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Un contrato muy desigual

Un contrato muy desigual
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Cuando le preguntaron a José Mujica si estaba dispuesto a debatir con los otros candidatos en el período preelectoral, él contestó, con mucha sinceridad, que lo hacía si le convenía. En esa breve respuesta cabe todo el fracaso del sistema de la democracia representativa uruguaya, porque si se le pregunta a un ciudadano si va a ir a votar, responderá que está obligado a ir. Una flagrante asimetría entre representantes y representados.

¿Debería ser regulado el debate preelectoral, como forma de retribuir la confianza que los ciudadanos le confieren al gobernante? Regular quiere decir abdicar de una prerrogativa. ¿Puede un candidato adjudicarse esa prerrogativa, mientras el ciudadano está obligado hasta mediante multas a cumplir con lo que le impone el sistema electoral uruguayo? Desde el momento que se emite el voto, en los hechos, no hay marcha atrás, será difícil deshacer el contrato a mitad de un gobierno.  Si los partidos políticos, que aspiran a gobernar, no son capaces de subsanar esa falta de simetría entre el sistema político y la ciudadanía entonces, quizás, sería mejor estudiar la necesidad de que los ciudadanos exijan que los debates sean obligatorios, del mismo modo que lo es el voto.

En España acaban de celebrarse unas elecciones cruciales, porque, entre otros temas, estaba presente el independentismo catalán. A diferencia de Uruguay, el voto ciudadano no es obligatorio, pero los espacios que cada partido tiene asegurados para emitir su propaganda sí lo están. Y si bien los debates en sí no son obligatorios, los recursos y los espacios con el fin de acceder a la ciudadanía sí lo están. Tanto los gastos en la televisión pública como en la privada están contemplados en los fondos que regula la Junta Electoral Central. Y a pesar de lo riesgoso que podía ser para quien cometiera un error en la recta final hacia las elecciones de este año, los cuatro partidos con representación parlamentaria acudieron a los dos debates preelectorales.

Los candidatos de los cuatro partidos se tuvieron que ver cara a cara en el plató de Televisión Española y, al día siguiente, en el de Atresmedia. Todo a dos días de las elecciones. Las posibilidades de cometer un error frente a la audiencia récord que los estaba analizando en eran iguales a las de provocar un error al adversario. Cada partido hizo sus pronósticos y preparó cada una de las dos comparecencias bajo el consejo de asesores curtidos en muchas elecciones. Quien gobierna, sobre todo ante un escenario de crisis, como la tendencia independentista en Cataluña, es el que más arriesga. ¿Y cuál fue el resultado de ese riesgo? ¿Quién ganó, quién perdió el día de las elecciones?

El que más escaños ganó fue Vox, un joven partido, definido de ultraderecha, a juzgar por su programa de gobierno, que sólo prometía mano dura, frenar la inmigración africana y permitir el uso de armas. Vox no pudo estar en el debate televisado por no tener representación en el Parlamento Español. Venía sí de tener una muy buena performance en las elecciones regionales andaluzas, y tras las elecciones, sin haber participado en el debate, hoy cuenta con 24 diputados. Al menos a Vox no lo perjudicó no haber participado en el debate televisado.

El blanco de todas las críticas, en cualquiera de las dos comparecencias, fue el PSOE, el partido que circunstancialmente ocupaba el gobierno tras la dimisión del presidente Rajoy como consecuencia de la crisis catalana. Ninguno de los analistas valoró con claridad que Pedro Sánchez tuvo la virtud de aguantar el chaparrón de los otros tres candidatos, demostró un dominio claro sobre su comparecencia. ¿Y qué pasó? El PSOE consiguió la mayoría absoluta en el Senado, con 121 escaños en 231, y en Diputados obtuvo una mayoría cómoda de 123 escaños, que le da varias opciones para formar gobierna, hasta en solitario.

¿En qué benefició al Partido Popular el debate preelectoral? Según los resultados, en nada. Perdió casi la mitad de su electorado. Los analistas habían anotado un buen desempeño de su candidato, Pablo Casado, durante el debate, pero eso no fue lo que dijeron las urnas. Sufrió una derrota que puede ser catastrófica, si se toma en cuenta que Ciudadanos, que le disputa el centro derecha, viene teniendo un crecimiento consistente.

Los miedos de los partidos que se postulan no siempre están basados en un riesgo real frente a los adversarios electorales. El ciudadano que cambia su voto, o lo reafirma no se basa sólo en la apariencia de un debate, pero puede hacer una lectura distinta, más epidérmica, tal vez, que la de un analista profesional. Los resultados de las recientes elecciones españolas permiten esa lectura. ¿Y qué hubiera pasado de no haber debate?

Jesús Maraña, en su blog Infolibre opina: “Para la ciudadanía, los debates electorales forman parte de su derecho a la información. Aunque a menudo se olvide, ese derecho fundamental no pertenece a los políticos ni a los periodistas ni a los medios, sino a los ciudadanos. Sobre esta premisa, el resultado de los debates entre los candidatos durante la campaña del 28-A exige algunas reflexiones con un solo objetivo: evitar que los votantes sigamos siendo tratados como menores de edad.”

Si un candidato no está en condiciones de salir bien de un debate frente a los representantes de los demás partidos que se disputan cargos de gobierno, y la cantidad de escaños con qué defender la gestión, entonces, seguramente, tendrá debilidades que van a aflorar en una u otra instancia. Palpar su temple y percibir el grado de conocimiento y convicción en un escenario, seguramente, estresante, es un derecho del ciudadano, sobre todo del ciudadano que no se deja arriar como ganado.

Si los partidos políticos se empeñan en no comprender esta cuestión entonces será mejor imponérselo al sistema, de la misma manera que el sistema le impone obligaciones al votante. Perder ese derecho puede ser mucho más perjudicial de lo que nos hacen creer se pierde con el cuco del “circo mediático”.

 

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