¿Corrupción a destajo?

La situación en Artigas dio el batacazo mediático de la semana. La información era conocida desde el año pasado, pero los dirigentes del partido Nacional miraron para el costado, hasta que falló la Justicia. Y ahí no era posible ignorar lo sucedido. ¿Se debe esperar a que la Justicia actúe para tomar medidas políticas? ¿Pesa más lo electoral que la ética? ¿Pesa la ética? ¿Deben ser expulsados los corruptos de los partidos? ¿Afectará al partido Nacional este nuevo escándalo en la campaña? ¿La renuncia al partido liquida toda la situación? ¿Son muy livianas las penas para los corruptos? ¿Deben responder con sus bienes los políticos que malversaron fondos públicos?
Crisis de valores por Martha Valfre

En la situación de marras hay dos aspectos que, si bien no están directamente conectados, lo jurídico sí pesa o debiera hacerlo sobre lo político. Cada vez que una figura política con independencia del cargo que detente, se ve involucrado en circunstancias que apuntan a corrupción debiera procederse con cautela a efectos de salvaguardar la credibilidad de los ciudadanos en la política y los políticos. Nadie pone en tela de juicio el sagrado principio de inocencia, pero entiendo que la vara debe ponerse un poco más alta en personas que manejan los destinos del país, el departamento o los ciudadanos. Dicho esto, entiendo que habiendo un proceso judicial y una sentencia de condena las personas en cuestión deberían, más allá de los elementos puntuales de que la sentencia implique o no inhabilitación, auto excluirse de participar en instancias políticas en pro de la ética que debiera regir su conducta, la salud de su propio partido y del sistema en general. Desafortunadamente la crisis de valores que afecta a toda la sociedad está llegando también a las esferas políticas lo que a criterio de quien suscribe representa un severo riesgo, ya que parecería más importante el fin que los medios. Entiendo además que la ética debe más que nunca guiar la conducta de aquellos que aspirar a ocupar cargos que marquen el destino y futuro de nuestro país y esto no se liquida con una simple renuncia, que es una “salida fácil”. Comprendo además que todo jerarca que haga mal uso de los dineros públicos debe sin lugar a duda reintegrarlo y responder por los daños causados en su gestión. Finalmente, y no menos importante no con cierto dolor entiendo que esto perjudica a toda la coalición republicana y debiera esta actuar prontamente para tratar de paliar las consecuencias.

