptar un nuevo sistema en torno a las patentes: Es un recurso departamental. La patente es el principal recurso financiero con que cuentan las intendencias para funcionar. ¿Puede solucionarse este contratiempo legal?

Tal vez tenga un costo, porque si las estaciones de servicio se transforman en agentes de retención de impuestos departamentales deberán administrar ese capital recaudado y volcarlo  a la tesorería de las intendencias. Eso tiene un costo pero las ventajas podrían compensarlo. En principio desaparecería la patente, como concepto, y sería, en realidad, en un impuesto de circulación vehicular, que se paga allí por donde se circula.

Por supuesto, hay soluciones para el ciudadano que están funcionando bien, esto de la patente no está en ese grupo, está funcionando muy mal y nadie parece verlo. Al cambiar tan radicalmente el sistema de cobro de las patentes es posible que se produzcan algunos desajustes en lo que perciben actualmente algunas intendencias, que habría que atender, pero en el largo plazo parece ser la única forma de terminar con la morosidad a la vez de ayudar al ciudadano simplificando el pago de sus obligaciones y hasta provocando una baja en el precio de los combustibles, en la medida que desaparezca la morosidad.

Este país tiene la costumbre de tratar al ciudadano como un súbdito no como un ciudadano. El gobernante acaba comportándose como un virrey no como un servidor público. Cuando es más que evidente que algo está fallando, como el cobro de las patentes, estaría bueno que al ciudadano lo sorprendieran con soluciones, podría ser una forma de sentirse como tal.