La inseguridad en Uruguay por Ignacio Martínez

Abordar los asuntos de seguridad ciudadana y de cárceles no puede hacerse echando culpas a la administración anterior porque, sencillamente, los problemas vienen desde lejos y están aquí y ahora y nos compete a todos en calidad de gobierno y de oposición. Tampoco debemos hacerlo con charlatanería y titulares que no dicen nada, tales como “esto es un asunto estructural” o “tengo más preguntas que respuestas” o “es un asunto presupuestal”. Está claro que debemos abordar el tema con la humildad de reconocer que hay cosas que se hicieron bien y se deberán ahondar; otras que se hicieron más y se tendrán que corregir, y otras que no se hicieron y se deben asumir y hacerse. A su vez hay que tratar los temas desde una óptica jurídica, social y humanitaria en beneficio de todos nosotros y del detenido y su recuperación.

Tenemos que agarrar el toro por las guampas, hablar claro y hacer propuestas concretas.

Las políticas contra la delincuencia, en líneas generales, fracasaron dentro y fuera de las cárceles. Desde el Ministerio del Interior, Bonomi no pudo llevar adelante lo que pretendía, Larrañaga no avanzó significativamente en lo que prometió y Heber no está transitando por un sendero de transformaciones de fondo. Juan Miguel Petit, Comisionado Parlamentario Penitenciario, deberá abocarse a trabajar en equipo por soluciones concretas para el más amplio espectro de problemas. Este es un tema nacional que debemos abordar entre todos.

Veamos algunas de esas solucione. No vamos a explayarnos en mil datos y porcentajes. Solo diremos que las cárceles superpobladas hoy, son escuelas del delito que ya no toleran el número de presos que las habitan. Podrán bajar algunas cifras de delitos y está bien, pero subirán rápidamente. Cuando el detenido entra a la cárcel, lo primero que tenemos que pensar es en qué condiciones va a salir.

En las cárceles debemos tender a propuestas colectivas básicas: condiciones de vida aceptables, sin hacinamiento, con la mayor higiene, con asistencia médica para toda la población, con tratamiento aceptable por parte de los carceleros, con propuestas de trabajo concretas, con  adquisición de oficios específicos y de educación general, con deporte intensivo, con trabajo remunerado con aporte al BPS, con autogestión del propio establecimiento en lo relacionado con la limpieza, el mantenimiento, las reparaciones, las construcciones, los espacios comunes, las celdas. Cárceles con talleres de trabajo, carpinterías, confección de ropa, calzado, huertas, envasados y todo lo que pueda generar trabajo, ingresos y nuevas perspectivas de vida. Trabajos comunitarios fuera de la cárcel en beneficio de la sociedad: plazas, jardines, aseo urbano, playas, construcción, entre otros.

En lo individual debemos garantizar la atención psicológica y psiquiátrica, atención específica a las adicciones, identificación de las características de cada recluso para separar bandas, aislar violentos, hacer del lugar una micro sociedad donde cada uno ocupe un lugar reconocido por los demás. Desde las cárceles no se deben organizar bandas delictivas operando ni adentro ni afuera, ni manejar celulares. Desde la justicia no debe quedar la idea de que caés hoy y salís mañana y que un pesado, responsable de miles de quilos de droga, es condenado a reclusión domiciliaria. Dime cuántos ricos delincuentes se absuelven y te diré qué calidad de justicia tienes.

Se debe hacer un trabajo “pico a pico” con cada detenido y con su entorno familiar. El detenido no debe salir e integrarse a los mismos lugares que lo formaron en la delincuencia. Tampoco debe ser condenado a una “libertad” para vivir en la calle.

¿En qué marco general debemos trabajar estos temas? En atacar a los grandes fabricantes y traficantes de la droga. En ejercer los más estrictos controles en las zonas más conflictivas. En sanear al máximo a la propia policía, dotándola de los mejores jerarcas y las mejores condiciones de trabajo. En coordinar esfuerzos entre el Ministerio del Interior, el MIDES, el INAU, el MSP, dotándolos del presupuesto necesario para el gasto justo y la inversión acertada. El éxito de las políticas sociales de un país se mide en la cantidad de pobres que tiene, y en la cantidad de presos que ostenta.

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