Los estoicos y la corrupción en Artigas por Oscar Licandro

En la década de 1950 mi mamá ingresó a la administración pública luego que mi abuelo paterno, colorado de toda la vida, hiciera gestiones con un alto dirigente de ese partido. Mi mamá era blanca y siguió votando al Partido Nacional. Nadie sintió que estuviera cometiendo un acto moralmente reprobable. Recurrir a un político para conseguir un empleo público, tramitar una jubilación, conseguir una línea telefónica o algún otro favor era algo socialmente aceptado. El clientelismo era una práctica aceptada, y formaba parte de los instrumentos que los políticos tenían para competir por los votos. Los ciudadanos se beneficiaban de ello y, por lo general, devolvían el favor con su voto (salvo mi mamá). Uruguay había construido un estado fuerte y rico, paternalista y protector, entre cuyas funciones se incluía el dar empleos, regalar jubilaciones y hacerle fácil la vida a sus ciudadanos mediante esos “mecanismos informales”. Los dirigentes políticos, nacionales y locales, ubicados en el vértice de la jerarquía partidaria o en sus niveles medios, todos ellos eran vistos por los ciudadanos como un canal legítimo a través del cual satisfacer necesidades. El clientelismo aceitaba el funcionamiento de la democracia.
Hay una constante en el funcionamiento de las instituciones. Siempre que una discrecionalidad institucional se instala, justificada o no, quienes disponen de ella no tardan en empezar a utilizarla en función de sus intereses personales. Así, el clientelismo dio lugar al nepotismo. Y el nepotismo dio lugar al robo y la corrupción. Es una ley de hierro que se cumple en el estado, las empresas, los sindicados, los clubes de fútbol y hasta en las comisiones que administran los edificios (Francella dixit). El clientelismo abrió las puertas a prácticas de nepotismo y corrupción, que pudren la política y generan la desconfianza de los ciudadanos hacia los partidos y los políticos. Esto es veneno para la democracia. Si queremos saber cómo termina esta historia, alcanza con cruzar el Río de la Plata: décadas de nepotismo y corrupción llevados a extremos inimaginables destruyeron la democracia. ¡Pensar que hay quienes todavía se muestran sorprendidos por el arrasador triunfo de Miley!
Cuando los militares decidieron hacerse con el poder, a comienzos de los 70, sus líderes argumentaron en razones morales el golpe de estado. Ellos, mesías puros y desinteresados, habían llegado para liberar al país de los políticos, corruptos e inmorales, responsables de todos los males. Su acción paradigmática, de la cual se mostraron muy orgullosos, fue meter a Jorge Batlle a la cárcel, basados en una falsa acusación de corrupción. Pero la ley de hierro también se cumplió con ellos: rápidamente llenaron la administración pública de familiares y amigos. Y si hubo casos de corrupción, la ausencia de libertad de prensa y la inexistencia de una Justicia independiente impidieron conocerlo.
En el 85 volvió la democracia, y con ella muchos de los políticos formados en el clientelismo y el nepotismo. Recuerdo una experiencia personal. Durante el primer gobierno colorado post dictadura, el Estado vendió a particulares la vieja cárcel de Punta Carretas. Unos pocos años después, asistí a una reunión con los directores del centro comercial que se construiría en ese predio. Yo era un joven sociólogo, que se iniciaba en la interesante actividad de la investigación de mercados. Grande fue mi sorpresa cuando, entre los directores de la nueva empresa, se encontraba el ministro que había vendido el emblemático edificio. Otros no tuvieron la misma habilidad para pasar desapercibidos. Casos renombrados, como el llamado Cangrejo Rojo o el caso del Banco Pan de Azúcar, fueron protagonizados por políticos menos “hábiles”, que resultaron descubiertos.
El año 2004 fue testigo de un hecho histórico: por primera vez la izquierda ganaba las elecciones. Se iniciaba una nueva época. Los nuevos inquilinos del Poder Ejecutivo llegaban para solucionar todos los problemas del país. La euforia refundacional incluía la eliminación del clientelismo y la corrupción. La izquierda, que siempre se jactó de su superioridad moral y el desinterés personal de sus dirigentes, por fin tendría la oportunidad de erradicar esos males. Había llegado el antídoto para el veneno. Pero, los hechos parecían dar la razón a los antiguos estoicos, quienes sostenían la teoría del “eterno retorno”: la historia no hace otra cosa más que repetirse. Siempre se vuelve al principio, y de nuevo a empezar. Al igual que los militares en los 70, la izquierda llegaba para refundar un estado moralmente puro; sin los políticos corruptos de siempre. Pero tampoco lo hizo.
El FA había tenido su primera experiencia de corrupción durante su segundo gobierno departamental: el “caso Areán”. Ya en esa época el FA había mostrado cuál sería su forma de manejar este tipo de asuntos. El caso pasó al tribunal de ética, pero éste fue impedido de sancionar al infractor. Dos prestigiosos dirigentes del FA renunciaron a ese tribunal. Durante sus 15 años de gobierno nacional, el clientelismo, el nepotismo (¿se acuerdan del amigovio de la hija de una ministra?) y la corrupción (el Pato Celeste hacía negocios desde la Torre Ejecutiva, mucho más arriba del cuarto piso) campearon a sus anchas. La respuesta institucional del FA fue siempre la misma: negar, ocultar, proteger. Es decir, hacer lo que antes habían hecho los viejos partidos fundacionales y los militares.
Y así llegamos al presente: los tratos oscuros con proveedores en el Ministerio de Turismo, las viviendas para militantes del partido de la señora ministra, Salto Grande…Y ahora, la Intendencia de Artigas. Los gobiernos departamentales siempre se han prestado para operar como feudos partidarios. Quienes ahora señalan con su dedo acusador los hechos de corrupción en Artigas olvidan que, en paralelo, las prácticas inmorales también ocurrían en los tres gobiernos departamentales del FA. El intendente de Salto regalaba terrenos a cambio de militancia. El intendente de Canelones compraba, con cargos y contrataciones, a dirigentes medios de otros partidos. Y la intendenta de Montevideo, contumaz usuaria de los recursos públicos para financiar su soñada (y por ahora frustrada) carrera hacia la Torre Ejecutiva, colocaba en la Intendencia a decenas de militantes y aliados políticos.
Al parecer, la historia vuelve a repetirse. Las creencias de los antiguos estoicos parecen verificarse. Pero, no. Algo está cambiando. Por primera vez en décadas, un partido y un presidente sancionan a todos quienes incurren en inmoralidades y actos de corrupción, grandes o chicos. Ya no se barre debajo de alfombra. Ya no se acusa de hacer bulling a quienes denuncian. Ya no se ven títulos que no existen. En esta nueva etapa, el ministro de turismo, la ministra de vivienda y el presidente de la comisión administradora de la represa hidroeléctrica rápidamente fueron removidos. El mejor ejemplo de este cambio son los usos indebidos de los servicios del hospital policial, por parte de jerarcas del Ministerio del Interior. En este gobierno, el número tres del Ministerio del Interior y el director del departamento de Convivencia Ciudadana renunciaron por ese tipo de usos. Uno de ellos lo hizo por iniciativa propia, luego de haber realizado una simple consulta médica. Mientras tanto, al jerarca y a la esposa del ministro del último gobierno del FA, quienes utilizaron sistemáticamente todo tipo de servicios de ese hospital durante años, no se les mueve un pelo. El FA mira para el costado y calla.
Cuando ocurrió el caso Areán, el FA anunció cuál sería su forma de manejar la corrupción de los suyos. También, antes de ser presidente, Lacalle Pou anunció cómo la manejaría. Cuando el integrante blanco del directorio de AFE pagó con dineros públicos un almuerzo en el restorán de su esposa, Lacalle Pou lo hizo renunciar. En el caso que hoy nos ocupa, el presidente no puede sancionar porque no tiene injerencia en los asuntos departamentales. Pero su partido, que responde a su liderazgo, sí tiene las potestades para hacerlo. Y lo ha hecho. Por primera vez en la historia política del Uruguay un partido político se toma en serio el comportamiento moral de sus integrantes. Si bien en el PN quedan muchas cosas para corregir, esto es un comienzo. Ojalá el FA cambie su forma de actuar frente a estos asuntos. Así tendremos una mejor democracia y podremos demostrar a los estoicos que estaban equivocados.

