De la hipocresía al caradurismo por Hoenir Sarthou

¿Cuál es la diferencia entre la hipocresía y el descaro?
Es obvia. El hipócrita quiere y -si puede- hace lo indebido, fingiendo querer y hacer lo correcto. El descarado no. El descarado hace lo indebido sin molestarse siquiera en fingir otra cosa.
¿Es mejor uno que el otro?
No sabría decirlo. Tal vez, sólo tal vez, la hipocresía mantiene la apariencia de que hay valores que merecen existir, aunque el hipócrita no los respete ni los aplique. Es aquello de “La hipocresía es el homenaje que el vicio le rinde a la virtud”.
El descaro, en cambio, emite el mensaje contrario: ningún valor merece respeto ni atención. El descarado sigue su gusto o interés -o los de aquellos a quienes sirve- sin preocuparse por aparentar ninguna virtud.
Estoy pensando en la ya absurda postura del gobierno en materia de hidrógeno “verde” y de todos los contratos y compromisos que se están firmando o contrayendo en secreto, en relación con el agua, la energía, la salud (tratado de la OMS), con las vías de transporte marítimo, fluvial y ferroviario, etc.
Estábamos acostumbrados a que los gobiernos mintieran y escondieran información sobre temas urticantes en que su gestión quedaría mal parada si fuera conocida por los uruguayos.
Lo nuevo es que el gobierno declare directamente secretos o confidenciales no sólo a los contratos en curso de negociación, cosa que ya es mala, sino también a contratos firmados hace años, como el de Pfizer, o la postura de Uruguay ante el tratado de la OMS, o aspectos del proyecto Neptuno, que nos proveerá de agua salada, y ahora, la más reciente sorpresa, el memorándum de entendimiento para la producción de hidrógeno “verde” en Paysandú, también declarado confidencial.
El mensaje es claro: “vamos a comprometer con empresas extranjeras decisiones respecto a tu salud personal, a la salud pública, al agua que vas a tomar, a los ríos, al acuífero, a la producción nacional y al medio ambiente, pero no te vamos a informar sobre esos compromisos, porque, si te informáramos, podríamos perjudicar a la empresa contratante y poner en riesgo el contrato.
Suena grotesco, ¿no? Sin embargo, eso es lo que está pasando. El gobierno ya no sólo escamotea información, sino que, cuando se investiga y se le exige, declara la confidencialidad del asunto y bloquea toda información sobre cierto tema.
Pasó hace tres años, cuando se firmó el contrato con Pfizer, contrato que sigue siendo secreto hasta ahora. Volvió a pasar hace pocos meses, cuando se discutía en la OMS el tratado de prevención de pandemias, y se dispuso la confidencialidad de las negociaciones durante quince años. Y pasa ahora con el memorándum de entendimiento firmado con la empresa HIF Global para la producción hidrógeno “verde” y metanol en Paysandú, memorándum que ya compromete a Uruguay y cuyo contenido se mantiene “confidencial”, incluso después de haber anunciado la suscripción del documento con bombos y platillos.
¿Qué ocurre cuando un gobierno asume como normal y usual establecer compromisos sobre áreas vitales del País y decirles a los habitantes que no tienen derecho a saber qué fue lo comprometido? Es decir, qué recursos se entregarán, cuánto dinero se pagará, qué retornos tendrá el país y qué efectos sociales y territoriales nos aparejará.
Bueno, esa es la distancia que media entre la hipocresía y el caradurismo.
Cuando alguien miente u oculta lo hecho con recursos públicos, es socialmente muy malo. Pero, cuando además te dice en la cara que no piensa rendirte ninguna cuenta de lo que hizo, es aun peor.
Es peor porque ya se está poniendo en entredicho un presupuesto esencial de la vida democrática: el de que la sociedad, los ciudadanos que la integran, son quienes deciden sobre lo que se hace en su territorio y con sus recursos naturales y económicos.
¿Cómo puede una sociedad decidir sobre algo si se le niega en la cara el derecho a enterarse de lo que se está decidiendo?
De modo que este caradurismo oficial, que amenaza con convertirse en política de Estado, no sólo nos está enajenando el agua, la salud y la economía, sino que además está destruyendo las bases mismas de una sociedad libre y democrática.
La democracia y el Estado de derecho no sólo están en riesgo cuando se las amenaza con armas y con violencia. Están en riesgo cuando se ignoran con descaro sus presupuestos esenciales, como lo es el derecho-deber de los ciudadanos de conocer las acciones de sus gobernantes con recursos vitales que son de todos.
No encuentro una manera más eficaz de señalar la gravedad de lo que está ocurriendo.
Cada vez que se declara confidencial un asunto público, cada vez que un ministerio o un ente público niega información sobre sus decisiones, cada vez que hay que ir a los juzgados a reclamarla, cada vez que el Estado se resiste a entregarla incluso ante el juzgado, no sólo se está jugando con recursos materiales de la sociedad. Se está jugando con las bases de una convivencia pacífica y democrática.
Muchos de los gobernantes saben muy bien a qué me refiero.
Es de esperar que tengan la sensatez de no destruir también esas bases mínimas de convivencia.
Porque son de esas cosas que no tienen repuesto.

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