En Guatemala, Bernardo Arévalo juró como presidente y Karin Herrera como vice -a pesar de unas diez horas de atraso-en la madrugada del lunes 15 de enero; son la fórmula del Movimiento Semilla que triunfó en un balotaje.
Con la consigna de combatir todas las acciones de corrupción en que están envueltos personajes que integraron administraciones pasadas y hasta las máximas autoridades del país que recibe, Arévalo -nacido en Montevideo en el exilio de su padre-, ya como
presidente proclamó un “Nunca más el autoritarismo” y afirmó que “El pueblo de Guatemala ha demostrado su sabiduría, e instituciones como la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal
Supremo Electoral han protegido el deseo soberano de los guatemaltecos de vivir en democracia”.
Desde hace un año, la vieja oligarquía sintió que el líder de Semilla y candidato presidencial (con una intención de voto menor al 8%) podría conseguir algunos diputados que exhibieran su contubernio con las organizaciones narcotraficantes, procuraron descarrilar a sus promotores y al propio Arévalo. La elección de agosto de 2023 resultó en un gran sobresalto para esa oligarquía que cambió los planes haciéndolo por un pedido de nulidad electoral, equivalente a un golpe de Estado, y directamente a uno de esta categoría. Por el momento, cuando se consiguió que se juramentara el nuevo Congreso, recién se dieron temporalmente por terminados estos movimientos anticonstitucionales.
Es del caso recordar que mientras Consuelo Porras fue nombrada Fiscal de la Nación (MP) por el presidente de la República
(reelecta por Giammattei para un segundo periodo) no puede ser destituida por esa ni ninguna otra autoridad hasta el fin de su gestión, en mayo de 2025.
Menos de un mes de ejercicio del gobierno es un tiempo demasiado breve como para emitir juicios acerca del comportamiento de la nueva administración. Sin embargo, para un análisis más profundo habrá de tenerse en cuenta que más de tres millones de guatemaltecos viven fuera de su país (fundamentalmente en EEUU); que las grandes presiones migratorias en el sur estadunidense son encabezadas por originarios de esa nación; que figura en los planes comerciales de Wall Street la apertura de una vía Pacífico-Caribe independiente del Canal de Panamá y de la ferroviaria de Tehuantepec
(México); además, teniendo presente que este año habrá elecciones federales en EEUU.
Por su parte, Arévalo consiguió el público apoyo de la Casa Blanca y la OEA, parte de la UE y países americanos en su aspiración de
llegar a la presidencia, además de una primera ayuda de 400 millones de dólares de EEUU para combatir pobreza
(claro, intentando evitar torrentes migratorios) y desempleo, y futuras “ayudas”.
En el país, la ascensión a la presidencia fue sostenida por una amplia movilización de sus votantes, organizaciones populares, mestizos e indígenas, pese a que en la escogencia de su gabinete -donde destaca una amplia representación femenina- hubo designaciones de algunos “técnicos”, no partidistas pero
ligados con sectores empresariales.
En tanto la Asociación El Observador se hace eco de la siguiente versión: “Arévalo también habría respondido a “sugerencias” de EEUU para no acercarse a expresiones de izquierda y mantenerse en el «centro» del espectro político, lo cual incluyó, además, alejarse de las Autoridades Indígenas y Ancestrales que le han dado su respaldo” y se mantienen vigilantes.
En tanto, los individuos más beligerantes (proto golpistas) contra las actuales autoridades conformaron un Pacto de Impunidad y Corrupción: El Observador indica que “el uso abusivo del MP y el espaldarazo de una Corte de Constitucionalidad cooptada por intereses de dicho pacto”, son las armas principales para un eventual golpe de Estado.
Unos 2,200 km. al sur, en línea recta entre capitales nacionales, está Ecuador, donde el 8 de enero de este año, el
presidente (por año y medio) Daniel Noboa emitió el Decreto de Conflicto Armado Interno por 60 días corridos, que puede ser ampliado por igual término, una sola vez.
Las impugnaciones ciudadanas acerca de la connivencia de sectores del Ejecutivo, el Congreso y partes importantes
de la policía, las fuerzas armadas y los responsables carcelarios con el crimen organizado, sustentadas en un clima de
violencia creciente, comenzaron ya en el periodo presidencial de Lenín Moreno (2017-2021) y se continuaron en el de su
sucesor, Guillermo Lasso. Los dos presidentes citados introdujeron a Ecuador en una práctica política neoliberal, obteniendo un destacado repudio a las autoridades que «atrapó» a Lasso, no sólo por la brutal represión del movimiento popular y de las corrientes indígenas sino por el andamiaje que armó su cuñado (en 2021/22) para defraudar al Estado -bautizado originalmente como “Caso El Gran Padrino”, que no era otro que el presidente de la República. La precisión de la investigación periodística (rebautizada como “Caso Encuentro”) llegó al Legislativo dispuesto a iniciar juicio político al presidente: todo acabó con el cierre del Congreso, el alejamiento de Lasso, la elección del joven Noboa (nacido en Miami) y el inicio de su mandato.
El descenso en la violencia carcelaria, la caída en la criminalidad general, ambos como consecuencia de la aparición en calles
y penales de una fuerza armada, disuadió a la delincuencia de todo tipo, y les permitió actuar con base en un Estado que en periodo de excepción no acata las normas relativas a derechos humanos fundamentales. Se está ante el caso del preámbulo de un
factible encumbramiento de Noboa y el inicio de su precampaña para el siguiente período. Sin embargo, hay que pensar que
quienes se han beneficiado de un Estado para-delincuencial o de un narco-Estado tienen tiempo más allá de una lid electoral,
por lo que si hoy son capaces de esperar volverán a controlar los resortes de una nación que ya ofrece facilidades para el lavado
al tener al dólar como su signo monetario.
Mientras, la “porosidad” colombo-ecuatoriana en Las Esmeraldas permite al narco abastecer a sus clientes de EEUU y UE.
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