Juicio y castigo por Miguel Manzi
Aburridísimo el tema de la semana. ¿No está todo dicho sobre corrupción? ¿No vociferamos todos hasta quedar roncos cada vez que salta un episodio como el de Artigas? ¿No condenamos unánimemente al dirigente infiel? ¿No recordamos el prontuario de los otros cada vez que delinque uno de los nuestros? ¿Qué se puede agregar a lo ya dicho? De repente se podría reclamar menos hipocresía y menos oportunismo. A todos y muy particularmente a los moralistas. Sucede que, por fortuna, la corrupción es una cuestión penal, no moral. En el ámbito privado, podemos darnos el lujo de tachar a otra persona por sospechas más o menos fundadas o por testimonios de terceros que reputamos confiables. «Este es un jodedor»; entonces no lo invito más a los asados, o no hago más negocios, o no dejo que mi hijo vaya a jugar a su casa. Pero en el ámbito público el itinerario es distinto: consulta a las figuras establecidas en el Código Penal, pasa por las garantías del debido proceso, y termina, si el juez encuentra mérito, en una condena también pública. ¿Se debe esperar a que la Justicia actúe para tomar medidas políticas? Tratándose de delitos previstos en el Código Penal, POR SUPUESTO, salvo flagrancia. Es lo que distingue a un Estado de derecho de una satrapía. ¿Pesa la ética en la política? Tanto como pesa en la sociedad de que se trate; la política no transcurre adentro de un tupper, ni los políticos son marcianos. Y admítase que los ciudadanos no reaccionan con unánime condena ante los actos de corrupción, ni sus conductas personales se apegan unánimemente a las prescripciones de la integridad. Más bien daría la impresión de que por encima y por debajo de ciertos límites imprecisos, la corrupción no es condenable, no ofende la moral convencional, sino que encuentra justificaciones convincentes para una buena porción de la opinión pública. La compra sin pagar el IVA, la coima al funcionario para mover un expediente o para evitar una multa, la enfermedad simulada para no ir a trabajar, mentir para obtener un beneficio del Estado, tantísimos ejemplos más; o en dimensión general, la naturalización de una moral colectiva devaluada (“Que vivan -los políticos- pero que dejen vivir”; «Si lo hacen todos, ¿por qué yo no?»). ¿Afectará al Partido Nacional este nuevo escándalo en la campaña? Yo creo que lo que afecta es la acumulación: pone a la gente de mal humor. Decí que del otro lado están Placeres, Lorenzo, Calloia, Sendic, De León, Cendoya, Bengoa, la regasificadora, PLUNA, AFE, el ANTEL Arena, y todo lo que saldrá del recientísimo libro de Martín Natalevich «Petro diplomacia – Valijas, negocios y otras historias del chavismo y Uruguay», que todavía no leí, pero que me contaron…

