Así no, ministra por Ignacio Martínez

La empresa donde trabaja el señor Juan Alzugaray, esposo de la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, se ha visto beneficiada porque la ministra exoneró del pago del IVA e IRAE a la empresa Lanafil S.A. de la cual él es directivo de las más altas jerarquías.
La resolución está bien clara y lleva la firma de Arbeleche. Pero veamos qué dice la Ley 19823 en su Declaración de Interés General del Código de Ética de la Función Pública en su Título I, Capítulo III, Artículo 31 de Prohibiciones: “Queda prohibido a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentren vinculados profesional, laboral o familiarmente o mediante cualquier otro vínculo del cual pueda derivar un conflicto entre el interés público y el privado”.
De esta manera colijo que la resolución de exoneración firmada por la ministra Arbeleche está absolutamente prohibida por la Ley, es ilegal, y sienta un precedente peligroso como mensaje de permisividad ante la corrupción. Dicha exoneración libera de impuestos a la empresa citada para adquirir equipamientos y vehículos. El monto de dicho beneficio ronda el millón de dólares para las inversiones realizadas por Lanafil S.A. entre agosto de 2020 y julio de 2023.
No cabe dudas que estamos ante una colisión entre el interés público y el privado, entre la gestión como ministra y funcionaria pública, y el interés de su familia, su esposo, y la empresa privada directamente relacionada con ellos.
Desde estas páginas creemos que la JUTEP debe proceder. Su cometido como Junta de Transparencia y Ética Pública es la de echar luz sobre situaciones nubosas, vidriosas y cuestionables, que resiente la imprescindible cristalinidad de la función pública, particularmente cuando se trata de los más altos niveles, en este caso, del Poder Ejecutivo.
Claro que, mirando alrededor de la gestión de la ministra, ella sigue beneficiando a los poderosos, a los “malla oro”. Basta entender lo que se quiere hacer con los impuestos para ver que, el IVA, que toca a toda la población del país, en su momento ella eliminó el beneficio de 2 puntos menos que habíamos logrado en los gobiernos frenteamplistas. Ahora rebaja el IASS y el IRAE beneficiando únicamente al 20% de la población más acaudalada.
Esta es la realidad. Más allá de los discursos engorrosos de entender, entre cifras, encuestas y porcentajes, nosotros, desde aquí abajo, sentimos la carestía, la fragilidad de nuestros sueldos y jubilaciones, y los permanentes beneficios que reciben las minorías poderosas. Si es por sequías, beneficios. Si es por inundaciones, beneficios. Si es por las dudas, beneficios. Algunos beneficios están bien otros…
El Uruguay nos pega en los ojos con más gente durmiendo en la calle o pidiendo puerta a puerta, con más violencia que llega a fronteras brutales, con más opacidades en la gestión del gobierno y con una coalición cuyo único fin fue quitar del gobierno al Frente Amplio, pero que muestra fisuras por todos los costados, demostrando fragilidades e ineptitudes para gobernar. La verdad golpea. La reforma de la seguridad social es únicamente una reforma jubilatoria que no toca a los ya beneficiados (la caja militar, por ejemplo) y perjudica a los trabajadores y al pueblo.
La ministra debe reconsiderar su actitud. Ah, pero para el senador suplente Sebastián da Silva, ella “tiene talla presidencial”. Cada uno mide las tallas con los altímetros o cintas métricas que quiera, pero la ministra debería comenzar por dejar sin efecto su propia resolución ilegal que beneficia a su esposo. Esa sería una actitud altruista, más allá de tallas y estaturas.

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