Corrupción por Isabel Viana
No existe un individuo corrupto: tanto el que ofrece como el que acepta, el que soborna y el que acepta la coima, el que amenaza y el que se deja prepotear, son una sola figura, que se recorta sobre un paisaje humano de sistemas de poder ejercido sin barreras éticas.

Por corrupción se entiende la acción y efecto de corromper o corromperse, con el sentido de proceso de putrefacción y descomposición, términos aplicables a la masa social. Implica deterioro de valores y de usos y costumbres, con acciones como deshonestidad, depravación, perversión, vicio, prostitución.

Las sociedades se organizan en estados y crean instituciones con la finalidad (teórica) de conducir a sus ciudadanos a mejores niveles de calidad de vida. El único interés de los que asumen las tareas de gobierno debe ser hacer por el bien público. En los vínculos entre corruptos predomina el interés privado sobre el público: desde dentro del Estado, usando la vincularidad privada o relaciones mafiosas de dependencia entre personas y funcionarios, se generan todo tipo de artimañas, violatorias de la legalidad, para apoderarse o insertarse en estructuras de poder o crear sistemas que permitan canalizar bienes materiales o inmateriales públicos o privados hacia el grupo de corruptos.

Suele categorizarse como corruptas a personas empoderadas y se piensa que con sólo apartarlas del lugar en que ejercen está resuelto el problema. Ellos sólo son la cabeza visible de complejos constructos sociales no instituidos. Tramas de amistad, de sometimiento, de intereses cruzados, de pertenencia a pandillas, ligan entre sí a personas que responden a mandos verticales, empoderados, ya sea en los órdenes político, económico, religioso, etc. Son verdaderos grupos de manejo del poder, frecuentemente armados, que no vacilan en usar la violencia interpersonal para lograr sus fines.
Es corrupta la estafa a la cosa pública. Se ha generalizado como precaución ante la posible acción de la ley, el trasladar la mayor cantidad posible de dinero fraudulento al extranjero, a los llamados paraísos fiscales, que reciben fortunas en “dinero negro”, como si fuera natural. Es corrupto aceptar porcentajes del dinero manejado en actuaciones públicas o privadas: como los porcentajes que reciben tomadores de decisión y técnicos responsables del control de operaciones por dejar pasar o apoyar opciones indeseables para el bien común.
Hay corrupción a niveles interestatales que se produce en los niveles más altos del gobierno. Se la ve generalmente relacionada con los gobiernos de facto. También hay corrupción en las relaciones entre individuos como los pequeños favores que alteran la vida cotidiana: te permito llegar tarde, callo el que te vi copiar en un examen, no te denuncio por un robo menor en una librería. Les llamamos “gauchadas”, y son puertas a tolerar disfunciones mayores.
En el caso del Intendente Caram, los corruptos son muchos: a los cuatro encarcelados que constituyen la cúpula (Pablo Caram, Valentina dos Santos, Pablo Caram y Stefani Severo), hay que sumar a todos los funcionarios que, con jerarquía institucional inferior y superiora ellos, tuvieron conocimiento de la estafa y no la denunciaron; a los jerarcas del partido político del Intendente que estuvieron en conocimiento de los hechos y no actuaron desde dentro de las estructuras partidarias; a quienes pagaron y a quienes cobraron dineros por horas extras imposibles; a quienes supieron y no denunciaron por razones de amiguismo o ventaja política… entre otros.
Hoy es el Poder Judicial el que identifica y pena a los culpables que debieron ser frenados por el propio poder político.
La corrupción se corrige con dos herramientas principales: la transparencia, que implica la prohibición absoluta de contratos “secretos”, particularmente en ámbitos de gobierno y la sanción IMPLACABLE E IMPOSTERGABLE a quienes toman esos caminos para enriquecerse o afianzar o prolongar su poder.
Todavía se nos considera uno de los únicos dos países de Iberoamérica relativamente libres de corrupción. Esa calificación tiene alto valor y que podamos seguir portando esa bandera depende de la seriedad y severidad de las medidas sancionatorias y preventivas que se tomen.

La caridad bien entendida empieza por el clan por Benjamín Nahoum
Hace pocas semanas, el Parlamento discutió por enésima vez la posibilidad de imponer el sistema de concurso para el ingreso de funcionarios a las intendencias departamentales, que ya está establecido en otros ámbitos del Estado por distintas disposiciones. Por enésima vez, la iniciativa naufragó, porque de acuerdo a lo que estipula la Constitución de la República, para establecer esa norma se requieren mayorías especiales, y la clave de esas mayorías la tiene el Partido Nacional (PN), y sus diez votos senaturiales fueron negativos. En efecto, el casi bicentenario partido político, que por su escaso respaldo parlamentario debe unirse con otros para llevar adelante su programa económico neoliberal (por ejemplo: la reforma del sistema jubilatorio, que hace recaer los desfinanciamientos del mismo en los trabajadores y los pasivos), tiene en cambio los votos suficientes para impedir que el parlamento haga cosas que no convienen a sus intereses o a los de sus mandantes.

El senador y ex intendente Sergio Botana, hoy vocero del PN, fue de los pocos que defendió el sorprendente voto negativo del proyecto, que fue congelado hasta la próxima legislatura (y quién sabe por cuanto tiempo más, si las mayorías y minorías parlamentarias no cambian radicalmente) y, aplicando aquello de que la mejor defensa es un buen ataque, acusó a los legisladores que impulsaban la transparencia y la equidad en los ingresos a la administración pública de pensar con cabeza capitalina y no comprender cómo pasan las cosas en el interior. Botana, en cambio, sí sabe cómo pasan algunas cosas en algunas intendencias del interior: no en balde fue intendente de un departamento que se gobernaba desde una estancia y del cual fue antecesor de Botana, el inefable Saviniano “Nano” Pérez.

Otro que sabe cómo pasan las cosas, en particular en Artigas, es un correligionario de Botana: el hasta hace pocos días intendente del departamento del norte, Pablo Caram, habitué como protagonista de los cuplés de muchas murgas, por la generosidad con que ubicó a casi toda su familia en la intendencia de la que era máxima autoridad. Claro, eso no se puede hacer por concurso, así no pasan las cosas, se necesita que el jerarca tenga total libertad de colocar a parientes, amigos y parientes de los amigos.

Pero la cuestión no es sólo colocar a los integrantes del clan: también hay que remunerarlos con generosidad, y si son parientes, ni hablar. Por eso al principio no extrañó demasiado el monto que cobraba, cuando circuló en redes sociales el facsímil del recibo de sueldo de la funcionaria municipal artiguense Stefani Severo, que además es la pareja de Rodolfo Caram, primo de don Pablo y por entonces secretario general de la intendencia. Pero cuando se empezaron a precisar los conceptos por los cuales percibía ese monto, resultó que a Stefani se le habían pagado 53 horas en días feriados en diciembre 2022, que tendría que haber hecho el día de Navidad, el único de diciembre con ese carácter, que sólo tiene 24 horas, durante las cuales las intendencias permanecen cerradas.

Tirando de ese hilo se llegó a que esa era la punta del iceberg de todo un sistema fraudulento para regalarle dinero municipal a parientes y amigos, y por eso fueron cayendo el secretario, el intendente, y la intendenta en las sombras, que resultó ser la diputada por Artigas Valentina Dos Santos, que todos allí saben que manda en la intendencia más que su tío el intendente.

¿Todo esto es cierto, todas estas personas son culpables de estos fraudes? Es lo que dice la justicia, pero, más importante aún, es lo que dicen ellos mismos, puesto que aceptaron sus culpas en el juzgado para obtener rebajas en las penas.

Cuando estas cosas se naturalizan, cuando manejar el dinero público como si fuera propio se vuelve costumbre, la gente empieza a descreer primero de los políticos, después de la política, y finalmente de la democracia. Y ése es el caldo de cultivo de los Milei, de los Bolsonaro, de los Trump.

El candidato a presidente del Partido Nacional, el Dr. Álvaro Delgado, manifestó al conocerse estos hechos que tenía un «sentimiento personal muy triste, amargo» por la ´irregularidad´ en la Intendencia de Artigas” (“El Observador”, 18/7/24), lo que muestra que se trata de una persona sensible, aunque no tanto como para llamarla delito y no irregularidad. Pero no alcanza con sentirse triste: se necesita que quienes tienen poder no hagan estas cosas y no dejen a otros hacerlas. Todavía está muy fresco el caso de otro intendente del mismo partido, el de Colonia, Carlos Moreira, expulsado del PN por ofrecer dádivas a cambio de favores sexuales, luego reenganchado y finalmente vuelto a figura preminente de su colectividad política. ¿Será ese, también, el camino de los integrantes del clan Caram?

¿Cómo domina la clase dominante? Por Roberto Elissalde

Con ese título se tradujo y se dio a conocer en lengua castellana en los años 70 el libro del sueco Göran Therborn, que analizaba el funcionamiento de los “aparatos de Estado” y el poder estatal a lo largo de la historia de la Humanidad. Más cerca, en 2005, el uruguayo Álvaro Rico escribió “Cómo nos domina la clase gobernante”, desentrañando los mecanismos discursivos e institucionales de los poderosos uruguayos.

Apuesto mi devolución del Fonasa completa a que ningún miembro de la familia extendida Caram los leyó. Sin embargo, es seguro que sí respiraron el método desde hace años. Lo olieron primero, sabiendo de las prácticas de otros animales superiores en la pirámide trófica. Después intuyeron los hilos secretos que unían las prácticas clientelares de sus antecesores del otro partido hasta que pasaron a vivir de esos conocimientos. Los respiraron, los asimilaron y los sudaron.

La escalera del poder en varias zonas del país empieza por el cargo de edil. Una persona promete bloques o chapas o trabajos en la intendencia y muchos le creen. Aquellos que logran llegar (en Artigas un edil “cuesta” unos 2 mil votos) empiezan por asegurar sus votantes. Negocian lugares de trabajo u otros beneficios para quienes hayan manifestado de forma visible su compromiso con el afortunado candidato. Artigas y Salto, casualmente, tienen los más altos índices de desocupación del país y de empleo informal. Que una persona influyente con la Intendencia sepa quiénes somos y qué votamos puede cambiarnos la vida.

Pero para que ese compromiso con el líder se mantenga, el trabajo tiene que ser inseguro, depender de la voluntad de quien ocupa la intendencia. Zafral, ligado a que las fidelidades se mantengan visibles y que no haya desvíos. Clubes que digan “Amigos del doctor X”, con fotos visibles y que organicen asados en períodos pre-electorales, casi garantizan un beneficio.

Pablo Caram, fue elegido en 2015 para sustituir a una intendenta frenteamplista. En 2020 fue reelegido con más de 34 mil votos, siendo el candidato a intendente más votado en la historia del departamento. Su forma de hacer política no es casualidad; es un modelo que se aplica en varios lugares y que ha demostrado ser exitoso.

Lo único grave que pasa en Artigas no es que el Intendente y su familia robaran sin límite. Lo grave es que pensaran que eso era lo normal y que la gente, los artiguenses, eran los últimos jueces. Los que dependían de sus favores los iban a defender en las urnas. Una vez que habían logrado manejar los resortes de la dominación dentro del departamento, ¿qué tenían que venir a meterse estos de otros lados, con leyes que no salen de Artigas?

La excusa de la autonomía de las intendencias, garantizada por la Constitución de la República, ha servido para la eliminación de los derechos y para facilitar el trabajo a algunos delincuentes confesos, como Pablo Caram. Este año los legisladores tuvieron la oportunidad, a instancias del senador colorado Adrián Peña, de poner fin a este cebo de la dominación. El Frente Amplio, entretenido en disputas internas de consecuencias gigantes, no aprovechó la oportunidad de preguntarle a todos los uruguayos si esta forma de entender la “autonomía” era correcta. Hoy hay voces que proponen volver a exigir por ley que el ingreso a la función pública se haga por sorteo o concurso. Esperemos que al menos esta vez no podamos hacernos los distraídos y dejemos escrito que esta forma de dominar a la gente no es correcta y debe desaparecer.

¿Son todos iguales? por Leonardo Trujillo

Siempre he escuchado decir: «los políticos son todos iguales». Sin embargo, al observar el contexto actual y los niveles de corrupción detectados y comprobados, comparándolos con períodos de gobierno anteriores (posteriores a la dictadura), la conclusión es que NO, no todos son iguales. Generalizar de esta forma termina beneficiando a algunos.
La discusión que se plantea es sobre «quién es más corrupto» o «quién ha cometido más actos de corrupción», desviando la atención de la raíz del problema.
La ética se posiciona después de lo legal; mientras algo sea legal, parece que todo está bien. Que una práctica sea ilegítima pero legal es aceptado por los ricos o los que tienen poder, aunque sea moralmente inaceptable para los “ciudadanos comunes”.
Hemos sido testigos de cambios en nuestro sistema legal que parecen favorecer a un sector de la población frente a otros. Una asociación para delinquir que se apropia de 8 millones de dólares de dineros públicos termina teniendo penas más leves que alguien que roba unos auriculares o que vende brownies canábicos (para algunos, unos días de limpiar plazas y para otros, cárcel efectiva por años).
¿Desde qué pedestal moral puede un líder de un sector político juzgar las acciones de otro, cuando, por ejemplo, se ha refugiado en los fueros para no ser juzgado, o pretende integrar el parlamento para evitar un juicio por los mismos fueros? ¿Cómo alguien puede hablar de promesas incumplidas, cuando figura en listas de deudores incobrables en entidades financieras?
En nuestro país existe la ley 19.823, el “código de ética en la función pública”. Leyéndolo ahora y en este contexto, parece un gran cómic de ficción.
¿Qué va a pasar en Artigas en las próximas elecciones? Esa película ya la vimos en Colonia:
El 19/10/2019, El País titulaba: “Fulminante reacción de los blancos: se disponen a expulsar a Carlos Moreira”. Ante la divulgación de dos audios donde el intendente de Colonia, Carlos Moreira, da a entender que pide sexo a cambio de la renovación de una pasantía, la Comisión de Ética del Partido Nacional analizará su expulsión.
Y el 18/09/2020, 180.com titulaba: “El pueblo de Colonia dio el veredicto final: Moreira por cuarta vez intendente”. Carlos Moreira fue reelecto intendente en Colonia, a pesar del escándalo desatado por los audios en los que supuestamente ofrecía becas a cambio de favores sexuales.
¿Se renuncia por ética y se perdona por el resultado legal?
Cabe preguntar si por estos hechos de corrupción un partido político, o un combo, pueden llegar a perder las elecciones, o si estos hechos que “han pasado toda la vida” pasan a ser intrascendentes frente a los problemas de inseguridad, el desempleo y la situación económica.
El cinismo imperante en los discursos políticos es la carta que se está jugando para ganar votos, sumado al descreimiento en la actividad política y el desinterés mostrado. ¿Mejor defensa que esta?

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